El pasado 8 de enero se publicó en un medio profesional un artículo (“Es el momento de la Política en la Sanidad en Madrid”) que por la urgencia del asunto tuve especial interés en que saliera publicado, aunque fuera sólo en un medio de esas características, antes de que el Pleno de la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, convocado para el día siguiente, hiciese pública su decisión respecto a la acumulación de las diferentes decisiones de distintas Secciones de la misma Sala sobre la suspensión del proceso privatizador de las gestión de seis hospitales puesto en marcha por la Comunidad de Madrid. Ese interés se debía a dos razones distintas: la primera, exponer que, en contra de la mayoría de las opiniones circulantes entre todos los grupos opuestos al proceso privatizador, principalemntre los profesionales, existían razones suficientes como para pensar que la decisión del Pleno de la Sala previsiblemente no iba a ser la de levantar la suspensión del proceso dictada provisionalmente por algunas de esas Secciones; la segunda, que esas razones se compadecían mal con el clima de derrota que, pese al éxito que suponía haber logrado la suspensión del proceso hasta entonces, se extendía en aquel momento entre los opositores a éste, una situación de contraste a la que se trataba de buscar explicación.
La rapidez imprevista con la que se produjo la decisión del TSJM en el sentido que lo hizo, devolviendo la solución de los recursos contra las decisiones de suspensión dictadas por determinadas Secciones, en especial la Tercera, a estas mismas, hizo que no me parecieran oportunos comentarios más inmediatos a los hechos en el artículo anterior. Por otra parte, en éste la tercera línea de argumentación, que justificaba el título del artículo, era que, pese a su eficacia hasta entonces, incluso para después de la decisión previsible de los recursos por el TSJM, la “vida útil” de la línea jurídica como instrumento principal de oposición al proceso privatizador había llegado a su fin; y que si quería evitar en el futuro la repetición del intento por unas u otras vías, era la vía de la oposición política la que tenía que tenía que llevar la voz cantante a partir de ahora, sobre la base de actuaciones concretas que se proponían allí.
La rapidez con que se ha producido la decisión de la Sección Tercera de hace unos días, confirmando, como era previsible que hiciera, la suspensión del proceso privatizador, ahora ya definitiva hasta que se resuelva el fondo de los recursos, lo que puede tardar varios años, hace de nuevo inadecuado, por menos necesario, incidir en el análisis de las formas que han dado lugar a ese resultado. Hacen también poco prioritario el análisis de la actitudes que hasta que se dictó de manera imprevista el auto del 27 de enero pasado ha mantenido la Comunidad de Madrid, tratando de sembrar desaliento entre quienes le iban ganando poco a poco la partida, y dudas sobre el sentido que podría adoptar la decisión de las Secciones correspondientes, con argumentos bastante peregrinos desde el punto de vista jurídico eso sí, vehiculados con fervor por la prensa adicta; todo ello a la vez que se pretendía ignorar el olor evidente a cadáver político de resucitación difícil que emanaba del Gobierno de la Comunidad, y en particular de su consejero de Sanidad. Una actitud que traduce bien a las claras cómo el intento por parte de éstos de “colar” la privatización ha seguido hasta el último minuto, y sólo han cejado en el mismo cuando se les ha impuesto así por la única vía, la judicial, que podía hacerlo. Lo que, a su vez, ha generado los comentarios unánimes de sus adictos, poniendo en cuestión si decisiones judiciales como la adoptada, impuestas sobre decisiones de un ejecutivo, no suponen por sí mismas una desviación de los principios de funcionamiento de un estado democrático; argumentos que no merecen respuesta desde un artículo como éste, y que viniendo de quienes vienen, sólo pueden entenderse como expresión del desconcierto y la desesperación en la que se encuentra sumido el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid después de sus sucesivos fracasos, éste el último, en distintos proyectos “estrella” de su gobierno en esta legislatura.
