INSISTEN EN UNA MAYOR PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA

Los lobbies sanitarios (como las eléctricas) buscan monopolizar el mercado

Plantean la ruptura del aseguramiento universal público obligatorio y defienden un mercado único y centralizado a nivel estatal para monopolizar las ganancias.

Juan Rosell y González Bosch en el acto de presentación del Libro Blanco de la Sanidad.
Juan Rosell y González Bosch en el acto de presentación del Libro Blanco de la Sanidad.

El objetivo es acabar con el aseguramiento universal público obligatorio y potenciar y promover los seguros privados de salud en detrimento de las clases más desfavorecidas con la excusa de “descongestionar” el sistema público

Desde que Esperanza Aguirre y otros dirigentes del PP pusieran de moda aquello de ‘la sanidad pública: una oportunidad de negocio’, los lobbies sanitarios no han hecho más que escalar posiciones para acceder a buena parte del pastel de la financiación pública e intentar marcar la hoja de ruta del Gobierno del PP en materia de sanidad.

Así lo vienen haciendo en los últimos meses con diferentes propuestas que inciden en una mayor privatización de la sanidad pública a gran escala aprovechando la crisis y el elevado nivel de deuda como justificación de los recortes. La última llamada a la puerta del Gobierno se produjo en enero cuando ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española, presentó a la recién nombrada ministra del ramo, Dolors Montserrat, un documento que incidía en las mismas reivindicaciones que desde hace tiempo viene haciendo la CEOE y la Fundación IDIS, el lobby más importante del sector sanitario privado.

Llamativas fueron las propuestas lanzadas por la Patronal que, aprovechando la oportunidad del momento (en las semanas previas a las elecciones del 26 de junio pasado) publicó el conocido como Libro Blanco de la Sanidad, la ‘biblia’ de los preceptos privatizadores que abanderan los principales lobbies sanitarios del país.

En un detallado análisis de dicho documento cuyo ideario se aprestó a plantear la Fundación IDIS como “plan de medidas urgentes” nada más conformarse el nuevo Gobierno del PP en diciembre pasado, la Plataforma Audita Sanidad (Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad), ha puesto negro sobre blanco las propuestas de la CEOE, que pasan, entre otras cuestiones, por acabar con el aseguramiento universal público obligatorio y establecer un mercado único y centralizado a nivel estatal.

LA SANIDAD PÚBLICA, UNA SUERTE DE CENICIENTA

En el análisis elaborado por Audita Sanidad y al que ha tenido acceso Nuevatribuna, se pone de manifiesto el interés del potente lobby empresarial del sector socio sanitario por lograr un gran pacto social y político que contemple sus peticiones. Resulta curioso que la CEOE “apoye” la sanidad pública como una suerte de ‘cenicienta’ que debe estar tutelada por el sector privado. La patronal considera como valor indiscutible el papel estratégico del sector en la composición del Sistema Nacional de Salud, basándose en la Ley 14/1986 General de Sanidad que, si bien abrió la puerta a la colaboración público-privada, en ningún caso hace mención a que sea “estratégico” o “clave”.

El Libro Blanco de la CEOE defiende la total “despolitización” de la sanidad con el fin de evitar injerencias legislativas de los gobiernos de turno y reclama insistentemente un ‘Pacto por la Sanidad’ que recoja sus reivindicaciones alejado de planteamientos partidistas y electorales. Asimismo, defienden un “mercado único y centralizado a nivel estatal” (quitando progresivamente las competencias a las comunidades autónomas) en el que se puedan hacer con el monopolio de empresas más pequeñas de la misma forma que hacen las eléctricas, las empresas de telecomunicaciones o las financieras.

POTENCIAR LOS SEGUROS PRIVADOS

Ampliar la financiación del sector privado es otra de las reivindicaciones que hacen sin atisbo de sonrojo. Y eso, después de que el gasto sanitario público haya disminuido en 20.000 millones en el periodo 2009-2015 mientras que el privado se ha incrementado de forma considerable. Ello, además, ha derivado en un aumento del aseguramiento privado. El objetivo es acabar con el aseguramiento universal público obligatorio y potenciar y promover los seguros privados de salud en detrimento de las clases más desfavorecidas con la excusa de “descongestionar” el sistema público. En este sentido, Audita Sanidad alerta de las contradicciones que arroja este planteamiento ya que la población que disfruta de un seguro privado aprovecha la pública para las recetas que suponen un monto económico muy importante, así como el ‘doble aseguramiento’ para conseguir “segundas opiniones” que acaban generando igual o más gasto.

La CEOE apuesta claramente por las mutuas que llevan funcionando más de 35 años y que podrían extenderse a otros colectivos. La patronal hace mención de las Mutualidades de Funcionarios (MUFACE); la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de Fuerzas Armadas (ISFAS). Audita Sanidad subraya que “no hay ningún estudio serio de la eficiencia y equidad del modelo MUFACE” que ha generado un modelo de “ciudadanos de primera y de segunda”. Asimismo, alerta de que las compañías de seguros sanitarios aplican la selección de riesgos pudiendo excluir a sectores de población con determinadas patologías.

LA DEPENDENCIA, NUEVO NICHO DE NEGOCIO

Pero el Libro Blanco va más allá y apuesta de forma ambiciosa por la privatización de los servicios de Dependencia. La patronal critica las prestaciones concedidas al cuidado familiar ya que ello resta beneficios a las empresas privadas y vuelve a insistir en un “pacto sociosanitario” que potencie el seguro de dependencia en el sector privado. Los lobbies sanitarios defienden que el aseguramiento voluntario privado permitiría a los usuarios planificar mejor sus necesidades futuras y el incentivo de la desgravación fiscal podría contribuir a descongestionar a la sanidad pública, suponiendo un ahorro en el gasto sanitario.

La patronal también reclama a las administraciones públicas la revisión de los Presupuestos y la inversión sanitaria para evitar la morosidad e impagos a las empresas proveedoras y prestadoras de servicios dentro del SNS.

Sus propuestas hacen especial hincapié en la defensa del modelo hospitalocéntrico; en el valor del sector farmacéutico y la tecnología sanitaria; apoyo y desarrollo del turismo de salud y del “sector balneario”; y reforma del IVA sanitario, entre otras cuestiones.