EL LOBBY SANITARIO

Los planteamientos de la CEOE van contra la sanidad pública

Con el subterfugio de la crisis y la necesidad de reducir gasto público muchas comunidades autónomas han recurrido al capital privado para financiar, construir y gestionar nuevos centros sanitarios.

Recientemente, la patronal CEOE anunció su intención de hacer 'lobby' en defensa de la sanidad privada y los conciertos con dinero público, argumentando que está en riesgo la solvencia y sostenibilidad del Sistema Sanitario. Este grupo de presión empresarial pretende promover acciones para influir sobre la Administración Pública para que adopte decisiones favorables a que las empresas hagan negocio con fondos públicos.

La cúpula de la patronal española aprobó un autodenominado ‘Pacto en defensa de la sanidad privada española’ en el que define su estrategia para potenciar la sanidad privada y blindar los acuerdos de Colaboración Público-Privada aprobados por los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, frente a la pretensión de algunos gobiernos progresistas (como la valenciana), de rescatar la para la gestión pública los centros y servicios privatizados.

La patronal considera que no hay nada que pueda cuestionar la aplicación de la colaboración público-privada en el campo sanitario y aprovechar los recursos privados disponibles para mantener una sanidad de calidad.

Con el subterfugio de la crisis y la necesidad de reducir gasto público muchas comunidades autónomas han recurrido al capital privado para financiar, construir y gestionar nuevos centros sanitarios y ha externalizado importantes servicios de apoyo (documentación clínica, información, servicios de apoyo como limpieza o seguridad, logística etc,). Esta privatización ha beneficiado especialmente a multinacionales, bancos y fondos de inversión que han pasado a ser los dueños de los mismos, y se justifican en que son menos costosas y proporcionan más agilidad y flexibilidad a la gestión del sistema. La CEOE considera que el sector privado es un aliado esencial e imprescindible para reducir el gasto sanitario, gestionar los recursos o agilizar las listas de espera.

La CEOE propone como líneas esenciales del lobby sanitario 

  • Potenciar el sector privado
  • Consolidar las privatizaciones tanto la colaboración público-privada para construir y gestionar los centros como las externalizaciones de servicios
  • Favorecer la contratación de seguros sanitarios privados, mediante rebajas fiscales a quienes puedan contratarlos.
  • Ampliar este modelo a los servicios de media estancia, convalecencia y curas paliativas.
  • Establecer un rankig de hospitales públicos y privados en función de sus resultados (utilizando indicadores de productividad), con la finalidad de promocionar los centros privados.
  • Incrementar los médicos y flexibilizar las normativas para que puedan trasladarse de centros públicos a privados
  • Promover la formación en los centros privados y hacer que estos cursos tengan valoración para las ofertas públicas de empleo (OPE).

Pretende alcanzar el reconocimiento de un estatus legal del sector sanitario privado dentro del Sistema Nacional de Salud como forma de blindarla  frente a los intentos de recuperar para la sanidad pública los recursos privatizados y acceder a los fondos públicos en las mismas condiciones que la sanidad pública.

Antes de analizar estas propuestas, parece necesario establecer quien es la CEOE y que situación tiene el sector privado dentro del sistema sanitario.

