NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 26.10.2010
El pasado mes de abril, víctimas del franquismo presentaron una querella contra el genocidio franquista ante la Justicia argentina. Trascurridos estos meses, la jueza María Servini de Cubría ha remitido a las autoridades españolas un escrito donde se pregunta si se están investigando en España los crímenes cometidos por el régimen de Francisco Franco en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
En el escrito, al que ha tenido acceso nuevatribuna.es, se informa de la causa abierta en Argentina para investigar la posible comisión de “hechos atroces de genocidio y lesa humanidad” entre los que se cuentan “torturas, asesinatos, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores”.
La querella parte de las denuncias de familiares de víctimas del franquismo, pero se hace extensible –según consta en el auto- a “miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección, en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.
El escrito relata el estremecedor testimonio de una de esas víctimas, Silvia Carretero, viuda de José Luis Sánchez Bravo, fusilado el 27 de septiembre de 1977. Ella misma fue torturada por la Guardia Civil estando embarazada de pocos meses.
Con estos hechos, la jueza federal argentina pide a las autoridades españolas información relacionada con la causa que intentó abrir el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por el que se le acusó de prevaricación tras una querella interpuesta por Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias y que se encuentra ahora a la espera de juicio. En caso afirmativo, la magistrada solicita “hacer conocer a esta Judicatura la naturaleza y el estado procesal actual de las investigaciones, con expresa indicación de los tribunales actuantes”.
El pasado mes de abril, víctimas del franquismo presentaron una querella contra el genocidio franquista ante la Justicia argentina. Trascurridos estos meses, la jueza María Servini de Cubría ha remitido a las autoridades españolas un escrito donde se pregunta si se están investigando en España los crímenes cometidos por el régimen de Francisco Franco en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
En el escrito, al que ha tenido acceso nuevatribuna.es, se informa de la causa abierta en Argentina para investigar la posible comisión de “hechos atroces de genocidio y lesa humanidad” entre los que se cuentan “torturas, asesinatos, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores”.
La querella parte de las denuncias de familiares de víctimas del franquismo, pero se hace extensible –según consta en el auto- a “miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección, en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.
El escrito relata el estremecedor testimonio de una de esas víctimas, Silvia Carretero, viuda de José Luis Sánchez Bravo, fusilado el 27 de septiembre de 1977. Ella misma fue torturada por la Guardia Civil estando embarazada de pocos meses.
Con estos hechos, la jueza federal argentina pide a las autoridades españolas información relacionada con la causa que intentó abrir el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por el que se le acusó de prevaricación tras una querella interpuesta por Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias y que se encuentra ahora a la espera de juicio. En caso afirmativo, la magistrada solicita “hacer conocer a esta Judicatura la naturaleza y el estado procesal actual de las investigaciones, con expresa indicación de los tribunales actuantes”.
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