En todo caso, y pese a esa situación actual de ese gobierno, la única posibilidad de que el proceso privatizador prospere otra vez es que este PP madrileño, pese a todo, recupere una posición de gobierno con mayoría propia o con el apoyo de otros (UPyD, manifiestamente contraria a la privatización por el momento, ya ha mencionado en alguna ocasión la posibilidad de apoyar con condiciones a un gobierno popular que obtuviese la minoría mayoritaria) que le permita retomar la iniciativa en esa línea. Una situación que sólo puede ser propiciada por la división del voto y la representación de todo lo que no sea el PP (la derecha parece aún lejos de fragmentarse aquí dado el carácter "tea-party"del gobierno madrileño) entre distintos partidos opuestos a las políticas de aquél, sin ningún acuerdo entre ellos para centrar como problema político prioritario actual en Madrid la privatización sanitaria.
Por su parte, una manera de explorar la posibilidad de que eso ocurra es analizar las reacciones que se han producido a la decisión en el sentido indicado del Pleno de la Sala de lo contencioso del TSJM, y a la más reciente, de sólo unos días después, de la Sección Tercera del mismo, así como a las decisiones posteriores de la Comunidad de Madrid, que han supuesto el cese del anterior consejero de sanidad madrileño, y, conforme a las palabras del nuevo, la paralización definitiva del proceso privatizador…durante esta legislatura .
Las reacciones ante la paralización del proceso privatizador
1) De entre esas reacciones la primera a destacar es la del error de análisis en que pueden estar empezando a incurrir algunas de las plataformas que se han creado para activar la oposición popular al proceso privatizador del PP.
Derivar de una decisión judicial que el éxito de la paralización del proceso se ha debido principalmente a la oposición "en la calle" contra el mismo, como están haciendo algunos analistas y no pocos comentaristas de determinados medios, que engloban este movimiento de oposición con otros recientes, como el de Gamonal en Burgos, que ha logrado también paralizar un proyecto de ámbito e interés diferente, es, en mi opinión, cometer un error de bulto: lo que caracteriza a este gobierno madrileño, como a otros del PP, es aplastar con su mayoría absoluta, si dispone de ella, la opinión expresada de una u otra forma por grupos de ciudadanos más o menos amplios que se opongan a las medidas que aquéllos adoptan. Debería estar claro que las de grupos más o menos amplios de ciudadanos precisan para imponerse de una traducción expresa al terreno político, especialmente en forma de alternativa positiva (cómo organizar y mantener unos servicios públicos universales de igual acceso para todos) al proceso que se pretende detener. Más todavía cuando se trata de cambios "estructurales" complejos, como es el proceso de privatización de la gestión, en un terreno como el sanitario en el que la oferta de servicios dispone de una amplia capacidad de inducir la demanda: el apoyo prestado por razones de interés personal o local por algunos alcaldes (y los vecinos a los que representaban) de los partidos que ahora se oponen a la privatización, a propuestas y decisiones (del PP), como es la construcción con financiación privada de ocho nuevos hospitales en diferentes pueblos y ciudades de Madrid, que figuró de manera expresa en el anterior programa del PP, y que está en la base del propio proceso de privatización actual, debería servir de alerta al respecto.
Debería también destacarse que si el proceso privatizador ha quedado en este momento detenido en este caso no ha sido por la intensidad de las protestas en la calle que ha generado el mismo, por otra parte oscilantes de unos momentos a otros y difíciles de sostener, como se ha podido comprobar por cualquier asistente a las “mareas” organizadas por unos y otros, sino por la decisión de conducir por la vía del recurso a las vías legales por parte de algunos grupos, singularmente profesionales sanitarios, la oposición al proceso privatizador. Lo que, además, se ha visto facilitado por la gestión chapucera y llena de irregularidades “técnicas” que ha llevado a cabo la Comunidad a lo largo de todo el proceso, que están en la base de la decisión paralizadora del mismo por la Sala Tercera.
