En los últimos tiempos supimos de la existencia de una nueva profesión: el liquidador de empresas. Se trata de un experto que adquiere una empresa arruinada y, utilizando diversos artificios financieros, consigue cuantiosos beneficios con su cierre (dejando a los trabajadores en la calle). Ángel del Cabo se hizo millonario y alcanzó notoriedad pública con la liquidación de las empresas de Díaz Ferrán (aquel presidente de la CEOE que nos decía que teníamos que trabajar más y cobrar menos). Ahora están los dos en la cárcel.
El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están actuando como auténticos liquidadores de la sanidad pública. Afirman defender la sostenibilidad, pero adoptan decisiones que contribuyen realmente a su deterioro y a la privatización. No descansan. Ni siquiera en el mes de agosto. Al contrario, aprovecharon el período vacacional para impulsar medidas que representan auténticas agresiones contra el sistema nacional de salud (SNS). Hagamos un breve repaso de los últimos acontecimientos:
- La foto antes de las vacaciones. El último día de julio Rajoy reunió en La Moncloa a un grupo de organizaciones afines con las que firmó un “Pacto por la sostenibilidad del SNS”. Tras la firma protocolaria hicieron la foto de rigor que fue publicitada como un acto histórico. Pero se trata, en realidad, de una triste parodia y de un engaño denunciado por los sindicatos y los defensores de la sanidad pública. La FADSP afirma que este acuerdo carece de contenido práctico, que representa un paso más en la estrategia del deterioro de la sanidad pública y que este acto publicitario solo pretende frenar las movilizaciones de profesionales y ciudadanos contra la privatización del sistema.
- Madrid privatiza. A pesar de la masiva contestación los gobernantes de la Comunidad de Madrid persisten en su empeño privatizador. Tampoco han tenido en cuenta los dos recursos judiciales sin resolver: un millón y medio de madrileños pueden ver sus hospitales privatizados dentro de poco. Después de un proceso oscuro y poco transparente tres empresas privadas –Sanitas, Ribera Salud y la puertorriqueña Hima San Pablo (especializada en turismo sanitario)- podrían hacerse cargo de la gestión de seis hospitales. El PP madrileño empujó esta medida a pesar de las evidencias históricas: las experiencias previas realizadas en otras geografías tuvieron consecuencias negativas para la población, los profesionales y la propia sanidad pública. De momento este proceso está paralizado: un juzgado madrileño ha decretado la suspensión cautelar de la externalización atendiendo a una demanda de la asociación profesional Afem. Pero el dinero público no se escapa solamente por esta vía hacia los bolsillos de las empresas privadas. La sanidad madrileña aumentó el presupuesto para los conciertos con clínicas privadas en un 55%. Este incremento es, con diferencia, el mayor de los últimos años.
- El nuevo hospital de Vigo. El hospital que se necesita, desde hace años, en el sur de Galicia, fue adjudicado por el gobierno de Núñez Feijóo a una UTE (Unión Temporal de Empresas) constituída por bancos arruinados y constructoras en bancarrota. El hospital lleva más de un año parado: la empresa concesionaria no consigue que ninguna entidad financiera le conceda crédito. Pero la Xunta persiste en su afán privatizador. En contra de todas las normas permitió cambios en el contrato e incluso en la composición de la UTE. A principios de agosto Núñez Feijóo afirmó que habían conseguido la financiación necesaria para continuar la construcción. Pero, en este caso, en dinero será aportado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por entidades bancarias rescatadas con dinero pública (entre las que figura Novagalicia Banco, con centenares de personas afectadas por el fraude de las preferentes). Por lo tanto, el nuevo hospital será financiado con dinero público que después reportará beneficios a las empresas integradas en la UTE concesionaria. Mal porvenir le espera a la sanidad pública en el sur de Galicia si no se cambia la situación. Recordemos que el hospital privado Povisa atiende a una gran parte de la poboación de la zona (parte de la ciudad de Vigo y la península del Morrazo). Tiene un Concierto Particular con el Sergas muy favorable, pero acumula las mayores listas de espera de la Comunidad y hace un trato claramente discriminatorio entre los clientes privados y los usuarios del Sergas. Acaba de sufrir una prolongada huelga (desconvocada despues de una sentencia favorable a los trabajadores) por intentar imponer unas penosas condiciones a su personal (con rebajas salariales del 40%).
- Recorte público y más gasto familiar. La ministra de Sanidad acaba de anunciar que el copago en las medicinas significó una reducción de la factura farmacéutica de 2.000 millones de euros en su primer año de vigencia. Esta noticia, presentada como una conquista, puede ser interpretada de otra forma. Más que ahorro lo que hicieron fue trasladar un gasto público a las economías familiares, ya muy deterioradas en la actualidad. La obligación de pagar un porcentaje del coste de los medicamentos en la farmacia y la retirada de 450 medicinas, de uso muy frecuente, de la financiación pública obliga a las familias a un esfuerzo económico que, a menudo, resulta inasumible. Así pues, en vez de presumir por lo que considera un triunfo, la señora ministra debería pedir perdón a los ciudadanos por imponerles un gasto más a las ya depauperadas economías familiares. En realidad el copago representa un daño para la salud individual y colectiva (muchas personas dejaron de medicarse por no poder costearlo) y un elemento más para aumentar las desigualdades. Los pensionistas gallegos sufren de forma especial esta situación: su pensión media es de 722 euros, un 16% inferor a la media del Estado. Galicia ocupa el último puesto de las 17 Comunidades Autónomas en este ranking.
- Más castigo para los trabajadores. A finales de agosto se publicó en el BOE la Ley 10-2013. Se trata de una norma aparentemente neutra, que incorpora instrucciones europeas al ordenamiento jurídico español en relación con la farmacovigilancia. Pero, como si no tuviese importancia, esta ley incluye una disposición final quinta que modifica el Estatuto Marco del personal estatutario del SNS. Esta modificación permite la creación de lo que llaman “Unidades de Gestión Clínica” integradas por personal laboral, en las que se tendrían que integrar los que ahora tienen la consideración de estatutarios. En definitiva, tal como denunció la propia CESM, esta ley elimina todas las garantías del régimen estatutario. Se trata de una afrenta más contra los trabajadores de la sanidad pública, hecha de forma tramposa y canalla (al incluir una disposición de esa trascendencia en el articulado de una ley que nada tiene que ver con la regulación laboral).
- Aumentan las listas de espera. La drástica reducción presupuestaria, la pérdida de personal y la eliminación del trabajo de tarde en los hospitales están provocando una situación de grave colapso en los centros públicos. La espera quirúrgica pasó, en seis meses, de 76 a 100 días. Cerca de 600.000 personas esperan por el quirófano. Este es el mayor incremento desde que el Ministerio comenzó a registrar estos datos. Las autoridades sanitarias no parecen preocupadas por estos datos. Algun sindicato interpreta que no les interesa que la sanidad pública funcione: es necesario tener argumentos para seguir ahondando en las privatizaciones.
- Disminuye la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer es uno de los principales indicadores para conocer la calidad de vida de un país. En las últimas décadas este parámetro mejoró de forma continuada y permanente. Ahora, por primera vez en la historia reciente, la esperanza de vida de los españoles bajó unas décimas, pero este descenso continuará si no cambian nuestras condiciones de vida. La precariedad económica, la inseguridad laboral, la incertidumbre por el futuro, la exclusión sanitaria de los más desfavorecidos y el aumento de las desigualdades: todos estos factores influyen en este cambio de tendencia. Las políticas impuestas por el partido en el poder son las responsables principales de esta mudanza histórica.
