En el Círculo de Bellas Artes, el día 18 de abril de 2015, se celebró un encuentro de un número significativo de representantes de colectivos ciudadanos y profesionales de distintas disciplinas, con la presencia de técnicos municipales a título personal. Un encuentro convocado por el Club de Debates Urbanos y coordinado por Jon Aguirre Such (Paisaje Transversal), que aportó un breve documento que sirviera de introducción a las distintas exposiciones y, si surgiese, a un posible debate. Las intervenciones fueron abundantes y, a pesar del tiempo acotado para cada una de ellas, suficientemente expresivas del carácter y los objetivos de los distintos colectivos presentes.
Del conjunto de las exposiciones cabe destacar, al menos, dos características ampliamente compartidas. Por un lado, el carácter emergente y no reglado de las actividades y las prácticas desarrolladas en su seno. Por otro, el tratarse de colectivos organizados autónomamente, de carácter transversal y, en gran medida, autogestionados. En su totalidad, organizaciones cívicas surgidas como respuesta de los ciudadanos a los problemas, las demandas y aspiraciones que se manifiestan en los distintos barrios de Madrid.
Prácticas emergentes que comienzan a resquebrajar los límites del urbanismo ortodoxo o, mejor dicho, del urbanismo burocrático convencional. Prácticas que plantean alternativas a los tradicionales mecanismos de intervención en la ciudad. Prácticas y formas organizativas que abren un amplio y nuevo horizonte que, si llegase a consolidarse e institucionalizarse, supondría un cambio efectivo en las estructuras, contenidos y sistemas de planificación urbana y territorial. Responder con solvencia al potencial de transformación de la disciplina urbanística por causa de estas prácticas emergentes requiere una reflexión larga y compleja que excede a la dimensión de un artículo. No basta con refugiarse en frases repetidas como mantras encubridoras tales como el urbanismo de abajo-arriba (bottom-up).
Si cabe en la brevedad de este escrito hablar y defender con solvencia intelectual y política la construcción de un proyecto de ciudad que se nutra de las iniciativas ciudadanas, más o menos espontáneas, integradas en un discurso político-cultural referido a la ciudad en su totalidad. Proyecto nacido de una lectura, un entendimiento y una explicación desde los poderes políticos de las características físicas, morfológicas, sociales y económicas de la ciudad, detectando problemas y barreras actuales junto a las oportunidades y potencialidades futuras. Un proyecto que tenga como finalidad última superar dichas barreras, resolver los problemas y aprovechar las oportunidades, endógenas y exógenas, para transformar las potencialidades en realidades. Para construir una nueva ciudad sobre la ciudad existente.
Cada acción concreta promovida por los ciudadanos en cada barrio tiene un enorme valor, tanto para denunciar problemas como para descubrir posibilidades que, en muchos casos, escapan a la mirada más lejana de la administración municipal. Pero el proyecto de ciudad no surge de la simple suma de intervenciones puntuales, por mucho interés que estas tengan. Barrio más barrio no hacen ciudad. Es necesario encuadrarlos o, mejor, articularlos, en un proyecto político-cultural de la ciudad total. No obligatoriamente en un plan jerárquico normativo y omnicomprensivo. Como escribe Jon Aguirre Such citando a David Harvey: “no hay nada malo en tener un huerto comunitario, pero debemos preocuparnos de los comunes a gran escala”. Soledad Gallego-Díaz, en su breve pero magnífico artículo publicado en El País del 24 de mayo titulado “Admirables recordatorios anglosajones”, señala como en la Guía del Buen Gobierno Local elaborada por la Asociación Municipal del Estado de Victoria, en Australia, destaca la obligación de los ayuntamientos de “atender a las necesidades de la comunidad entera, guardando el equilibrio entre los distintos intereses en juego. Los distintos sectores de la comunidad deben sentir que han sido escuchados y que sus intereses fueron tomados en consideración, sean finalmente respetados totalmente, solo en parte o rechazados”. (Aconsejo leer el artículo a electores y elegidos tras estas gozosas y esperanzadoras elecciones).
Otro aspecto compartido por las diferentes intervenciones fue el problema de la institucionalización de estos colectivos ciudadanos y de sus prácticas no regladas. Institucionalización o control institucional frente a mantenimiento del carácter autónomo, no dependiente del apoyo o la tutela del poder político institucionalizado. Dos opciones con sus pros y sus contras, que se manifestaron de forma explícita en las intervenciones de los distintos colectivos.
Por un lado, se exalta y defienden como sus máximos valores la autonomía, la espontaneidad, la transversalidad y la horizontalidad como garantías de su independencia ideológica e institucional. Autonomía en la forma de organización, en la elaboración de los programas sociales, culturales, lúdicos, educativos, etc. y en su gestión. De aquí su vitalidad, su capacidad de generar nuevas formas emergentes de construir la ciudad. Como contrapartida se manifiesta su relativa fragilidad y su inestabilidad en el tiempo debidas a la falta de un espacio estable (al menos durante un periodo relativamente dilatado) unidas a las dificultades económicas para mantener unos gastos de funcionamiento imprescindibles, estrictos pero decorosos.