No entenderlo así puede llevar a conducir la oposición ciudadana por caminos de difícil salida e imposibles de mantener, al menos con carácter mayoritario, lo que les haría perder su valor. Un ejemplo de iniciativas bien intencionadas y entusiastas, que podrían, sin embargo, hipotecar su eficacia a medio plazo es la propuesta de una de esas plataformas ciudadanas en Madrid de iniciar una recogida de firmas en la que comprometer la renuncia expresa de los ciudadanos que la suscriban a ser remitidos a centros privados para practicarles exploraciones o intervenciones que tengan mayor demora en centros públicos.
La organización de la atención sanitaria es un problema político que deben gestionar las autoridades a las que se ha elegido para hacerlo, y su solución no puede de ninguna manera pretenderse que se haga recaer principalmente sobre los ciudadanos que precisen atención sanitaria, sean cuales sean cuáles sean su criterios políticos. Más aún cuando la forma de favorecer los intereses privados de las empresas que resultaron adjudicatarias del concurso fallido, y de las que se mueven en el mismo entorno, agrupadas en torno al IDIS (Instituto de Desarrollo e Innovación Sanitaria), será previsiblemente en el período transitorio más inmediato el aumento de las desviaciones de pacientes a centros privados con los fines citados, que ya venía siendo empleada aquí; una situación que, por otra parte, será casi obligada en muchos casos como consecuencia del deterioro de los centros públicos en términos de capacidad asistencial, disponibilidad de tecnologías, reducción de las plantillas y demás, que se ha venido produciendo de manera deliberada y sin justificación alguna, sino como instrumento para favorecer el proceso privatizador, desde hace años.
Las demandas de esas empresas para compensar de esa manera la paralización del proceso privatizador no es más que una forma de hacer explícita la necesidad de obtener la rentabilidad buscada a las inversiones que han hecho a lo largo de los últimos años para expandir su propia red: se puede ver al respecto la creación de nuevos centros y la ampliación de los medios materiales y técnicos de otros que han llevado a cabo en los últimos años en Madrid compañías de seguros y cadenas de hospitales privados, del que un buen ejemplo el Hospital de Madrid, cuyos directivos (familiares) son los que tuvieron la iniciativa de crear el IDIS con objeto de promover los intereses de todos sin contradicciones entre ellos. El riesgo de no obtener la compensación pública deseada es hoy más verosímil cuando a la vez se está poniendo en cuestión la cobertura pública de los riesgos asumidos por las participantes en otra “burbuja”: la creada por las constructoras y concesionarias de las autopistas radiales promovidas por el mismo gobierno “popular” de la Comunidad de Madrid, encabezado entonces todavía por Esperanza Aguirre.
La respuesta al deterioro de los centros públicos que corre paralelo al fomento de los centros privados no debe ser o, al menos, no debe sustentarse principalmente, por las razones indicadas, en una respuesta ciudadana, que siempre lo sería de sólo un parte de la ciudadanía, sino en el control político del ejercicio de sus (ir)responsabilidades por la Comunidad de Madrid por los únicos que pueden ejercerlo, que son los partidos de la oposición.
2) Por su parte, los profesionales sanitarios han visto reducida su capacidad de oposición inmediata de manera manifiesta por la impúdica modificación de la contratación de plazas sanitarias interinas o eventuales por plazos algo más estables que los contratos irregulares de todo tipo que han proliferado durante un largo plazo en los centros sanitarios por voluntad del mismo gobierno que ahora pretende presentarse como resolutor de la situación que él mismo ha creado. Se trata de una forma de contratación que desde principios de enero está aplicando la consejería de sanidad madrileña, con la que pretende principalmente dividir y debilitar a los sectores que han dirigido los movimientos contrarios a la privatización, más aún a medida que se acercan las próximas elecciones autonómicas.
