Para privatizar lo poco de público que queda en la sanidad catalana, Artur Mas y Boi Ruiz decidieron trocear el Instituto Catalán de Salud en 20 sociedades para facilitar su venta a las empresas privadas y fondos de inversión por subasta pública o enajenación directa
Como profesional del SNS y defensora de la sanidad pública, me preocupan las intenciones del futuro gobierno de Cataluña en relación con su Sistema Sanitario Público.
De la misma forma que la privatización sanitaria es una estrategia global, que afecta a todos y cada uno de los países de la unión europea y de las CCAA que conforman el Estado Español, desde la otra orilla, la de los defensores de la Sanidad pública, creemos que su defensa debe ser global y cualquier avance en la privatización sanitaria supone un retroceso para la sanidad pública.
La responsabilidad del PP en los recortes y la privatización de nuestro Sistema Sanitario están fuera de toda duda, con claros ejemplos en Madrid, Valencia o Galicia, aunque es probablemente Cataluña la CCAA con la sanidad más privatizada y una de las más afectadas por casos de corrupción.
Sin embargo, el proceso aún no está finalizado. Para privatizar lo poco de público que queda en la sanidad catalana, Artur Mas y Boi Ruiz decidieron trocear el Instituto Catalán de Salud en 20 sociedades para facilitar su venta a las empresas privadas y fondos de inversión (CVC-Capio, Ribera Salud, USP o HM Hospitales de Madrid) por subasta pública o enajenación directa, según las líneas marcadas por la consultora PWC. En total se pondrían a la venta 18 hospitales incluyendo el Hospital Clínic, el Hospital Sant Pau y el hospital del Mar, 46 centros de atención primaria y casi un centenar de otros dispositivos asistenciales del SCS. De momento, el gobierno de Mas ha frenado este plan privatizador, quizás a la espera de “tiempos mejores”
Antes de ejercer su voto, la ciudadanía catalana debería disponer de información suficiente sobre los responsables políticos que han privatizado, corrompido y endeudado el Sistema catalán de salud. Pero esto no ha sidoposible. Los votos de CiU y del PSC y la abstención de ERC han descartado multitud de comparecencias y vaciado de contenido las comisiones de investigación parlamentaria que pretendían esclarecer los graves casos de privatización corrupta y conflictos de interés, que han supuesto un agujero de más de 400 millones de euros solo en el caso Innova del ayuntamiento de Reus, destapado por el concejal de la CUP David Vidal.
En cualquier caso, hay decenas de imputados por la justicia, por falsedad documental, prevaricación, malversación, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre los que destacan políticos que han tenido alta responsabilidad institucional, como Josep Prat, el cerebro de la trama, que compaginaba la presidencia del Instituto Catalán de Salud del gobierno convergente de Mas con la presidencia de la patronal de hospitales privados, o Carles Manté, exdirector del CatSalut cuando Marina Geli, candidata de Junts pel Si, actual asesora de la multinacional farmacéutica estadounidense Abbot, era Consejera de Sanidad por el PSC.
Pero también están imputados politicos que actualmente ocupan cargos públicos relevantes, como la exteniente de alcalde de Reus y actual representante de CiU en el parlamento catalán Teresa Gomis, en libertad con cargos tras ser detenida en relación con las presiones realizadas para la venta al hospital de Reus de material protésico no certificado o caducado, comercializado por una empresa vinculada a un concejal convergente de salud, lo que ha obligado a vigilar a miles de personas, algunas de las cuales ya han tenido que ser reoperadas, o Boi Ruiz, actual Conseller de salud del gobierno de Mas a pesar de estar salpicado en la pieza que investiga la adjudicación del concurso de ambulancias, por un montante astronómico de más de 2000 millones de euros, o Josep Maria Poblet, el todopoderoso presidente de la Diputación de Tarragona (CiU), que mantiene su cargo a pesar de su imputación por malversación, blanqueo y otros graves delitos.
Con respecto a Ciudadanos, Albert Rivera se ha comprometido públicamente a no seguir privatizando e incluso a desprivatizar la sanidad pública, pero estos compromisos no están incluidos en el programa de su página Web, más bien todo lo contrario, ya que muestra su apoyo a las unidades clínicas con autonomía de gestión, el paso esencial para la privatización de la “bata blanca”, además de su rechazo a universalizar la sanidad pública.
Por otra parte, no es difícil comprobar a quienes representa o más bien a quienes no representa el equipo presidido por Rivera, donde la abrumadora mayoría de sus miembros parten de la iniciativa privada o del mundo financiero, sin ningún representante de la sanidad pública, y donde solo un 30% son mujeres pero casi un 60% abogados, como si en vez de defender a los ciudadanos pretendiera defenderse de ellos.
No quiero ni probablemente debo opinar si Cataluña debería ser o no independiente, la población catalana tomará su propia decisión el próximo día 27. Sin embargo, creo esencial que los ciudadanos tengan en mente las consecuencias de su voto sobre el futuro del Sistema Catalán de Salud.
