La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos ha presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una petición de asilo para la Educación Pública, alegando que la Comunidad de Madrid vulnera los derechos humanos al llevar a cabo una "persecución expresa" de esta opción educativa.

"En el caso que nos ocupa, supone una persecución expresa a la Educación Pública en la Comunidad de Madrid y de todas aquellas personas que defiendan su existencia y demanden un cambio en las actuaciones del Gobierno regional para que dicha persecución deje de existir", alega.

Así, la Giner de los Ríos apela a la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la ONU y en la que se recoge explícitamente que "toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental".

Frente a este principio, la FAPA entiende que el Gobierno madrileño "vulnera el derecho a la educación gratuita al fomentar explícitamente el pago de la misma y la desaparición de dicha gratuidad" a la vez que "rechaza el sistema educativo público".

Asimismo, según la FAPA la Comunidad también "niega el derecho preferente de los padres y madres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, si en el ejercicio de su derecho eligen la educación pública" y "obvia su obligación de garantizar un orden social en el que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos".

Sin embargo, según alega la FAPA, "el actual Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no considera a todos los seres humanos iguales en dignidad y derechos, decantándose por aquéllos que tienen superioridad económica".

Además, asegura que el Ejecutivo autonómico "niega el derecho de las personas a la propiedad colectiva, en este caso a la escuela pública, y priva arbitrariamente de su propiedad a la sociedad madrileña al privatizar lo que es público para entregarlo arbitrariamente a manos privadas".

También se asegura que el equipo de Esperanza Aguirre "limita el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión y de expresión con las instrucciones que traslada, especialmente de forma verbal" e "interfiere en la vida de las personas al molestarlas por causa de sus opiniones, a quienes denigra públicamente si no coinciden con las suyas".

"(La Comunidad de Madrid) impide la difusión de información a las familias, en este caso sobre la situación actual de los centros educativos y de los perjuicios ocasionados por sus propias actuaciones; impide el ejercicio del derecho a la libertad de reunión al dar instrucciones para que se prohíban las asambleas conjuntas de las comunidades educativas; y deslegitima a quienes intentan participar en el gobierno de su país de forma directa o por medio de representantes diferentes a los que comparten su ideología", continúa la misiva.

Finalmente, la FAPA argumenta que, dado que España firmó la Declaración de los Derechos Humanos y que la Comunidad de Madrid pertenece a España, "el Gobierno regional debe cumplir y hacer cumplir lo expresado" en dicho documento en lugar de efectuar una "persecución expresa" a la educación pública.