Frente a esta opción, que entendí mayoritaria, la portavoz de uno de los colectivos presentes explicó que, tras una situación precaria en sus inicios, han conseguido la cesión por parte del ayuntamiento de una planta de un centro cultural dotado de agua, electricidad y seguridad. Una nueva situación, de alguna forma institucionalizada, que ha incrementado de forma significativa su atractivo entre los vecinos, que se sienten más cómodos en un espacio “legalizado” y que ha permitido desarrollar nuevas actividades, una más rica programación y una mayor continuidad de las mismas. Una cierta forma de institucionalización que no anula la autonomía en los contenidos de las distintas prácticas ni en la forma de gestión. Ni mucho menos la pérdida de su independencia ideológica que garantiza la transversalidad en el conjunto del barrio. Pero esta portavoz lanzó una advertencia de los riesgos que podían devenir de este “amparo institucional”, afirmando que hay que mantener la consigna constante de resistencia frente a cualquier tentación de imponer un control excesivo por parte del ayuntamiento. Defender la autonomía con una rebeldía cívica frente a la proliferación de normas de conducta, ordenanzas o decretos impositivos que toda administración esconde en su ADN. “Ensanchar nuestro espacio usando los codos si fuese preciso”.
Frente a esta contrastación de opciones, algún interviniente vino a proponer exigir a los ayuntamientos que cumplan con su obligación de ser generosos y apoyar las iniciativas ciudadanas. Yo, respetando el protagonismo de los colectivos presentes, me atrevo a cambiar las palabras “generosos” y “apoyar” por las de “inteligentes” y “colaborar”. Porque un ayuntamiento, si es inteligente, incluso si es interesado en una gestión democrática de la ciudad, debería entender, respetar y potenciar estas iniciativas, estos experimentos vecinales, sin imponerles las condiciones y normas burocráticas empobrecedoras. Entender el valor de los colectivos vecinales, incorporándolos en un proyecto colaborativo, en un partenariado público- ciudadano. Colaboración respetuosa y leal en ambos sentidos de la que surgirá un mutuo aprendizaje, una forma de gobierno enriquecida en la que la tan proclamada y nebulosa “participación ciudadana” se hiciera realidad al transformarse en colaboración activa, generando una confianza mutua. Entender y mantener al fin la red de espacios colectivos como un “espacio común”, como un bien común.
Si bien cabe rechazar la absorción institucional de la heterogénea y dilatada red de organizaciones y prácticas emergentes generadoras de estructuras y formas de convivencia novedosas y enriquecedoras, cabe igualmente defender la necesidad o, al menos, la conveniencia de la institucionalización de unas relaciones colaborativas entre el ayuntamiento y las organizaciones ciudadanas de todo tipo. Establecer unas normas de colaboración, de obligado cumplimiento para ambas partes, a fin de garantizar el mantenimiento en el tiempo de una forma más democrática de gobernar la ciudad, que no quede sometida al albur de la alternancia política en las instituciones o de la benevolencia de los responsables municipales de turno. Conquistar una forma de gobernar en común.
Los beneficios de esta gobernanza colaborativa son, sin duda, mutuos.
Los responsables políticos de la ciudad verían incrementada su capacidad de oír, leer y entender la ciudad a través de los oídos y los ojos colectivos de los ciudadanos. Descubrir problemas y oportunidades que requieren la proximidad y experiencia cotidiana que pueden permanecer ocultos o, al menos, nublados, dados los instrumentos, las gafas tecnocráticas a través de las que miran las administraciones.
Una advertencia frente a un presumible riesgo. El ayuntamiento no puede eludir su obligado compromiso de proveer los equipamientos, bienes y servicios para el conjunto de la ciudad, delegando sus responsabilidades en las capacidades de los colectivos vecinales. Hay que dejar claro que las administraciones públicas deben garantizar los equipamientos y servicios propios de un estado del bienestar. Las organizaciones ciudadanas vendrán a diversificar y completar dichos equipamientos y servicios reglados con una multiplicidad de nuevas actividades, nuevas formas organizativas más inventivas, espontáneas e incluso efímeras. Como bien señala Jon Aguirre Such, el reto para los próximos ayuntamientos, sin duda más democráticos, sensibles e inteligentes que el padecido en Madrid en estos veinticinco últimos años, será el de “viabilizar, dignificar y hacer sostenibles” nuevas prácticas en la tarea de gobernar la ciudad.
En estas líneas se está señalando subliminalmente la necesidad de ir más allá de la “ciudad oficial”, superando los planes normativos cerrados e impuestos jerárquicamente para apostar por planes más abiertos capaces de sugerir, de convencer más que de mandar. Planes con un basamento disciplinar, cultural y político sólido que debe establecer y mantener en su desarrollo como línea roja infranqueable el bien común. Planes permeables a las demandas y propuestas surgidas de los propios ciudadanos, no solo en el periodo de gestación sino en su cotidiana aplicación.
Quiero, como final, agradecer la presencia y las aportaciones de los distintos colectivos participantes en el encuentro celebrado en el Círculo de Bellas Artes, capaces de golpear con voces emergentes mi cabeza asentada en una tradición más disciplinar, que no ortodoxa.
Nota. Los colectivos presentes fueron, salvo error u omisión:
Colectivos ciudadanos: Albergue de San Fermín, Campo de Cebada, Centro Seco, Espacio Vecinal Arganzuela, Espacio Vecinal Montamarta, Esta es una plaza, FRAVM, Patio Maravillas, Puesto En Construcción (PEC), Red de huertos urbanos de Madrid.
Colectivos profesionales: A pie, Adolfo Estalella, Ahora Arquitectura, Alberto Corsin, Espacio Oculto, Germinando, Javi Santos Bueno, Las Ciento Volando, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Moenia, Mood Studio, Observatorio Metropolitano de Madrid, Paisaje Trasversal, Sala Kubik Fabrik, Sindicato de arquitectos, Zuloark.
