El trabajo ha sido desarrollado por el Observatorio de Políticas de Salud de la Fundación 1º de Mayo, bajo la dirección de Marciano Sánchez Bayle y Luis Palomo, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, y de Elvira Sánchez Llopis, responsable de Políticas Públicas de la Fundación.
En el acto de presentación del documento, celebrado en Murcia, Marciano Sánchez Bayle ha subrayado que el trabajo parte de la concepción del Estado de Bienestar como parte fundamental de la democracia, además de cómo un factor de desarrollo y cohesión social.
Sánchez Bayle ha afirmado que los copagos tienen efecto sobre todo sobre las personas con pocos recursos y con mayores problemas de salud, que “no acuden o retrasan las demandas de atención sanitaria incluso cuando son necesarias”, siendo así un factor importante de inequidad, tal y como señala el último Informe de la Organización Mundial de la Salud para 2010.
“Ciertamente un sistema de copago supondría un verdadero impuesto sobre la enfermedad, además de una regresión de décadas en términos sociales en nuestro país”, ha añadido el Presidente del Observatorio de Políticas de la Salud de la Fundación 1º de Mayo, quien ha terminado diciendo que de triunfar esta línea ideológica que propugna la introducción del copago sanitario, “las personas terminarán eligiendo entre comer o ir al médico”.
Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1º de Mayo, ha remarcado la oposición frontal de CCOO a cualquier intento de copago y la decidida apuesta del sindicato por el sistema público de salud, un sistema que en palabras del secretario Confederal de Estudios de CCOO, “no es gratuito porque se paga con los impuestos de todos”.
CONTENIDO DEL INFORME
• El gasto sanitario público español es bajo en comparación con los países de la OCDE y la UE, tanto en porcentaje del PIB como en términos de poder paritario de compra per capita, y su crecimiento es moderado. El gasto social es también menor que la media de la UE/OCDE.
• La presión fiscal es baja en relación con los países de nuestro nivel socio económico y ha disminuido en los últimos años; el 45 por ciento de los ingresos gestionados por la Agencia Tributaria en 2009 proceden del IRPF.
• El fraude fiscal en España se sitúa alrededor del 23% del PIB. La media de fraude fiscal en la Unión Europea es diez puntos inferior (el 13%). Si España lograra equipararse con la media europea, se ingresarían 100.000 millones más de euros
• El Pacto de Toledo consagró definitivamente la financiación de la Sanidad a cargo de los impuestos, es decir, de las aportaciones directas de los contribuyentes a través del Estado, y por lo tanto, definió un modelo que definitivamente se plantea la universalización de las prestaciones en un ámbito de equidad, cual es el Sistema Nacional de Salud.
• No existen, por lo tanto, razones económicas que justifiquen el establecimiento de copagos.
• Aún siendo cierto que la mayor parte del gasto sanitario es de carácter público, en nuestro país prácticamente la cuarta parte de este gasto es ya sufragado directamente por los usuarios, bien en el mercado creciente de los aseguramientos privados, bien para hacer frente a necesidades de salud que no están cubiertas por el sistema, como el copago de los medicamentos recetados a personas menores de 65 años, la atención buco dental, los productos ópticos, y distintas órtesis y prótesis.
• Es muy dudoso que haya globalmente una utilización excesiva de los servicios sanitarios en España, tal como suelen argumentar de manera recurrente los defensores del copago sanitario, (su eficacia como “mecanismo disciplinario” ante los “abusos” en el uso del sistema público sanitario por parte de la ciudadanía); en todo caso la utilización elevada de consultas externas se corresponde con bajas tasas de hospitalización.
• En España existen muchas consultas que son de carácter burocrático y claramente evitables (seguimiento de las bajas laborales, recogida de recetas en casos de largo tratamiento, certificados, etc.) que podrían ahorrarse, con sistemas informáticos apropiados; además, el papel de la enfermería en atención primaria no esta racionalmente utilizado de manera que muchos problemas que utilizan una consulta médica podrían perfectamente ser resueltos en las consultas de estos profesionales.
• Las únicas consultas que deciden los ciudadanos son las que se producen a demanda ante un problema agudo, pero a partir de esa primera demanda la decisión esta en manos de los profesionales (revisiones, controles, derivaciones a especialistas, etc.
• Uno de los factores fundamentales de contención del gasto sanitario está en el gasto farmacéutico, sobre el que la inhibición del uso tiene efectos también muy limitados, y que, contabilizando tanto el gasto en medicamentos de dispensación ambulatoria como el gasto ocasionado en los hospitales alcanza el 28 por ciento del gasto total. Existe una significativa correlación negativa entre gasto per capita en sanidad y porcentaje de genéricos utilizados.
• Existen muchas evidencias de que el principal problema de los incrementos de costes sanitarios está en una utilización excesiva y poco fundamentada de la tecnología. Se ha señalado que en torno a un 30% de la utilización está justificada, otro 30% es dudosa su utilidad y en otro 30% es innecesaria, y a veces esta contraindicada.
• La descentralización del SNS, primero en CCAA, luego en gerencias de AP y hospitalarias y posteriormente la aparición de multitud de centros con personalidad jurídica diferenciada ha producido la perdida de capacidad del conjunto del SNS para negociar costes más ajustados con los proveedores, perdiendo las ventajas de economía de escala que tiene el SNS al ser el principal comprador de suministros y tecnologías sanitarias en nuestro país.
• La escasez de camas de corta-media estancia y de atención socio sanitaria, hace que se incremente el gasto sanitario: el 70% del gasto sanitario está asociado a enfermedades crónicas y más del 20% de los enfermos crónicos que acaban en hospitales de agudos, podrían ser atendidos en hospitales de media-larga estancia.
• La existencia de una importante infradatación de las enfermedades profesionales, así como del agravamiento que las condiciones de trabajo insalubres pueden ejercer sobre las enfermedades comunes, incluyendo su cronificación, supone una sobrecarga económica sobre el sistema de salud, ya que estas enfermedades deberían ser soportadas por las Mutuas: se estima que entre un 5 y un 10 por ciento de las bajas por contingencias comunes son de origen laboral y se ha estimado que hasta el 16 por ciento de las bajas por enfermedad y/o accidente “no laboral” en atención primaria tienen un probable origen laboral, aunque no se declaren en este sentido
• El establecimiento de sistemas de copagos nuevos conlleva costes de transacción elevados, que serán mas altos cuanto mas complejos sean los sistemas que se pretenda establecer. El coste podría incluso superar la recaudación.
• Todos los estudios realizados sobre los copagos evidencian un efecto importante y negativo sobre la equidad y la accesibilidad al sistema sanitario de las personas con menos ingresos y enfermedades crónicas.
• La crisis económica supone la existencia de un número muy importante de personas que viven en un nivel de subsistencia y que no pueden afrontar más gastos en la atención sanitaria; resulta por lo tanto incomprensible que se propugnen nuevos copagos en este momento.
• Existen estudios que señalan que la contención de la demanda acaba produciendo efectos indeseados sobre el sistema sanitario (más efectos adversos graves, más visitas a urgencias, más hospitalizaciones).
Por todo ello el establecimiento de copagos seria injusto, insolidario, rompería la accesibilidad y equidad del SNS y tendría efectos muy negativos sobre la salud de la población.
