NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 25.03.2010
Parece –en palabras del secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Daniel Méndez “una película de terror” pero en realidad es la fotografía de los llamados centros terapéuticos para menores con trastornos de conducta o problemas de salud mental. Las denuncias de algunos de ellos han hecho saltar las alarmas en la Comunidad donde la oposición exige a Esperanza Aguirre un mayor control de estos chavales bajo guardia y custodia del Gobierno regional.
Las primeras denuncias se conocieron el pasado mes de diciembre. Con anterioridad, el Defensor del Pueblo abrió una investigación a raíz del suicido en 2008 de un niño marroquí de 12 años en la residencia Picón del Jarama. Enrique Múgica remitió al Gobierno una serie de recomendaciones para establecer un protocolo consensuado por todas las Comunidades Autónomas y que se prevé pueda salir a la luz en breve plazo. Un técnico de esta institución visitó por sorpresa la semana pasada el centro de Galapagar y decidió abrir una investigación ante una situación que calificó de “alarmante”. También ha tomado cartas en el asunto el Defensor del Menor de Madrid, Arturo Canalda, que precisa que la apertura de un expediente no implica que se hayan detectado anomalías.
Las presuntas anomalías van desde golpes en la cabeza; duchas frías ante la mirada de los educadores; sujeciones con ataduras a sus camas; administración de fármacos sin control; insultos y todo tipo de castigos psíquicos y físicos, sin contar con posibles abusos sexuales como el conocido a través de una denuncia interna realizada por una joven en el centro de Galapagar.
En Madrid existen 7 centros de este tipo, la mayoría de ellos están externalizados, es decir gestionados por empresas privadas. Mental Consulting s.l. dispone de tres licencias: los centros de Galapagar, El Escorial y Robledo de Chavela. Las adjudicaciones van del 1.700.000 euros por dos años en el primero; 2.000.000 euros por tres años en el segundo; y 600.000 euros en el tercero.
El PSM lleva tiempo denunciando los presuntos malos tratos y exigiendo a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad un protocolo de actuación. Para Daniel Monzón, los menores tutelados tienen que estar bajo control de la administración pública y no de empresas con ánimo de lucro. Este dirigente socialista se queja de la dificultad para acceder a los datos, números de menores tutelados, tipos de centros (existen pisos tutelados) y la razón social de los mismos dado que, aunque dependen de la Consejería, su gestión ha sido adjudicada en un 85% a empresas privadas.
La portavoz de Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez, pide “cautela” ante unos hechos que son “muy graves”, dice en declaraciones a Nuevatribuna.es. “Hablamos de vulneración de derechos fundamentales que hay que investigar y contrastar teniendo en cuenta todos los testimonios aportados” tanto de los menores como del personal de estos centros, asegura.
El PSM pedirá la comparecencia en comisión parlamentaria de Artura Canalda ante su “incapacidad” de investigar “denuncias reales”. Sánchez apela a la “responsabilidad” que el Gobierno regional tiene contraída con estos menores que “no han cometido ningún delito” sino que están en esos centros por problemas de adaptación social y con familias que no pueden hacerse cargo.
“Algo no está funcionando bien. Hoy por hoy, estos centros no están funcionando como debería”, afirma la diputada socialista que exige al Ejecutivo del PP “mejoras de un 0 a un 100” en la gestión, en la elección de los profesionales más adecuados, y en garantizar legalmente los servicios de educación y sanitarios.
Parece –en palabras del secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Daniel Méndez “una película de terror” pero en realidad es la fotografía de los llamados centros terapéuticos para menores con trastornos de conducta o problemas de salud mental. Las denuncias de algunos de ellos han hecho saltar las alarmas en la Comunidad donde la oposición exige a Esperanza Aguirre un mayor control de estos chavales bajo guardia y custodia del Gobierno regional.
Las primeras denuncias se conocieron el pasado mes de diciembre. Con anterioridad, el Defensor del Pueblo abrió una investigación a raíz del suicido en 2008 de un niño marroquí de 12 años en la residencia Picón del Jarama. Enrique Múgica remitió al Gobierno una serie de recomendaciones para establecer un protocolo consensuado por todas las Comunidades Autónomas y que se prevé pueda salir a la luz en breve plazo. Un técnico de esta institución visitó por sorpresa la semana pasada el centro de Galapagar y decidió abrir una investigación ante una situación que calificó de “alarmante”. También ha tomado cartas en el asunto el Defensor del Menor de Madrid, Arturo Canalda, que precisa que la apertura de un expediente no implica que se hayan detectado anomalías.
Las presuntas anomalías van desde golpes en la cabeza; duchas frías ante la mirada de los educadores; sujeciones con ataduras a sus camas; administración de fármacos sin control; insultos y todo tipo de castigos psíquicos y físicos, sin contar con posibles abusos sexuales como el conocido a través de una denuncia interna realizada por una joven en el centro de Galapagar.
En Madrid existen 7 centros de este tipo, la mayoría de ellos están externalizados, es decir gestionados por empresas privadas. Mental Consulting s.l. dispone de tres licencias: los centros de Galapagar, El Escorial y Robledo de Chavela. Las adjudicaciones van del 1.700.000 euros por dos años en el primero; 2.000.000 euros por tres años en el segundo; y 600.000 euros en el tercero.
El PSM lleva tiempo denunciando los presuntos malos tratos y exigiendo a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad un protocolo de actuación. Para Daniel Monzón, los menores tutelados tienen que estar bajo control de la administración pública y no de empresas con ánimo de lucro. Este dirigente socialista se queja de la dificultad para acceder a los datos, números de menores tutelados, tipos de centros (existen pisos tutelados) y la razón social de los mismos dado que, aunque dependen de la Consejería, su gestión ha sido adjudicada en un 85% a empresas privadas.
La portavoz de Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez, pide “cautela” ante unos hechos que son “muy graves”, dice en declaraciones a Nuevatribuna.es. “Hablamos de vulneración de derechos fundamentales que hay que investigar y contrastar teniendo en cuenta todos los testimonios aportados” tanto de los menores como del personal de estos centros, asegura.
El PSM pedirá la comparecencia en comisión parlamentaria de Artura Canalda ante su “incapacidad” de investigar “denuncias reales”. Sánchez apela a la “responsabilidad” que el Gobierno regional tiene contraída con estos menores que “no han cometido ningún delito” sino que están en esos centros por problemas de adaptación social y con familias que no pueden hacerse cargo.
“Algo no está funcionando bien. Hoy por hoy, estos centros no están funcionando como debería”, afirma la diputada socialista que exige al Ejecutivo del PP “mejoras de un 0 a un 100” en la gestión, en la elección de los profesionales más adecuados, y en garantizar legalmente los servicios de educación y sanitarios.
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