viernes. 29.03.2024
PENDIENTE LA IMPUTACIÓN DEL SUEGRO DE GALLARDÓN

La querella argentina puede convertirse en un “goteo de órdenes de extradición”

El Abogado Carlos Slepoy llevará en marzo a la jueza María Servini un escrito con nuevas imputaciones contra presuntos torturadores franquistas. Nuevatribuna.es ha podido conocer los nombres de algunos que engrosarán la querella argentina.

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La juez argentina María Servini.

Uno de los futuros querellados es el defensor de Alicia Sánchez Camacho (PP Cataluña) en el caso Método 3

Puede convertirse en un “goteo de órdenes de extradición”, afirma un portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). La plataforma, representada por el abogado Carlos Slepoy, ultima un nuevo escrito de imputaciones de presuntos torturadores franquistas que será presentado en marzo a la jueza María Servini.

La causa arrancó hace casi cuatro años, cuando Slepoy, abogado argentino especializado en Derechos Humanos, presentó la querella contra el genocidio franquista en la Corte Suprema de Buenos Aires.

Se espera que el próximo mes, la jueza Servini decida sobre la imputación de tres exministros franquistas, Martín Villa, Fernando Suárez González y José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

En paralelo, la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la petición de extradición de otros dos imputados: el exinspector Juan Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar; sin embargo, la última palabra la sigue teniendo el Gobierno, señalan fuentes de CEAQUA.

Pero la causa no se cerrará en esos cinco nombres y la lista de querellados se ampliará hasta 60. Según ha podido saber nuevatribuna.es, estos son algunos de los nombres de nuevos imputados:

Ministros de la dictadura:

Antonio Barrera de Irimo. Ministro XIV gobierno de la dictadura, como tal firmante de la pena de muerte de Salvador Puig Antich.

Rafael Cabello de Alba. Ministro en el XV gobierno de la dictadura, firmante de las cinco penas de muerte de septiembre de 1975, las últimas ejecuciones que perpetró el franquismo.

Antonio Carro Martínez. Miembro de ambos gobiernos y colaborador necesario de ambos crímenes.

Judicatura:

Carlos Rey González. En 1974, capitán del cuerpo jurídico del Ejército, vocal ponente en el consejo de guerra sumarísimo contra Salvador Puig Antich, relator único de la sentencia en la que se pedía su pena de muerte. En la actualidad defensor de Alicia Sánchez Camacho (PP Cataluña) en el caso Método 3.

Antonio Troncoso de Castro. En 1970 capitán auditor, vocal ponente en el Consejo de Guerra sumarísimo de Burgos en el que se pidieron 9 penas de muerte.

Fuerzas represivas:

Jesús González Reglero. Miembro de la Brigada Político Social, torturador denunciado en la querella, en la actualidad es comisario jefe de Leganés.

Fernando Caro Leiva. Miembro de la Guardia Civil, responsable de torturas en la represión de las huelgas mineras de Asturias desde los años sesenta.

Ricardo Algar Barrón. Miembro de la Brigada Político Social, denunciado por torturas en testimonios de la querella.

Además se están cerrando imputaciones por casos de robos de bebés y contra empresas y personas que se beneficiaron del trabajo esclavo de los presos antifranquistas.

La querella argentina puede convertirse en un “goteo de órdenes de extradición”