El terror no debe ser excusa para limitar las libertades
El terrorismo, el uso sistemático de actos de violencia sobre las personas, o de la amenaza a recurrir a la violencia, para infundir terror, crear alarma social y coaccionar a una comunidad para imponer determinados objetivos políticos, es una práctica doblemente perversa, tiene un anverso y un reverso igualmente pérfidos. El primero es evidente. Supone una directa violación de los derechos humanos más básicos, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la dignidad, a la seguridad. El reverso con frecuencia pasa más desapercibido. Es la utilización interesada de las acciones terroristas por los gobiernos, por el poder establecido, para infundir una alarma social añadida a la que provocan los propios terroristas y que también consigue coaccionar de uno u otro modo a la ciudadanía para que acepte determinadas decisiones políticas que, en ausencia de esas amenazas, no toleraría.
Por desgracia, la utilización del terrorismo por gobiernos formalmente democráticos es práctica común. Lo mismo se emplea para desviar la atención de la ciudadanía de otras cuestiones (problemas económicos y sociales) que resultan molestas para los gobernantes que para conseguir imponer limitaciones de las libertades públicas, a veces incluso para implantar auténticos estados de excepción debidamente maquillados. En los últimos años hay casos sobradamente conocidos. El atentado del 11-S tuvo como consecuencia inmediata la reducción de derechos y garantías dentro de los Estados Unidos mediante la Patriot Act y no solo se utilizó para justificar sendas guerras en Afganistán e Iraq sino también violaciones sistemáticas de derechos humanos en el centro de detención de Guantánamo, auténtico agujero negro para el derecho, y en una amplia red de otros centros a lo largo y ancho del planeta, incluidos lugares como la base aérea de Bagram, en Afganistán, o la cárcel de Abu Ghraib, en Iraq. Por no hablar de la limitación de derechos que ha supuesto en nuestro país, desde la dictadura franquista hasta tiempos muy próximos, la legislación antiterrorista dictada a consecuencia de la actividad de ETA y de otros grupos violentos.
Lo mismo está sucediendo en estos momentos a consecuencia de los recientes atentados contra la revista Charlie Hebdo, un supermercado kosher y las fuerzas de seguridad en París. Ha sido inmediatamente seguida por un alto número de detenciones en Francia por el impreciso cargo de “apología del terrorismo”, que supone un riesgo de violación de la libertad de expresión según han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional. Rechazar y condenar esas acciones del todo injustificables, a lo que nos sumamos sin ningún tipo de reservas, no puede suponer dar por buenas todas las reacciones que se están produciendo o anunciando al respecto.
En particular, resulta sospechoso que a la gran manifestación en defensa de la libertad de expresión celebrada en París se uniesen dirigentes políticos de tantos países que en absoluto son un buen ejemplo de respeto por los derechos humanos. Basta citar a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, al ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, o al presidente ucraniano, Petro Poroshenko. También resulta surrealista que unos atentados ejecutados por ciudadanos franceses, nacidos en Francia, residentes en Francia, sirva para poner en cuestión el tratado de Schengen que facilita el tránsito de ciudadanos por Europa reduciendo al mínimo los controles fronterizos, y en cambio no ponga en cuestión, lo mismo en Francia que en otros países, las políticas dirigidas a la integración social efectiva de los hijos y nietos de inmigrantes, o las políticas económicas que tienen como resultado la creación de amplias bolsas de pobreza y exclusión social que se convierten en perfectos caldos de cultivo del fanatismo, sea político o religioso, y del terrorismo, lo mismo yihadista que nazi o de cualquier otro tipo.
No podemos eludir una mención a la presencia de Mariano Rajoy en la “marcha republicana” (?), uno de los muchos casos de perfecta hipocresía que se pusieron de manifiesto en París. Su gobierno, entre otras iniciativas igualmente procupantes, impulsa una nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, fundadamente conocida como Ley Mordaza, que es una buena muestra de las políticas de represión y de limitación de las libertades fundamentales. Esta norma, que está finalizando su tramitación en las Cortes Generales, incluye medidas como la legalización de las devoluciones de inmigrantes “en caliente” en Ceuta y Melilla, medida criticada por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, como una carga de profundidad contra el derecho de asilo, o una amplia tipificación de infracciones con cláusulas abiertas y vagas que limitan los derechos de reunión y manifestación y que pueden sancionarse administrativamente con multas de entre 100 y 600.000 euros. También trabaja en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que supondría la posibilidad de intervención de las comunicaciones sin autorización judicial (lo que ha merecido ya informe contrario del Consejo General del Poder Judicial) y del Código Penal que tipifica nuevos delitos que limitan, con escasas garantías, el derecho de acceso a internet o el derecho de manifestación. Medidas no solo regresivas sino, también, probablemente ineficaces para los fines presuntos que se invocan. Agravar penas y seguir contando con recursos escasos para aplicar las leyes (las plantillas de funcionarios siguen no solo congeladas sino en proceso de reducción por la no sustitución de bajas, incluyendo las de jueces, fiscales, policías, etc.) siempre es una falsa solución.
No desconocemos que existe un riesgo de atentados terroristas, que estos amenazan los derechos y libertades de los ciudadanos y que los poderes públicos han de adoptar medidas adecuadas para combatir esa amenaza. Pero esas medidas han de ser razonables y proporcionadas, las limitaciones de derechos han de ser las mínimas imprescindibles y no pueden reducirse las garantías para proteger las libertades fundamentales. En todo caso, la adecuación de los recursos jurídicos, judiciales, administrativos y policiales no debería ser mayor ni menor que los necesarios para luchar contra otras amenazas que también están muy presentes en nuestra sociedad y no merecen la misma atención por los poderes públicos: la violencia de género, la siniestrabilidad laboral, la defraudación fiscal, la corrupción, los delitos económicos, los delitos contra el medio ambiente, y un largo etcétera. El terror no debe ser excusa ni para limitar las libertades ni para el notorio desequilibrio que se produce a la hora de fijar las prioridades en la asignación de recursos, agravado por las políticas de austeridad y de recorte del gasto público que viene soportando la ciudadanía.
El colectivo RES PUBLICA lo forman: Ainhoa Aznárez, Edmundo Fayanás, Miguel Izu, Paco Jiménez, Eduardo Lacasta, Alfredo Mazariegos, Javier de Miguel y Goyo Ojer.
