Google News, el agregador y buscador de noticias que rastrea información publicada por medios de comunicación 'online' de todo el mundo, ha anunciado el inminente cierre de sus servicios en España como respuesta a la nueva legislación, que les obliga a pagar por reproducir esta información, al margen de que los medios de comunicación quieran cobrar este servicio o no.
Esta nueva legislación es la que resulta de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que, entre otras medidas, prevé la introducción del derecho irrenunciable de los editores a cobrar de los agregadores 'online' una compensación por reseñar los contenidos, esto es, por reproducir fragmentos de las informaciones publicadas. Esta parte de la reforma entra en vigor el próximo 1 de enero.
"La nueva normativa obliga a cada publicación española a cobrar a servicios como Google News por mostrar incluso pequeños fragmentos de los contenidos, lo quieran o no. Google News no obtiene beneficios por esta actividad, de modo que la nueva normativa hace insostenible el servicio", argumenta en su Blog Europeo Richard Gingras, responsable de Google News.
Por ello, con verdadera tristeza, anunciamos que el próximo 16 de diciembre -antes de que la legislación entre en vigor a partir de enero- eliminaremos los contenidos de editores españoles y cerraremos el servicio en España
La clave que esgrime Google para cerrar el servicio se encuentra en el artículo 32.2 de la reformada Ley de Propiedad Intelectual, que establece el pago irrenunciable de un canon por parte de los agregadores de noticias a los editores de contenidos como compensación por el uso de los mismos. Es lo que se ha denominado 'tasa Google' o 'canon AEDE', porque ha sido la asociación que engloba a los editores de medios la principal impulsora de ese artículo.
Los editores de AEDE, que agrupa a los grandes grupos de prensa en España, afirman que Google y el resto de agregadores se lucran enlazando los contenidos que ellos producen y que cuestan dinero. Contra esto, Google insiste en que News no obliga a ningún medio a estar en ese servicio.
El artículo 32.2, introducido por el Gobierno en el articulado del proyecto de la reforma de la LPI a última hora y por sorpresa, ha sido polémico durante toda la tramitación parlamentaria y generó muchas críticas. La más significativa llegó desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera que el canon limita la libertad de empresa al crear una barrera de acceso a quienes quieran entrar en el mercado.
La CNMC ha cuestionado también que el cobro del canon se tramite a través de las entidades de gestión de derechos de autor
Gingras recuerda que los editores han tratado de resolver sus limitaciones de distribución de sus publicaciones impresas "durante siglos", pero "Internet lo cambió todo al crear enormes oportunidades pero también auténticos desafíos" para los propios editores y su competencia, en la búsqueda de la atención de los lectores y en la generación de beneficios a través de la publicidad.
La Coalición Prointernet y la AEEPP, que agrupa a más de 700 medios digitales en España se ha opuesto radicalemente a esta norma y acusa directamente a la Vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría de haber negociado y concedido esta financiación a los medios de comunicación con el objetivo de ganar su apoyo cara a las próximas elecciones que se avecinan en España.
Los malos resultados que auguran las encuestas recientes al Partido Popular y las duras críticas que reciben diariamente en los medios teóricamente afines, han precipitado a la todopoderosa Vicepresidenta en labúsqueda de fórmulas que al mismo tiempo que sanean las maltrechas cuentas de resultados de los grupos PRISA, Unidad Editorial y Vocento entre otros, allanan el camino de una buena relación y tratamiento mediático de guante blanco.
Enlace Ley de Propiedad Intelectual BOE.
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/12/10/531f1ea5dee82559f42d9dbecf52a439.pdf
