Lo quieren todo. No contentos con la quiebra de las relaciones laborales y de la negociación colectiva que introduce la reforma laboral; insaciables con la vulneración de derechos laborales; y decididos partidarios de la ofensiva contra el poder contractual de los sindicatos, el aparato mediático conservador elige ahora la Justicia como blanco de sus diatribas
Algunos medios de comunicación económicos creen que la Justicia mete la pata con frecuencia cuando dicta sentencias que afectan a la reforma laboral. Culpabilizan a los jueces con lindezas como esta: “La acumulación de sentencias judiciales abiertamente contrarias a la reforma laboral en vigor, constituyen un despropósito, porque la inseguridad jurídica que están generando los jueces responsables de esos autos puede acabar siendo muy perjudicial para la economía española”. Todos ellos están fuertemente comprometidos con la defensa de la reforma laboral del Gobierno conservador, una reforma laboral que ha servido para devaluar los salarios, trasvasar rentas del trabajo al capital, destruir empleo, reducir los derechos de los trabajadores y romper el equilibrio de las relaciones laborales, incrementando el poder empresarial.
Lo quieren todo. No contentos con la quiebra de las relaciones laborales y de la negociación colectiva que introduce la reforma laboral; insaciables con la vulneración de derechos laborales; y decididos partidarios de la ofensiva contra el poder contractual de los sindicatos, el aparato mediático conservador elige ahora la Justicia como blanco de sus diatribas. Pretenden estos medios de comunicación que los Tribunales de Justicia se plieguen a la norma política, e ignoran conscientemente que cuando la norma política cuestiona el texto constitucional o el derecho comunitario, lo que debe hacerse es cambiar la norma.
Ayer fueron las interpretaciones judiciales sobre los expedientes de regulación de empleo y el incumplimiento de los procedimientos por parte de los empresarios, ahora es la sentencia del 15 de abril de la Sala de lo Social del tribunal Supremo sobre el ERE de Coca Cola, a partir de una reflexión temeraria e irresponsable sobre los derechos laborales y el empleo. Juzgan el derecho a trabajar como si de un privilegio se tratara, y piden a los tribunales que no entorpezcan el objetivo empresarial, a menudo obsesionado con el despido masivo de trabajadoras y trabajadores. En un país con 5,5 millones de personas en paro, la derecha mediática más ultramontana no duda en incrementar esa insoportable cifra, si con ello se abre paso la demanda empresarial de despido libre y, al ser posible, cuasi gratuito.
Es la ley de la selva. Seguramente se escuden estos propagandistas en que son los empresarios los que crean empleo y no se puede “actuar contra ellos”. Repetirán una y mil veces que la reforma laboral es una norma básica para impulsar la creación de empleo y callarán conscientemente que en los tres años de vigencia de la sacrosanta reforma del PP, se han destruido centenares de miles de puestos de trabajo.
Poco o nada les importará que el derecho comunitario haya insistido en la obligación de buena fe en la negociación colectiva, un objetivo que resulta incompatible con la violación de derechos fundamentales, que es lo que ha ocurrido durante el periodo de consulta, causa decisiva en el pleito de Coca Cola.
Por eso, cuando estos medios intentan recurrir a la autoridad del Tribunal Constitucional -cuya reforma laboral avaló- o a las recomendaciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para profundizar en la desregulación del mercado de trabajo -el capitalismo financiero justifica esta liberalización como la mejor herramienta para acabar con la dualidad laboral (que sarcasmo)- solo cabe responderles con la necesaria legitimidad de la acción de la justicia, del respeto al derecho del trabajo, a la propia Constitución y a la legislación comunitaria. Los problemas de aplicación de la Reforma de 2012 no son de los jueces de la Audiencia Nacional o de cualquier tribunal, sino de manera singular, de sus autores; son el resultado de la escasa y defectuosa calidad técnica de la ley. Al fin y al cabo, a CCOO son las personas las que nos interesan, no solo las estadísticas.