El primer discurso del nuevo consejero de la Sanidad madrileña ha dejado bien claro que su primera prioridad es, como han recogido todos los medios, “recomponer las maltrechas relaciones con los profesionales”, un objetivo que no debe entenderse que se reduzca a los grupos, principalmente de personal de hospitales, que, gracias a un planteamiento más amplio que el reivindicativo de sus propios intereses, y con una constancia, esfuerzo y amplitud de miras innegables, que carecían de precedentes en la actuación de este tipo de colectivos, le han ganado la partida en este momento.
Pero las posibilidades de introducir divisiones entre esos grupos o parte de ellos, es evidente: las iniciativas de introducir la gestión privada de los centros de salud, por médicos autoconstituídos en empresas para ello, sean o no previamente médicos del sistema público, formaba parte del proceso privatizador detenido. Aunque está ya descartado que en la actual situación de la Comunidad de Madrid se pretenda reactivar ese proceso, que no había alcanzado unos niveles de desarrollo tan avanzado como el de la privatización de los hospitales, un proceso así había recibido ya las críticas de diferentes colectivos (directores de centros de salud, profesionales de la Atención Primaria), pero también el apoyo de otros (médicos con ejercicio privado; los de compañías aseguradoras que podrían estar interesadas en asumir la gestión de uno o varios de ellos, siguiendo la experiencia del Hospital de Alzira).
Por su parte, otros colectivos y grupos específicos de médicos de determinado nivel (en general jefes de servicio o equivalentes) apoyan de manera decidida a través de sus entidades representativas formas de privatización “particular” de áreas concretas de los hospitales públicos englobadas bajo una interpretación peculiar del concepto de “gestión clínica”, que consistiría en dotar de autonomía de gestión no sólo clínica, sino también económica, de personal, suministros y cualquier otro concepto, a los profesionales que se pusieran a la cabeza de las mismas. Para ello, una modificación del Estatuto del personal médico promulgada por el Ministerio de Sanidad en los meses de verano propició la creación de una nueva situación jurídica al amparo del propio Estatuto, la de destino en “unidades de gestión clínica”, con todas las ventajas en cuanto a reserva de plaza pública y vuelta a ingresar en ella previstas para otras situaciones “especiales”.
No es casual que ese tipo de desarrollos figurasen de manera expresa y fuesen apoyados por diferentes entidades que firmaron el “pacto” de la profesión médica con el Ministerio de Sanidad, que llegó a merecer una foto con el presidente del Gobierno. Entre las entidades firmantes se encontraba, por ejemplo, la Federación de Asociaciones Científico-Medicas de España (FACME), cuyo presidente actual, casualidad de casualidades, es el Dr. Carlos Macaya, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Clínico de Madrid, cuyo liderazgo en esa materia le llevaría a ser uno de los aspirantes “naturales” a la creación de una de esas “unidades”, y a llevarse con ello al terreno de su beneficio privado, en el que ya desarrolla su actividad, lo que hasta ahora maneja, al menos de manera parcial, en el terreno público. No sería difícil encontrar otros ejemplos, sin el mismo grado de representación “profesional”, que podrían resultar expresivos de los intereses que se mueven en esta materia.
Todo ello debería tenerse en cuenta para entender lo que esconden las llamadas a la “recuperación de las relaciones maltrechas” con los profesionales, sin aludir para nada a por y por quién fueron maltrechas y, en consecuencia, con qué grado de confianza debería acudirse a ellas.
3) En cuanto a las posiciones de los partidos de la oposición, y aunque algunas de las reacciones observadas no tengan relación directa con el proceso privatizador, se han hecho especialmente visibles algunas actitudes que permiten ver con claridad por dónde van sus prioridades internas, y cómo éstas pueden perjudicar la eficacia de su oposición a ese proceso:
-a los pocos días de hacerse pública la decisión del TSJM, IU se veía inmersa en un proceso de luchas intestinas en Rivas-Vaciamadrid cuyas claves en términos de poder interno y listas electorales son incomprensibles desde fuera.
