Las empresas, como las instituciones públicas tenían el deber de velar por la salud y seguridad de las personas trabajadoras, cuando era legal la utilización del “amianto asesino” (hasta el 2001) y también con posterioridad a esa fecha
La Confederación General del Trabajo ha registrado, ante el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social una solicitud para que por parte del poder legislativo se lleve a cabo el reconocimiento de coeficientes reductores para la jubilación de todas las personas trabajadoras que a lo largo de su vida laboral han trabajado en procesos productivos y de distribución con el “amianto asesino”.
Se ha celebrado una reunión con la Jefa del Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con la Dra. General de Planificación de la Seguridad Social y con el Secretario General de la CGT, José Manuel Muñoz Poliz, acompañado de los Secretarios Confederales de Jurídica y Salud Laboral y la abogada especializada en el tema del gabinete jurídico del sindicato.
La reunión ha supuesto una mera toma de contacto y un traspasar la “pelota” a otro departamento, pues la administración presente declaró que no son las competentes. Indicaron que es la Secretaría de Empleo la competente para este tema.
En ese sentido, desde el sindicato ya le han solicitado una reunión para instarle a que dé traslado de toda la información que, a través de la Comisión Nacional de Salud, exista hasta el momento acerca del mapa del amianto (sectores, empresas y trabajadores/as afectados), el mapa del desamiantado (sectores, empresas y trabajadores/as afectados), así como requerir a la Secretaría de Empleo que traslade al Gobierno y al poder legislativo la solicitud para la publicación de un Real Decreto donde se fijen coeficientes reductores para todas las personas afectadas por el amianto.
La Confederación General del Trabajo asume la responsabilidad de exigir que cumplan con su obligación, tanto el poder legislativo como el ejecutivo, ya que las empresas, como las instituciones públicas, tenían el deber de velar por la salud y seguridad de las personas trabajadoras, cuando era legal la utilización del “amianto asesino” (hasta el 2001) y también con posterioridad a esa fecha.
Presentación del escrito de la Confederación General del Trabajo ante el Ministerio
Con este acto, comienza una campaña que contendrá varias fases:
- Información a la sociedad acerca del “amianto asesino” y sus graves consecuencias en la salud de millones de personas, muchas de ellas ya muertas o “asesinadas” por este producto.
- Establecer el mapa del amianto y del desamiantado con implicación de todas las personas trabajadoras afectadas.
- Exigir responsabilidades en todas las vías jurídicas (civil, laboral y penal) por su dejación “en la protección de la salud de las personas trabajadoras y de sus familiares, así como de la sociedad en general, las cuales se ha visto afectadas por la utilización de este producto asesino”. “Como ejemplo están las miles de viviendas en las que este elemento era parte de sus construcciones y también los conductos de aire acondicionado y sus motores”.