  • Según fuentes sindicales (CCOO) la CEOE carece de la más mínima sensibilidad social y su objetivo fundamental es aprovechar al máximo las posibilidades que ha proporcionado el PP a las empresas privadas con la Reforma Laboral del 2012. Esta Patronal no parece interesada en un sistema económico y social estable ya que sus estrategias están dirigidas a maximizar los beneficios empresariales a corto plazo aunque esto sea perjudicial a medio y largo plazo para el país), su funcionamiento es antidemocrático (es imposible conocer su nivel de representatividad en el mundo empresarial). La CEOE está controlada por las grandes empresas y existe evidencias de que sus órganos directivos han recurrido a la corrupción como forma de funcionamiento (su anterior presidente, Díaz Ferrán, tuvo que dimitir debido a la quiebra fraudulenta de su empresa y en la actualidad está encarcelado acusado de prácticas ilegales).
  • La sector sanitario privado ya recibe en la actualidad importantes ayudas del sector público: Uno de cada seis euros del gasto sanitario público termina en empresas privadas a través de conciertos; las administraciones destinaron a conciertos 10.647 millones de euros en 2015, mientras que  la facturación de los hospitales privados creció un 8,1% desde 2010 hasta alcanzar los 6.450 millones, un 23% de esta facturación corresponde a conciertos sanitarios con la Administración
  • Por último, las normas fiscales favorables a las grandes empresas les permiten pagar en impuestos sólo el 7,3% de sus beneficios. Las bonificaciones y deducciones rebajaron en 2015 la factura que abonan estas compañías a la hacienda pública, ya que aunque el tipo oficial del impuesto de sociedades es del 28% (en 2015) los grandes grupos empresariales (beneficiarios de las privatizaciones y conciertos con la sanidad pública) abonaron sólo un 7,3% de media.

Algunas estrategias utilizadas por las empresas, con la complicidad del gobierno del PP, para maximizar sus resultados económicos y favorecer el desmantelamiento de la sanidad Pública:

  • Generalizar las listas de espera para incrementar la derivación a los centros privados.
  • Incumplir la ley de incompatibilidades, permitiendo a los centros privados disponer de los profesionales del sector público.
  • Campañas para desprestigiar a los empleados públicos, recortar sus plantillas y externalizar servicios.
  • Fragmentar y debilitar a la Administración pública mediante la creación de una maraña de entes públicos de derecho privado para gestionar la sanidad, con el supuesto objetivo de mejorar su eficiencia.
  • Financiar la construcción y gestión de nuevos hospitales recurriendo a la Colaboración Púbico Privada (PFI), con la disculpa de la necesidad de limitar el endeudamiento público para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.  En buena parte de las adjudicaciones las empresas recurren a bajas temerarias, contratos negociados sin publicidad o nuevas figuras como el socio tecnológico o la compra pública innovadora, que favorecen los negocios de las empresas vinculadas al capital riesgo, con sede en paraísos fiscales, que se están apoderando de los centros y servicios privatizados.
  • Ceder a las multinacionales de los hospitales gestionados por las antiguas Cajas de Ahorros (Hospital de Alzira) rescatadas con miles de millones de euros de dinero público. Estas empresas se están fusionando para formar oligopolios para influenciar a a las administraciones públicas: Ribera Salud fue creada por el presidente Zaplana para introducir la gestión privada en el hospital de Alzira, junto a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja.  Aunque el rescate de la CAM costó 10.750 millones de euros y el de Bankia 22.000 millones de euros, el Gobierno no exigió la devolución al sistema público de los hospitales y servicios gestionados por entidades nacionalizadas. Como consecuencia los cinco hospitales valencianos, el Erescanner de Valencia y el Laboratorio Central de Madrid, acabaron en manos del banco Sabadell y de la empresa estadounidense Centene Corporation por 60 millones de euros (menos de lo que costó un solo hospital).  Capio perteneciente al fondo de capital riesgo CVC y con sede en paraísos fiscales, se ha hecho con otros hospitales públicos y privados de Madrid, el Hospital General de Cataluña, 300 centros de prevención de riesgos laborales y los grupos privados Quirón, USP, Ruber, la clínica Dexeus, y el Centro Tecknon.  Quirónsalud fue vendida a Helios-Fresenios (empresa farmacéutica), por 5.760 millones de euros. Esta empresa gestiona en la actualidad 43 hospitales de todo el Estado y ha reconocido que solo con el concierto de los cinco hospitales de la Comunidad de Madrid y del Hospital General de Cataluña ingresará anualmente más de 800 millones de euros de las arcas públicas.
  • La Iglesia Católica controla una parte importante de la docencia de los profesionales del SNS, lo que le permite influenciar ideológicamente a los nuevos médicos y enfermeras. Esta organización es propietaria de la Universidad de Navarra, de la escuela de negocios IESE y del Hospital Clínico de Navarra (Opus Dei), de la universidad de Deusto, la escuela de negocios ESADE, la Universidad Pontificia de Comillas y la escuela de negocios ICADE (Jesuitas), y de la Universidad Francisco de Vitoria, de los legionarios de cristo.

