INFORME DEL PARLAMENTO EUROPEO

La causa de los bebés robados cierra 2017 con un ‘tirón de orejas’ de Europa al Gobierno español

¿Hará Rajoy oídos sordos a la treintena de recomendaciones formulada por el parlamento de Estrasburgo?

A raíz de la visita de información realizada en España del 22 al 23 de mayo de 2017, la Comisión de Peticiones del Parlamento ha elaborado una serie de 31 recomendaciones a las autoridades españolas en relación a la trama de bebés robados durante el franquismo. 

La misión que vino a España estuvo formada por Jude Kirton-Darling (S&D) (jefa de la misión), Julia Pitera (PPE), Michela Giuffrida (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE) y Eleonora Evi (EFDD), acompañados por los europarlamentarios Rosa Estaràs (PPE), Marina Albiol (GUE/NGL) y Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). Las recomendaciones fueron aprobadas por veinte votos a favor y nueve en contra (los del Partido Popular Europeo).

La Comisión "lamenta el abandono, la indefensión y la falta de investigación satisfactoria por parte de las autoridades públicas que los peticionarios, víctimas y asociaciones de víctimas afirman haber sufrido hasta ahora; pide a las autoridades españolas que se comprometan a entablar de manera oportuna un diálogo reforzado y continuado con los peticionarios y las asociaciones de afectados"; asimismo, recomienda la creación de una fiscalía especial para hacer frente a todos los casos de supuestos robo y adopción ilegal de recién nacidos, y pide que la Fiscalía General del Estado sea más proactiva, actuando de oficio en estos casos, a fin de evitar que la carga del proceso judicial recaiga sobre las víctimas.

bebes robados

Señala  que el Estado español debe ratificar la Convención de la Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y reconocer los delitos cometidos en relación con los casos de niños robados como crímenes de lesa humanidad.

Tanto los posibles delitos relacionados con los casos de los niños robados acontecidos durante la dictadura franquista como los acaecidos posteriormente han de investigarse de manera efectiva y eficaz, y no debe aplicarse ninguna amnistía al respecto; pide, por lo tanto, a las autoridades españolas que adopten las medidas legislativas y judiciales necesarias para invalidar toda interpretación del Derecho nacional que esté en discordia con el logro efectivo de dicho objetivo.

Recomienda al Gobierno español que reconozca la implicación y/o permisividad del Estado durante la dictadura franquista en el robo sistemático de bebés y adopciones ilegales como primer paso para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación como garantías para la no repetición.

bebes-robados

Recomienda que se desarrolle un banco nacional de ADN, público y específico, accesible especialmente para estos casos, con objeto de permitir el cruce de información sobre las víctimas para ayudarlas a encontrar a sus verdaderas familias; pide que se garantice la gratuidad de las pruebas de ADN, también a través del Instituto nacional de Toxicología, para todos los supuestos casos de bebés robados denunciados, sin necesidad de requerimiento judicial o fiscal y con la participación y/o supervisión de técnicos representantes de las asociaciones de víctimas legalmente constituidas.

Lamenta los «pocos avances» en la implementación por parte del Gobierno español de las recomendaciones recogidas en el Informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 2014, y pide al Gobierno español que aplique con urgencia las recomendaciones, en particular, la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Acoge con satisfacción la decisión de algunos Parlamentos regionales (como el de Navarra) de ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas y recomienda que el Gobierno español adopte los mecanismos y medidas legislativas similares necesarios a nivel nacional para que todos los ciudadanos y todas las familias afectadas puedan recibir un apoyo y una protección similares en todo el territorio nacional, incluida la obtención del acceso a la justicia gratuita y el tratamiento exhaustivo de sus denuncias en todos los casos.

Celebra que en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se haya acordado entre los grupos políticos destinar 100.000 euros del presupuesto del Ministerio de Justicia que deberán servir, con datos comprobados analíticamente, para mejorar la gestión y la resolución de las denuncias de los afectados; 

Puedes leer todas las recomendaciones pinchando aquí.