NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 17.11.2010

Para Emilio Silva resulta “poco comprensible” que los españoles, entre ellos las víctimas del franquismo, sigan financiando con sus impuestos la tumba del dictador. El Gobierno ya ha iniciado las primeras prospecciones para ver si puede recuperar los restos de algunas de las personas enterradas en el Valle de los Caídos y aunque desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica se ha ido inhabilitando el monumento y cerrándolo al público la gran asignatura pendiente sigue siendo sacar de allí a Francisco Franco y también a Antonio Primo de Rivera y convertirlo en un espacio museístico para la memoria.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado en el registro oficial del Ministerio de Presidencia una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero coincidiendo con la conmemoración del aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre, donde pregunta “hasta cuándo van a pagar las víctimas del franquismo la tumba del dictador “responsable del asesinato de decenas de miles de civiles y de la dura persecución que vivieron millones de españoles a los que el Estado franquista humilló desde su creación hasta su disolución”.

La carta pregunta a Zapatero “cómo es posible en una democracia consolidada, que las víctimas de violaciones de derechos humanos tan graves como las cometidas por la dictadura, sean obligados por el Estado a sostener con sus impuestos la tumba”, ya que “no es comprensible que un Estado democrático sostenga con fondos públicos ese gran mausoleo dedicado a quien tanto daño hizo a nuestra sociedad”.

Añade la carta que “no es posible que el Estado sostenga la doble moral de condenar y penalizar el enaltecimiento de determinadas violencias y que otras sean enaltecidas pública y notoriamente sin que tenga ninguna consecuencia. No es compresible que el franquismo, que causó muchísimos más asesinatos que cualquier otro grupo violento en nuestra historia, pueda ser honrado públicamente a través del Valle de los Caídos o con la dedicación de espacios públicos, como la Plaza del Caudillo que existe todavía en el municipio de Madrid”, dice en alusión a la plaza en El Pardo.

Para la RMHT “tampoco es comprensible con respecto al Valle de los Caídos que se vulnere la normativa constitucional que determina la aconfesionalidad del Estado en un monumento de titularidad pública, puesto que el Valle pertenece al Patrimonio del Estado y su gestión debe respetar la normativa de la Carta Magna”.

En este sentido hay que recordar que en septiembre de 2002 la ARMH presentó a todos los grupos con representación parlamentaria un proyecto legislativo en el que solicitaba que el Valle de los Caídos se convierta en un lugar de memoria que honre el recuerdo de quienes fueron obligados a construirlo por la fuerza, como esclavos políticos y que cuente en su nave central con una exposición en la que se cuente quiénes fueron, por qué les obligaron a hacerlo y cómo lo hicieron.