El organismo, integrado por expertos independientes, está encargado de supervisar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en los 47 países miembros del Consejo de Europa mediante visitas e informes periódicos.

Los miembros del CPT actúan a título individual, no en representación de los estados de los que son originarios. El puesto estaba vacante desde el 20 de diciembre de 2009.

Los otros dos candidatos que figuraban en la lista propuesta al Comité de Ministros por el bureau de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa eran la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Miriam Cugat Mauri y el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Fernández Liesa.