El naufragio del nuevo hospital de Vigo, esas seis torres como seis quillas contra el viento, parece ser definitivo. Desde hace meses, en contra de lo manifestado por las autoridades sanitarias, las obras están paradas y no encuentran salidas para continuar. La empresa concesionaria, encargade de construir y despues gestionar el hospital, no es capaz de conseguir financiación. Los bancos no se fían, no le dan el crédito necesario. La que iba a ser la gran obra sanitaria del gobierno gallego, en respuesta a una necesidad imperiosa de la comarca, se encuentra en stand by. Hagamos un breve repaso cronológico de lo sucedido.
-Febrero de 2009. El gobierno progresista (2005-2009) aprueba la creación de un nuevo complejo hospitalario en Vigo, después de un proceso de negociación y consultas en el que participaron numerosos profesionales y representantes de la sanidad comarcal. El proyecto intenta dar respuesta a la carencia crónica de camas de la zona y plantea la integración de la población actualmente adscrita al hospital privado Povisa. Se creó una empresa pública con la aprobación de un Plan Económico-Financiero suficiente para finalizar las obras en un período de cinco años (2009-2013), con un coste final inferior a 500 millones de euros.
-Abril de 2009. El PP ocupa el poder en Galicia. El gobierno de Núñez Feijóo, mediante un Trámite de Urgencia (que evita presentar un estudio comparativo de las diferentes posibilidades de financiación y construcción), paraliza este proyecto y lo sustituye por otro que utiliza el modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada). Este sistema de concesión, usado en Reino Unido hace tres décadas, ha demostrado que es menos eficiente, más caro y ofrece un servicio de peor calidad. En Madrid y Valencia el PP impulsó este modelo de gestión: hoy tienen la sanidad pública en la ruína y con graves problemas asistenciales. El gobierno gallego conoce, con toda seguridad, estas experiencias; pero considera que, en este momento de crisis inmobiliaria, en la sanidad hay una posibilidad de negocio privado a expensas de los presupuestos públicos. El proyecto impulsado introduce mermas importantes: reduce el número de camas, desaparecen determinados servicios asistenciales y mantiene el hospital de Povisa dentro de la red pública con población asignada (parte de la ciudad y la península del Morrazo). Se inicia aquí un proceso plagado de irregularidades.
-Septiembre de 2010. El Sergas (Servizo Galego de Saúde) adjudica a la consultora PwC un contrato para evaluar las ofertas de licitación y selecionar la empresa que se encargará del proyecto del nuevo hospital (en esta consultora, con fuertes vínculos con el poder, trabajó De Guindos cuando dejó Lehman Brothers –en bancarrota-). El Sergas le pagó 220.000 euros a PwC por un informe que ahora no aparece en el expediente soicitado por el TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia): los defensores de la sanidad pública sospechan que tal informe no existe. El contrato de 1.300 millones de euros para proyectar, levantar y explotar los servicios del nuevo hospital se lo adjudican a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por bancos arruinados (entre ellos Bankia y CAM, entidades rescatadas y con las peores calificaciones de solvencia por parte del Banco de España) y constructoras en bancarrota. Entre estas últimas está OCASA, considerada una firma “tóxica”, que está denunciada por estafa y recibió una multa de 5.5 millones de Competencia. En ella tuvo un alto cargo Agustin Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Esta empresa subcontrató parte de la obra a Hierros Santa Cruz, propiedad de Telmo Martín, miembro relevante del PP, concejal en Pontevedra y diputado (el más rico del Congreso).
-Marzo de 2011. En la precampaña de las municipales Núñez Feijóo acude a Vigo, cuando aún no habían comenzado las obras, para inaugurar el nuevo hospital. Rodeado de altos cargos sanitarios y locales apareció como un campeón, como si estuviese ya el hospital funcionando. Aún hubo más inauguraciones (septiembre-2011, antes de las elecciones autonómicas), pero en realidad las obras comenzaron en junio de 2011 y hoy están paradas.
-Febrero de 2012. La empresa concesionaria anda desesperada en busca de financiación. Mientras, Núñez Feijóo pregona las bondades del sistema. En el congreso del PP celebrado en Sevilla afirma que “la experiencia de algunas comunidades autónomas ha demostrado la eficacia de este modelo en el ámbito sanitario”. En una ponencia reclama la extensión de este modelo sin restricciones: “La innovación en la gestión es un requerimiento de la sanidad moderna, y no debe ser constreñida o penalizada por las leyes más allá de la firme garantía de los estándares de acceso y calidad en la prestación”.