-a la vez, diferentes partidos y coaliciones electorales nuevas sin representación parlamentaria (Equo, 15-M y otros) que cabría genéricamente encuadrar en el ámbito amplio de la izquierda o, al menos, no en la derecha , anunciaban el comienzo de sus actividades de cara a las elecciones europeas, expresando posiciones electorales genéricas con diferencias que, al margen de las personas que las presentan, más allá de la alusión también genérica a "otras formas de hacer política" porque los partidos mayoritarios hasta ahora "no nos representan", y en el acento mayor o menor en ciertos problemas concretos, resultan también difíciles de percibir por el electorado al que aspiran, de manera que el único criterio para votar a unos u otros es la confianza personal que sean capaces de generar quienes les representen en las listas electorales de uno u otro nivel.
-por su parte, en el PSOE una política profesional de la clase " todo terreno", Secretaria de Organización de la organización madrileña, sembraba hace pocos días la confusión con unas declaraciones sobre las elecciones primarias en Madrid, al parecer no necesarias aquí cuando se reclaman a nivel nacional, que el Secretario General de este partido en Madrid tuvo que salir de inmediato a desmentir… con efectos dudosos.
La respuesta más inmediata de este último al mantenimiento provisional de la suspensión del proceso el 9 de enero ("recomiendo al presidente de la Comunidad de Madrid que incorpore (la privatización) al próximo programa electoral del PP y que los ciudadanos decidan") ha abierto, sin embargo, un campo de inquietud más específico: en primer lugar, parece marcar una tendencia a precisar más por contraste el programa electoral del rival que el propio, y a definir más éste en sentido negativo de oposición al contrario que a precisar en términos concretos el que se pretenda proponer por uno mismo.
En segundo lugar, un planteamiento así parece devolver el debate sobre las ventajas de la gestión privada aplicada a los servicios sanitarios públicos cerca de treinta años atrás y en términos teóricos, cuando en el momento actual hay evidencias más que suficientes en nuestro propio país (la Comunidad Valenciana, que extendió el modelo antes que la de Madrid, con el apoyo de un gobierno que incluía conexiones familiares con algunos de quienes pasaron a gestionar los centros sanitarios, y cuya gestión y situación económica y política actual son un buen ejemplo de a dónde conduce esa vía), pero también en otros, como para poder afirmar que la privatización de la gestión pública sanitaria sólo ha avanzado en condiciones de connivencia interesada entre los sectores privados que pretenden penetrar en la gestión pública en interés y beneficio propio y los gobiernos que aplican esas políticas. Algo que en el caso de la Comunidad de Madrid, con las experiencias previas de los consejeros Lamela y Güemes, y la presencia actual como Director General de Asistencia Hospitalaria del Dr. Antonio Burgueño, vinculado antes a aseguradoras y centros que han participado en el proceso, es más difícil aún de desmentir.
No se puede olvidar tampoco que el planteamiento del debate indicado en términos teóricos se introdujo por un Ministro de Sanidad socialista, el Sr. García Vargas, perteneciente a los sectores más "liberales" del PSOE, sólo dos años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, la base supuestamente constitutiva de nuestro SNS. Esa Ley careció desde el principio del apoyo de esos sectores partidarios, y sus términos más expresos no incluían ninguna referencia a la posibilidad de una deriva siquiera experimental de ese tipo. La vía que condujo a esa puesta en cuestión de la gestión pública por parte del ministro citado fue el encargo del informe a la Comisión Abril, de la que, como garantía de una supuesta "independencia" que nadie había pedido para poder poner en cuestión los términos de la Ley recién aprobada, no formó parte ningún miembro del partido del gobierno con conocimientos sanitarios acreditados propios; una Comisión cuyas conclusiones, por imprecisas que fueron, se convirtieron en un icono de referencia original para todos los planteamientos posteriores sobre la conveniencia de introducir formas concretas de gestión privada en la gestión de los servicios sanitarios públicos.
