NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 14.10.2010

Una información elaborada por la revista Interviú ha hecho saltar todas las alarmas. Según esta publicación, “las criptas de la basílica, donde descansan cerca de 40.000 personas fueron abiertas por un equipo de forenses enviados desde Moncloa”. Ante la noticia, el Ejecutivo se ha visto obligado a dar una explicación de estos hechos y el PP se ha apresurado a pedir la comparecencia urgente de María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta primera del Gobierno desmintió este miércoles que se estén exhumando cadáveres –“no se han tocado restos humanos”, señaló en una entrevista en Veo7- o que no se esté actuando con transparencia en lo que llamó “prospecciones”, pero sí reconoció que se están realizando trabajos con médicos forenses para determinar si es posible exhumar los cuerpos, además de elaborar un censo con las personas allí enterradas y realizar un estudio digitalizado de los fondos documentales y del estado arquitectónico del edificio.

En noviembre de 2008, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la exhumación de los cuerpos de ocho republicanos que fueron enterrados allí sin el conocimiento ni el consentimiento de sus familiares después de ser fusilados en Pajares de Adaja. Las familias conocen el lugar exacto donde se encuentra el nicho, “la caja colectiva o columbario 198, piso1º, de la Cripta derecha y caja individual 10.672, piso 1º, Cripta África de la Basílica del Valle de los Caídos”, una información aportada por los monjes benedictinos, que son los que gestionan la Abadía, la Basílica, una hospedería, una escolanía y hasta un colegio privado que organiza campamentos de verano para medio centenar de niños.

Dos años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el 23 de noviembre de 2009, Patrimonio Nacional ordenó el cierre de la Basílica para la remodelación y restauración de los conjuntos escultóricos realizados por Juan de Ávalos, entre ellos la estatua de La Piedad. También quedaron clausurados el restaurante y la cafetería y se prohibió cualquier acto de exaltación del fascismo que año tras año celebraban los nostálgicos del franquismo. El recinto cerró las visitas al turismo dejando sólo la misa de las once donde a veces se sigue recordando al “hermano Francisco”, es decir, al Generalísimo Francisco Franco, enterrado allí junto con José Antonio Primo de Rivera.

Tal y como destaca el periodista Fernando Olmeda, autor del libro El Valle de los Caídos. Una memoria de España que salió publicado coincidiendo con el 50 aniversario de la construcción del mausoleo y que fue ampliamente reseñado por la periodista Agnese Marra en nuevatribuna.es, a día de hoy “el monumento está más muerto que vivo”. Tal es así, que ya en 2009, no se celebró ningún acto significativo por parte de la ultraderecha aunque se siguen celebrando seminarios y cursos de formación y este año 2010 se prevé que la misa organizada cada 20 de noviembre por la Fundación Francisco Franco se celebre en otro lugar.

Pero ¿existe un plan diseñado por el Gobierno para que el Valle de los Caídos construido con el trabajo forzado de cerca de 30.000 presos se convierta algún día en un monumento democrático? El Ejecutivo no ha dado todavía información precisa al respecto. Para Olmeda, lo razonable es que “se acuerde con la familia el traslado de los restos del dictador al Panteón familiar, en el Pardo”, convirtiéndolo así en un espacio museístico de la memoria: “Hay que resucitar al muerto y darle contenido”, añade.

El recinto sigue estando regido por el decreto aprobado en 1957 por el régimen franquista, que ensalza lo que fue la ‘cruzada nacional’, en el que se dice que el Valle de los Caídos –conocido también como Cuelgamuros- es “un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios”.

A iniciativa de Izquierda Unida, el senador Joan Josep Nuet, pidió el pasado 22 de septiembre la derogación de dicho decreto, posibilidad esta que ni siquiera está recogida en la Ley de Memoria Histórica. En la moción debatida en la Cámara Alta, el parlamentario del Grupo Entesa Catalana de Progés destacó que el monumento sigue recibiendo una subvención de 340.000 euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones. El decreto-ley rige todavía la actividad del mausoleo y permite que los monjes tengan autonomía y no se vean obligados a rendir cuentas de los ingresos por las actividades que se realizan en el recinto. Sólo en el año 2008 recibió un total de 369.877 visitantes, según cifras de Patrimonio Nacional y los ingresos anuales rondaban el millón de euros según los datos aportados por Presidencia del Gobierno.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, su presidente Emilio Silva, destaca lo “poco comprensible” que resulta a estas alturas que todos los españoles, entre ellos las propias víctimas de la dictadura “estén pagando con sus impuestos la tumba del dictador”, algo impensable en otros lugares como Italia, donde Benito Mussolini descansa en una humilde cripta de su pueblo natal, o el portugués Oliveira Salazar, cuyos restos se encuentran también en la aldea que le vio nacer.