-Junio de 2012. La UTE declara un sobrecoste de ocho millones en la cimentacion de la obra, que le reclama a la Xunta, por tener que buscar soluciones “ante la falta de un estudio geotécnico del solar”, que el Sergas afirma haber entregado junto con el plego de condiciones del concurso. Estas tácticas, que introducen sucesivos modificados sobre la obra prevista, son empleadas a menudo por las empresas concesionarias para aumentar sus beneficios.
-Julio de 2012. “A día de la fecha -4 de julio-, transcurrido más de un año desde la adjudicación del contrato, el acceso a la financiación bancaria se ha visto cerrado”, afirman los representantes de la UTE en un escrito dirigido a un juzgado de Santiago. El hecho es que ningún banco accede a prestar fondos para este proyecto y la concesionaria considera “completamente alteradas” las bases del contrato. Las obras, iniciadas con la aportacion del 20% por parte de la propia concesionaria, no tienen forma de seguir. Ninguna entidad bancaria confía en la viabilidad de este proyecto.
-Octubre de 2012. Todas las fuerzas sindicales y los partidos de la oposición, junto con miles de personas, ocuparon la ciudad de Vigo en una concurrida manifestacion contra la privatización del nuevo hospital. No fué la única: hubo, en estos últimos meses, numerosos actos de protesta y reivindicación que reflejan la preocupación ciudadana por el rumbo que ha tomado la política sanitaria en la comarca. Hace pocos días (mayo-2013) los líderes de la oposición de y de los sindicatos, junto con dirigentes de SOS Sanidade Pública, se personaron ante las obras del hospital para denunciar su paralización. “Por un hospital único sin recortes ni privatizaciones” es el lema de la campaña que van a impulsar para reclamar el rescate del proyecto para que sea público en su financiación y gestión.
-Mayo de 2013. “No hay ningún problema con la financiación”, afirmó rotunda la conselleira Mosquera, al inicio de la última campaña electoral, cuando ya conocían la posición inquietante de la concesionaria. La Xunta negó reiteradamente los problemas financieros y que las obras estuviesen paradas. Pero lo cierto es que promovió reuniones con diversas entidades bancarias para buscar financiación sin que obtuviesen resultado alguno. Incluso solicitó un crédito propio al Banco Europeo de Inversiones (BCI) por 180 millones de euros, lo que incumplía claramente el contrato donde se especifica que la financiación es “a riesgo y ventura de la Concesionaria”. La empresa empezó a rescindir contratos con los trabajadores. Ahora hay un centenar de empleados dedicados a tareas de mantenimiento; quedan muy lejos los 2.400 que anunció la Xunta cuando presentó el proyecto. La obra está parada cuando falta menos de un año para que finalice el último plazo establecido para su entrega.
-Epílogo. Hace poco que Núñez Feijóo señaló la ausencia de relato del gobierno central. Este no es el relato completo de su acción de gobierno, pero recoge los hechos sustanciales de una parcela importante de su compromiso. Aquí figuran los engaños, trampas y mentiras que se han sucedido durante estos años. Esta es la crónica de una muerte anunciada, el fracaso estrepitoso de la que iba a ser la gran obra –y el mayor negocio- de su mandato presidencial. Ahora Vigo ya cuenta con su Gaiás inacabado, ya tiene su Elefante Blanco, pero sigue esperando por una obra sanitaria imprescindible para garantizar una atención hospitalaria adecuada a los ciudadanos.
-Postdata. Pero hay quién non aprende de sus propios errores. Nos empujan hacia el precipicio y no dan un paso atrás. En Ourense el PP también quiere privatizar la sanidad. La gerencia del hospital (dirigida por Eloína Núñez, prima de Núñez Feijóo) anunció en febrero la licitación de la “gestión integral de espacios”, por 150 millones de euros, que incluiría la cesión a una empresa de todos los servicios no sanitarios durante una década. La adjudicataria podría subcontratar la realización de los trabajos. El concurso quedó desierto: ninguna empresa quiere asumir esta concesión. Seguirán presionando hasta conseguir que mejoren las condiciones económicas a costa de los presupuestos públicos. Ahora van hacer un procedimiento negociado y la Xunta realizará la adjudicación eligiendo los candidatos a dedo.