El mantenimiento por vías diferentes de una marcada ambigüedad partidaria sobre la cuestión citada por razones supuestas de la mejora de la eficiencia en el funcionamiento de los servicios necesaria alcanzó su expresión más elevada en el apoyo parlamentario del PSOE a la mayor parte del texto de la Ley 15/1997, sobre "nuevas formas de gestión" en el sistema sanitario, aprobada ya con un gobierno del PP; una norma cuyo desarrollo y aplicación, por otra parte no controlada, está en la base del inicio y la proliferación de las distintas formas de gestión privada que han culminado ahora en la suspendida privatización madrileña suspendida. Lo característico de ese proceso expansivo es que en ningún momento se propició un debate formal en el seno del PSOE sobre las cuestiones citadas.
Las consecuencias de esa ausencia de debate partidario sobre cuestiones que, a la postre, han resultado decisivas para la evolución de la protección sanitaria en España han sido múltiples: las políticas desarrolladas en ése y otros terrenos de la actuación sanitaria han estado siempre guiadas por los criterios personales, nunca derivados de posiciones partidarias claramente debatidas y adoptadas, de quienes han ocupado posiciones de poder en el partido o el gobierno de este área; posiciones que han solido ir de una u otra manera unidas, y que han venido siendo desempeñadas mayoritariamente por personas carentes de conocimiento y experiencia previa de la actividad sanitaria antes de alcanzar las posiciones citadas (como ejemplo más extremo, las tres ministras del ramo durante la segunda etapa de gobierno del PSOE procedían de una situación como la citada, e incluso el cuarto disponía de una visión marginal del sector desde el ámbito investigador). A su vez, las carencias en los conocimientos y la experiencia sectorial previas de unos y otros responsables sanitarios partidarios se ha ido traduciendo cada vez más en una mayor semejanza de las políticas sanitarias reales aplicadas con las promovidas por el PP; una similitud puesta de manifiesto por el apoyo prestado por el PSOE a buena parte de las principales regulaciones sanitarias adoptadas (sobre "cohesión", personal, financiación, y hasta la consolidación de formas especiales de cobertura sanitaria para determinados colectivos, como los funcionarios), principalmente (con la excepción de esta última medida, adoptada por el PSOE, mediante la introducción a última hora de una enmienda a la Ley de Salud Pública que promulgó este partido en octubre de 2011) a iniciativa del PP, hasta el RD-Ley 26/2012.
La ausencia de debate y criterios partidarios expresos sobre las principales cuestiones que afectan a la protección sanitaria ha permitido además una amplia libertad de expresión de posiciones no contrastadas por parte de personas que se atribuyen de una u otra manera, o se dejan atribuir sin negarla, la representación de posiciones que supuestamente existen en el ámbito de la organización socialista: el espectro va desde el propio ex-ministro García Vargas, omnipresente en cuantas actividades de apoyo a la colaboración público-privada en sanidad, u otros eufemismos similares, promueven los sectores privados constituìdos en "lobby" (el IDIS) que apoyan la penetración de los intereses privados en la actividad pública sanitaria; hasta la ex-consejera catalana Marina Geli, hoy defensora de una peculiar interpretación de la democracia interna en el PSC, que durante su tiempo como consejera sanitaria se ocupó por libre de defender la idoneidad de los copagos sanitarios mientras mantenía intocada una estructura sanitaria catalana que ha empezado a ser puesta en cuestión por grupos de ciudadanos de aquel territorio, que consideran que el principal problema del mismo no son los problemas identitarios, sino los derivados de la escasa cohesión social que se deduce del mal funcionamiento de unos servicios públicos configurados en torno a intereses privados con especial presencia en la sanidad catalana.
