La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a restablecer de forma "urgente" la capacidad de los jueces españoles para perseguir el narcotráfico.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, llama a volver a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la Audiencia Nacional sea competente de investigar y enjuiciar los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional que estén tipificados como delito en España, entre ellos los de tráfico de drogas.
La coalición de izquierdas advierte de que la reciente "reforma gubernativa" para "desactivar" la justicia universal ha empezado a tener "gravísimas consecuencias" para la lucha contra el narcotráfico.
En este sentido, recuerda que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se ha visto obligado a liberar a ocho marineros egipcios que fueron detenidos el 6 de marzo con diez toneladas de hachís a bordo del 'A la voluntad de Dios', apresado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil en aguas internacionales, a 60 millas del cabo de Gata.
EFECTOS DEL "AGUJERO" EN LA JUSTICIA UNIVERSAL
Destaca que el "nuevo agujero" de la justicia universal amenaza a más operaciones antidroga, en las que hay 25 detenidos por presunto tráfico de estupefacientes. Es el caso del 'Moon Light', tripulado por siete sirios con 18 toneladas de hachís; del 'Avenir de Safi II', con seis marroquíes que portaban nueve toneladas de hachís'; el 'Mayak', con ocho marineros sirios acusados de transportar 12 toneladas de hachís; y del 'Berk Kaptain', tripulado por cuatro turcos que cargaban 12 toneladas de hachís.
El grupo proponente resalta que la mayoría de operaciones policiales se hacen al amparo del artículo 17 del Convenio de Viena de 1988, que contempla el abordaje de barcos dentro de la lucha contra el narcotráfico siempre que haya motivos "razonables" y se pida permiso al país cuya bandera enarbole la embarcación.
La reciente reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo tendrán jurisdicción para investigar la comisión del delito de tráfico de estupefacientes por mar cuando el procedimiento se dirija contra un español, el barco lleve pabellón nacional o cuando existan indicios de que un grupo criminal quiere cometerlo en España.
