Nada menos que en 1977 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una estrategia, la de “Salud para todos en el año 2000” con unos objetivos tan ambiciosos que en 1998 viendo su previsible incumplimiento le obligó a poner en marcha una nueva declaración la de “de Salud para todos en el siglo XXI” que tiene como principal objetivo el de conseguir que todas las personas alcancen permanentemente su potencial de salud, con 2 metas principales: promover la salud de las personas a lo largo de toda su vida y reducir la incidencia de las principales enfermedades.
El mismo documento señala tres valores básicos de esta estrategia:
- La salud como derecho fundamental de los seres humanos
- La equidad y la solidaridad entre los países y toda la población
- La participación en el desarrollo continuo de la salud
Posteriormente, en 2018, se establece la estrategia de la cobertura universal de la salud, cuyo objetivo es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. La OMS señala que para que una comunidad o un país pueda alcanzar la cobertura sanitaria universal se han de cumplir varios requisitos:
• un sistema de salud sólido
• un sistema de financiación de los servicios de salud
• acceso a medicamentos y tecnologías esenciales;
• personal sanitario bien capacitado.
No hay que ser un lince para asegurar que poco se ha avanzado al respecto a nivel mundial y que incluso en muchos sitios se ha retrocedido de una manera muy significativa.
En España las políticas sanitarias de los últimos gobiernos han ido dirigidas a recortar recursos, promover las privatizaciones, introducir copagos y excluir de la asistencia los colectivos más vulnerables
En el mundo cuatro son los grandes problemas que impiden avanzar en el derecho a la salud: el principal, por el numero de personas afectadas, probablemente es la pobreza que condiciona el acceso a prestaciones sanitarias y que produce pro si misma un empeoramiento de la salud (hambre y/o alimentación inadecuada, falta de acceso a agua potable, condiciones higiénicas inapropiadas, etc.); el segundo son las guerras que someten a un importante grupo de poblaciones a riesgos de muerte, heridas, amputaciones, etc., así como a la destrucción de las infraestructuras sanitarias; el tercero son las migraciones en gran parte condicionadas por los dos anteriores; y el cuarto es el neoliberalismo y las privatizaciones, es decir el protagonismo creciente de los intereses mercantiles en el aseguramiento, la provisión y el funcionamiento de los servicios sanitarios.
En España las políticas sanitarias de los últimos gobiernos han ido dirigidas a recortar recursos, promover las privatizaciones, introducir copagos y excluir de la asistencia los colectivos más vulnerables. Frágiles, en flagrante contradicción con los objetivos de la OMS, que, por supuesto, el gobierno español no ha tenido ningún reparo en aprobar a la vez que los ningunea en la práctica, como se demuestra sin ir mas lejos en el ultimo proyecto de presupuestos que acaba de presentar. En esta estrategia, que ha acabado con el derecho de toda la población a la atención de salud, han tenido especial protagonismo tres medidas:
a) La aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril que anuló las tarjetas sanitarias de los inmigrantes y otros colectivos y amplió los copagos especialmente a los pensionistas
b) Los recortes en gasto y personal sanitario con el argumento de la crisis y la exigencia de la UE de recortar el endeudamiento público
c) La generalización de las privatizaciones bajo el eufemismo de colaboración privada para financiar y gestionar centros y servicios sanitarios, que han reducido recursos y aumentado los costes.
Los resultados de estas medidas han perjudicado a los grupos de población más necesitados como inmigrantes, jóvenes y parados de larga duración (a los que se privado del derecho a la asistencia); pensionistas y enfermos crónicos (que, en muchos casos, el 4,4% de la población, nada menos que 2 millones de personas, no pueden retirar de las farmacias los medicamentos prescritos por sus médicos); y el incremento en las desigualdades territoriales y en la oferta de servicios. La aplicación de estas medidas no ha sido igual en todas las comunidades autónomas.
El actual gobierno del Partido Popular ha acabado con el derecho a una Asistencia Sanitaria Universal en nuestro país, aplicando una política que busca la extensión de los seguros privados financiados con dinero público potenciando MUFACE (que presta atención a los funcionarios públicos a través mutuas y aseguradoras privadas) o aplicando desgravaciones fiscales a quienes contraten seguros complementarios; la potenciación de la provisión sanitaria privada (conciertos, externalizaciones, concesiones, etc.) que fracciona la cobertura sanitaria y potencia la provisión privada, como muestra que el gasto privado que supone ya más del 30% del gasto sanitario total. El resultado es la aparición y crecimiento entre los españoles, por primaria vez en muchos años, de importantes barreras y desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios y a sus prestaciones.
Por último, la actual orientación del sistema a la medicina especializada centrada en los hospitales; al uso intensivo e irracional de fármacos y pruebas tecnológicas cada vez más costosas; a la marginación de la Atención Primaria y la Salud Pública; y al abandono de la promoción y la prevención, ponen en riesgo la salud y la sostenibilidad a medio plazo del actual sistema sanitario público.
Tenemos que ser conscientes de que para mantener el Servicio Nacional de Salud Universal, accesible y Equitativo, es necesario tener gobiernos progresistas con voluntad política (como el valenciano que ha restituido el Hospital de Alzira a la Sanidad Pública), el apoyo y la movilización social (extendiendo y potenciando las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública que integran a sindicatos, organizaciones ciudadanas, grupos políticos, etc.) y un sector profesional comprometido con el mismo.
La situación de la salud en el mundo no es buena y el pronostico es francamente preocupante, pero la resignación no cambiara las cosas, por eso debemos de sumarnos a los millones de personas que en todo el mundo reclaman el derecho a la salud como un derecho humano fundamental y tener claro que para garantizarlo es fundamental contar con potentes servicios sanitarios públicos que antepongan los derechos de las personas a los beneficios empresariales y los intereses de los mercados.