La ausencia de debate partidario sobre estas cuestiones que fije una posición partidaria clara y firme sobre los aspectos esenciales de la cobertura y la organización de la atención sanitaria concebida como un derecho de ejercicio universal e igualitario expresa bien a las claras que estas cuestiones no se han considerado nunca como materia prioritaria por parte de un partido pretendidamente socialdemócrata capaz de ofrecer alternativas a las políticas de los partidos conservadores, lo que le ha llevado a la pérdida de diferenciación de sus programas y de la gestión efectuada. Esas carencias contrastan a su vez con la importancia que ha adquirido en algunos países, en concreto ahora principalmente los Estados Unidos, la diferenciación de las propuestas en el terreno sanitario, como expresión de las diferencias en las políticas para afrontar la crisis económica actual: a juicio de algunos analistas, la reforma Obama de la cobertura sanitaria, a pesar de todas sus limitaciones y problemas de aplicación que está teniendo por la cerrada oposición republicana, se puede considerar el elemento más importante para juzgar los mandatos del actual presidente, e incluso como el instrumento más potente puesto en marcha para afrontar las desigualdades crecientes que están generando las políticas económicas aplicadas, que están en el origen de la crisis económica actual.
Es obvio que un debate de ese tipo debe llevarse a cabo en la organización socialista a nivel estatal, donde la revisión de las propuestas en este terreno y la fijación de criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la cobertura y la organización de la protección sanitaria deberían formar parte principal del programa de una organización de ese tipo. Por el contrario, las propuestas en ese terreno aprobadas durante la última conferencia socialista, férreamente controladas por quienes gobiernan a nivel partidario ese área (precisamente algunos de quienes gobernaron el Ministerio sanitario durante los períodos de gobierno del PSOE más recientes, siguiendo una tradición ya mencionada de control simultáneo y/o sucesivo del interior y el exterior del partido, que sólo tienen por objetivo la preservación de su propio estatus) no ofrecen variación sustancial alguna sobre una acción de gobierno previa desdibujada por completo e indiferenciada hasta el RDecreto-Ley 16/2012 de la gestión del PP en este área, a la que, después de la norma citada, sólo se ofrece como alternativa la derogación de los aspectos más llamativos de éste en términos de recorte, sin proponer ninguna medida de cambio sustancial de la organización sanitaria.
La ausencia de perspectivas a nivel estatal en la línea indicada ha llevado, sin embargo, paradójicamente a que ese vacío se esté pretendiendo llenar desde las intervenciones de los políticos autonómicos que entienden que, como en el caso de Madrid, planteamientos generales de esa naturaleza (a pesar del desconocimiento del fondo de los mismos que ponen en evidencia manifestaciones y criterios como los citados más arriba) pueden resultar útiles a su propia búsqueda de una rentabilidad electoral que constituye su objetivo principal. Y que pueden evitar a la vez pronunciarse sobre las condiciones reales existentes en su territorio autonómico que determinan las limitaciones para poder aplicar las políticas que formen parte de su programa si no es de manera consensuada con otros partidos que, quiérase o no, van a repartirse el voto desencantado que caracteriza la situación actual de muchas CCAA, y en concreto de la madrileña.
El resultado final más previsible de esa situación, y de los comportamientos políticos de unos y otros, en abierto contraste con lo que deberían ser sus responsabilidades respectivas más concretas, es que, por la vía de la dejación en el ejercicio de éstas, termine por imponerse la ruptura de la protección sanitaria universal e igualitaria en España, que era y es una parte esencial de su Estado de bienestar. Y que, con ello, se impongan los intereses que han llevado a que la penetración del negocio privado en el ámbito de los servicios públicos, y en concreto de los sanitarios, cuyo desarrollo supuestamente excesivo no ha sido la causa de la crisis económica actual, sea, por el contrario, uno de los objetivos principales de las políticas que se están aplicando para abordarla.
Por Javier Rey del Castillo | Colaborador de la Fundación Alternativas
