En cuanto al actual bono social eléctrico existe consenso sobre su ineficacia
La pobreza energética, a pesar de ser un drama que afecta en sus diferentes grados a cinco millones de personas, se caracteriza por su invisibilidad, aunque el reciente fallecimiento de una anciana en un incendio provocado por unas velas, al encontrarse sin luz por el corte de suministro por impago, la haya situado en primer plano de la actualidad.
Desde Comisiones Obreras estiman que el debate social y político generado por estos lamentables sucesos debería concluir con una regulación que proteja eficazmente a los consumidores vulnerables. En este sentido, y a la espera de que se pongan en marcha reformas para hacer frente a las causas reales de esta pobreza (reducción de ingresos de las familias por el desempleo y la devaluación salarial, enormes incrementos de las facturas de energía y pésimo aislamiento de las viviendas ocupadas por estas personas), considera imprescindible la puesta en marcha de medidas que sean realmente paliativas en este ámbito.
En cuanto al actual bono social eléctrico existe consenso sobre su ineficacia. Deja fuera a una gran parte de estos consumidores vulnerables, mientras que resultan beneficiados colectivos como las familias numerosas con independencia de su renta o instalaciones con menos de 3 Kw, que pueden corresponder a segundas residencias o despachos profesionales. Además de no amparar a los consumidores de gas, cuando una gran parte de las familias utilizan este combustible para conseguir agua caliente, calentar su casa o cocinar.
En línea con lo que vienen proponiendo los expertos en este ámbito, así como la plataforma de organizaciones sociales y sindicales, que ha puesto en marcha la campaña #NoMasCortesDeLuz, advierten que un auténtico Bono Social Energético debería basarse en los siguientes criterios generales:
En cuanto a sus beneficiarios, debería incluir a todos los consumidores de electricidad y gas, con ingresos familiares por debajo de los límites que se establezcan. Fijando varios niveles de ayuda en función de dichos ingresos y con unos grados de subvención de las correspondientes facturas que irían desde la gratuidad total para las familias más vulnerables, hasta descuentos muy significativos en los siguientes tramos.
Respecto al procedimiento de concesión, CCOO estima que debería ser automático y tramitado por los Servicios Sociales correspondientes en el referido tramo gratuito, mientras que en el resto el sistema debería ser sencillo y asequible para todos. La financiación de este Bono Social Energético sería a cargo del conjunto de empresas del sector eléctrico y habría que acompañarlo de una reducción de la carga fiscal que recae sobre estos suministros.
En paralelo, el sindicato considera de la máxima urgencia una norma estatal que establezca la prohibición de los cortes de suministros energéticos a los consumidores domésticos por falta de pago, sin una previa consulta a los correspondientes Servicios Sociales.
