DENUNCIA CCOO

La reforma de la Formación para el Empleo emprendida por el Gobierno es un fracaso

Dos años después de aprobada la reforma urgente del Sistema de FPE se sigue viviendo una situación de transitoriedad.

CCOO y UGT han mantenido esta semana reuniones con los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, PSOE y Esquerra Republicana, que se han mostrado muy receptivos a las propuestas sindicales, orientadas a conseguir una formación para el empleo que ayude a formar a los trabajadores y trabajadoras menos cualificados, atienda las necesidades de las empresas, contribuya a aumentar el nivel educativo de los jóvenes y que esté basada en la cooperación, la negociación colectiva y el diálogo social.

Todos los grupos políticos (con excepción del partido Popular), los empresarios y las organizaciones sindicales coinciden en el rotundo fracaso de la reforma de la Formación para el Empleo emprendida por el gobierno. La llegada al poder del PP significó una drástica reducción de los fondos destinados a la mejora de las cualificaciones de ocupados y desempleados y la modificación unilateral del Sistema de Formación para el Empleo (FPE). Pero, dos años después de aprobar mediante el Real Decreto Ley 4/2015 la reforma urgente del Sistema de FPE en el ámbito laboral “para dar respuesta de forma inmediata y de una manera más eficaz y eficiente a las necesidades formativas de los trabajadores y del sistema productivo”, no se ha publicado ninguna de las normas de desarrollo previstas y se vive una situación de transitoriedad y desorden muy graves.

Entre 2012 y 2016 los excedentes de los presupuestos de FPE de gestión estatal no destinados a formación han ascendido a más de 1.000 millones de euros, a los que habría que añadir los importes no ejecutados en las CCAA. Tanto empresarios como sindicatos han recurrido a la Defensora del Pueblo para obtener información, que el Ministerio de Empleo les ha negado, sobre el destino de los remanentes de la cuota de Formación Profesional.

Mientras el resto de países de la UE-18 intensifica sus esfuerzos por adaptar las cualificaciones y competencias de su población a las exigencias de los cambios del sistema productivo, en España, por primera vez en más de una década, ha descendido el porcentaje de personas que realizaban actividades de formación permanente. Ha descendido también la proporción de jóvenes y mujeres que realizan cursos de formación y más de 100.000 PYMES han abandonado el sistema de bonificaciones a la formación, que experimenta un descenso continuado desde 2013.

Por otro lado, las organizaciones sindicales y empresariales, se han visto obligadas a llevar también a los tribunales su exclusión del órgano colegiado que emite informe sobre las propuestas de financiación de los planes de la oferta formativa de la convocatoria 2016.

Javier López, secretario confederal de Formación de CCOO, señala que el gobierno tiene como único propósito apropiarse de los fondos de la cuota de FP y expulsar a los agentes sociales de los órganos de decisión sobre esta materia. Nunca ha contado con un modelo alternativo para mantener la cualificación de los trabajadores y trabajadoras de este país y, por esa razón, ha sido incapaz de desarrollar y poner en marcha sus propias normas.

En este contexto, los sindicatos proponen una reforma centrada en cinco ejes:

  • Mejorar la gobernanza y la transparencia del sistema de formación para el empleo. Para ello es preciso fortalecer la participación de los interlocutores sociales, definir con claridad el papel de los distintos agentes que intervienen en el sistema y reforzar los espacios de consenso.
  • Desarrollar la vinculación entre la formación para el empleo y la negociación colectiva sectorial estatal a través de las Estructuras Paritarias. Estas entidades deben conectar las demandas del mercado de trabajo con la oferta de cursos y articular la formación de las PYMES y micro PYMES.
  • Aumentar la intervención de los representantes de los trabajadores en la formación en la empresa con el fin de desarrollar el derecho individual a la formación.
  • Impulsar una oferta de formación para el empleo en la red de centros públicos que supere las limitaciones de los centros privados que, por cuestiones de rentabilidad económica, ofrecen prioritariamente formación generalista poco especializada.
  • Disponer de una financiación estable y suficiente. Es necesario reanualizar todos los fondos aportados por empresas y trabajadores en concepto de cuota de Formación Profesional y alcanzar un acuerdo sobre las iniciativas a financiar con los mismos.