viernes. 29.03.2024

Las desenfrenadas libertades económicas están acentuando las desigualdades y esto conlleva un a continuo aumento de tensiones sociales que el sistema de representación política español es incapaz de solucionar. El capitalismo financiero, que generó la crisis actual, en su agotamiento, no puede ofrecer expectativas razonables a la mayoría de la población de ver satisfechas las necesidades que impiden el goce de los bienes de la ciudadanía. Las instituciones representativas, dominadas por los partidos mayoritarios y sus aliados, no están siendo capaces de canalizar aquellas aspiraciones y, serviles de los intereses de la oligarquía económica, sufren un enorme descrédito. No es extraño que la movilización y la protesta social aumenten y adopten las más distintas formas.  Una de las más notables movilizaciones está siendo conducida por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que tiene una gran aceptación en la opinión pública porque es evidente que en nuestro país la Ley Hipotecaria es una ley manifiestamente injusta, como explica perfectamente Joan Coscubiela en su artículo Historia de una aberración.

El PP, que en un principio se opuso a la iniciativa legislativa popular, trata ahora, sirviendo a los intereses de la banca, de hacerla inocua para dejar las cosas más o menos como están. No es extraño que la frustración se extienda y la agitación adopte fórmulas como los escraches contra diputados del partido del Gobierno. Cierto que es un tipo de movilización que tiene aspectos delicados, pero por ello, quienes impulsan la PAH se han autoregulado para evitar la violencia gratuita y no perturbar a menores. Ahora los medios de persuasión dominantes han puesto el foco de atención, no en la injusticia de los desahucios, sino la “violencia” de los escraches y los daños que hacen a los niños de los diputados. Felipe Gonzalez ha unido su voz al coro de protectores de estos infantes. Y, claro, el Ministro del Interior encuentra justificación para la represión.

Sin duda los niños no deben ser asustados, eso no se discute. Pero lo que sorprende es la sensibilidad que despiertan los hijos de unos (representantes políticos) y la poca que generan los de otros (los desahuciados). Se ve que no todos los niños son iguales. ¿No es acaso terrible violencia que un día se presenten en la casa funcionarios judiciales, policías, cerrajeros e incluso bomberos y manden a la calle a los niños con sus padres por efecto de una ley aberrante que favorece descaradamente los intereses de la banca? Una ley que ya ha sido desautorizada por el Tribunal de Justicia de la UE. Esos niños van a la calle porque sus padres no son unos vagos tramposos, sino trabajadores que queriendo y pudiendo trabajar no se les ofrece una oportunidad de hacerlo. O puede ser que sean unos trabajadores precarios a los que la “reforma laboral” ha condenado a una reducción de sus salarios y condiciones de trabajo y les ha arrojado a la nueva y terrible categoría de “pobreza laboral” que refleja un riguroso estudio de la Fundación 1º de Mayo.

Desempleo, pobreza laboral y debilitación de los escasos medios de protección social para la infancia han dado lugar a que en España haya, como ha estudiado la socióloga Amaia Otegui, 2.200.000 niños en hogares por debajo del umbral de pobreza (un 10% más que en 2010) y que casi un 30% estén en riesgo de pobreza. Una tasa solo superada en la UE por Rumanía y Bulgaria. Una vergüenza. Los maestros y maestras en toda España saben que hay niños que llegan al colegio sin desayunar, y que otros no va al comedor escolar por falta de recursos, pero tampoco se alimentan bien en casa. Una realidad ante la que el Gobierno de Canarias, mostrando una gran sensibilidad y sensatez, ha reaccionado aumentado las subvenciones a los comedores escolares para ayudar a niños que otro modo no harían comidas adecuadas, lo contrario de otras comunidades con más alto PIB, como Cataluña o Madrid. Estas medidas, como las recién adoptadas por la Junta de Andalucía, muestran a las claras que se pueden hacer cosas aunque no favorezcan a los bancos. La violencia que sufren los niños de familias desahuciadas es la que debería llevar, no a alzar la voz, sino a gritar y tomar decisiones para corregirla de inmediato, que se puede. Pero parece que por el momento no será así. Olli Rehn, vicepresidente de la  Comisión Europea, ya ha advertido de  “desequilibrios” en España para justificar la exigencia de nuevos recortes en la protección social y modificaciones de la legislación laboral que permita despedir todavía más fácilmente y reducir más aún los salarios. Habrá ocasión de volver sobre las declaraciones de este personaje, baste ahora señalar que, según el art. 153.5 del Tratado  de Funcionamiento de la UE, la Unión no tiene competencia sobre las remuneraciones de los trabajadores. Sin embargo lo que la Comisión quiere imponer al Estado español es continuar acentuando la caída en la pobreza y el atraso. Felipe Gonzalez y Olli Rehn harían mejor en preocuparse de todos esos niños que sufren y van a sufrir por medidas injustas de un capitalismo desenfrenado, sin otro valor que el lucro de una clase social dada a la rapiña.

Felipe González, Olli Rehn y los niños