CCOO muestra su rechazo al anuncio de laudo obligatorio para acabar con el conflicto de El Prat

El sindicato considera que el conflicto, que se pretende resolver con medidas autoritarias, es consecuencia de la precarización del empleo externalizado y de los efectos perversos de la reforma laboral.

CCOO considera que el nombramiento de un árbitro para resolver mediante laudo obligatorio el conflicto surgido en el aeropuerto de El Prat es una respuesta autoritaria del Gobierno, que ataca al ejercicio efectivo de derechos como el de Huelga y la propia Negociación Colectiva.

En opinión del sindicato esta medida, junto con la determinación de unos servicios mínimos claramente abusivos y la utilización de efectivos de la Guardia Civil, supone una conculcación de derechos fundamentales.

Para CCOO, el problema de fondo en este conflicto es la utilización de la subcontratación de actividades como fórmula de precarización de las condiciones de trabajo. Las Administraciones Públicas se han puesto a la cabeza de esa dinámica. Esta forma de externalizar actividades para disminuir costes, y por tanto salarios, es especialmente perversa cuando nos referimos a servicios especialmente delicados, como son los que tienen que ver con la seguridad aérea.

A esto se añaden las consecuencias de la reforma laboral. Recordemos que desde la misma, se permite suscribir convenios de empresa que empeoren las condiciones salariales de los convenios del sector. Esto es lo que ha  ocurrido en el servicio de seguridad de las líneas de El Prat: un convenio de la empresa de seguridad en Barcelona fija unos salarios bajos que acaban provocando la reacción de trabajadores/as.

Para CCOO, este modelo laboral “low cost” va a seguir provocando caídas de los salarios y crecientes movilizaciones que podrán afectar a este o a otros sectores.

Por ello, CCOO hace un llamamiento a abordar de forma integral la precarización del empleo y los salarios en el sector de la seguridad y en otros. Y también a revertir los procesos de externalización de actividades que el propio Gobierno (ahora) considera de interés general para justificar sus servicios mínimos o la intervención de la propia Guardia Civil.

Igualmente reivindicamos la derogación del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que desde la Reforma Laboral del año 2012 dice que “la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior” en materias como los salarios.

Por último, CCOO estudiará jurídicamente las medidas hoy decretadas para actuar en consecuencia, pues entendemos que están en cuestión derechos fundamentales.