En resumen, con la disculpa de la crisis económica, se han recortado profesionales, se han desmantelado servicios estratégicos y grandes hospitales, que han sido vendidos a multinacionales extranjeras, fondos de inversión y empresas imputadas, a precio de saldo.  La vinculación de muchas de estas empresas a laboratorios farmacéuticos les facilita priorizar aquellas enfermedades y tratamientos que les aportan mayores beneficios, en menoscabo de las necesidades de salud de la población. Es decir, contrariamente a los que afirma la CEOE, la sanidad privada goza de una situación de privilegio dentro del sistema de salud. 

Las principales propuestas por la CEOE carecen de racionalidad y perjudicarían gravemente al Sistema Sanitario Público

1.- Facilitar los seguros privados con rebajas fiscales supondría una descapitalización de la Sanidad Pública (que se financia con los impuestos pagados por todos los españoles) y un aumento de la desigualdad, dado que estas rebajas solo beneficiarían a los sectores sociales con mayor capacidad económica, que son los que pueden permitirse el lujo de contratar pólizas de seguros privados.

2.- Potenciar la Colaboración Público Privada para construir y gestionar centros sanitarios, argumentando que esto permitiría ahorrar recursos al sector público es una absoluta falacia. La experiencia nacional e internacional ha puesto en evidencia que la Colaboración Público Privada (CPP) multiplica por más de 7 el coste real de los centros y servicios. Estas fórmulas han sido una de las principales causas del endeudamiento brutal de la Comunidad Autónoma Valencia (según el Tribunal de Cuentas). El coste real para las empresas que han construido y gestionan los nuevos hospitales madrileños fue de 701 millones aunque el gobierno madrileño deberá pagar 5010. El gobierno conservador del Reino Unido ha anunciado que renuncia a este modelo por sus enormes sobre costes (han generado un endeudamiento de 1 billón de libras esterlinas), dado que la deuda por los hospitales construidos por la CPP fue de 114.000 millones euros en 2014 con un coste final que supera en 7 veces esta cantidad el dinero invertido por las empresas privadas.  Por último, los centros CPP cuentan con menos recursos que los públicos y concentran su actividad en las áreas de mayores beneficios empresariales.

3.- Realizar un ranking de hospitales en función de sus resultados sería una trampa que solo beneficiaría a los centros privados dado estos se centran en actividades asistencial en los procesos y pacientes más rentables (para sus cuentas de resultados), mientras que los hospitales públicos deben atender a todas las patologías, especialmente las más costosas y complejas, para garantizar la atención de salud a todos los ciudadanos.

4.- Intentar quedarse con parte de los profesionales sanitarios, formados en universidades y centros con dinero público, para sus hospitales y acceder al sistema de formación de médicos y enfermeras para poder influenciarlos de acuerdo a sus intereses (utilización intensiva de los recursos tecnológicos o medicamentos cada vez más costosos o potenciar la colaboración público - privada).  Esta estrategia esta favorecida por la enorme  o. Entre 1996 y 2016, el 52% del empleo creado en el Sistema Nacional de Salud  ha sido temporal.

En resumen, contrariamante a los planteamientos de la CEOE, es necesario  reintegrar los centros y servicios privatizados  al Sistema Sanitario Público para poder mantener sus características de universalidad, gratuidad, equidad y calidad, frente a la acción de los grupos de presión  que pretenden reorientar la práctica clínica hacía sus intereses, por encima de la seguridad y de la salud de la población.


Manuel Martín García, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública