Los datos sanitarios representan información especialmente protegida por ley, con la salvedad de la protección de la vida y la salud de las personas. Solo en este sentido podrán acceder a la historia clínica (HC) otros profesionales sanitarios distintos a los de referencia del paciente.
El gobierno popular de Galicia ha generalizado esta excepcionalidad jurídica y ha abierto el acceso a la historia clínica a las empresas sanitarias privadas, tengan o no concierto con el Sergas, lo que pone en grave riesgo la confidencialidad de los datos genéticos y sanitarios de la población gallega.
En el caso concreto del Área de Pontevedra, mientras los profesionales del Hospital Dominguez-Quirón acceden a la HC electrónica del Sergas, los profesionales sanitarios públicos no pueden acceder a los datos clínicos ni a los estudios de imagen realizados a pacientes que acuden al centro privado por accidente de tráfico o por otros medios distintos al concierto, aunque posteriormente sean ingresados en el Hospital Público (CHOP) durante el mismo proceso asistencial, lo que parece un flagrante incumplimiento de la ley de Protección de Datos, al anteponer la empresa “su propiedad intelectual” al derecho a la salud de los pacientes.
Se da además la circunstancia de que los estudios radiológicos realizados en el Hospital Quirón de Pontevedra a pacientes derivados mediante el concierto con el Sergas, son registrados en la HC electrónica como si fuesen realizados en el CHOP, lo que impide su identificación, confunde los estudios estadísticos y dificulta la evaluación comparativa.
Existen sospechas fundadas, aunque de difícil confirmación dada la falta de transparencia al respecto, de la realización de demasiados estudios de imagen a pacientes que acuden a este y a otros hospitales privados de Galicia por accidentes de tráfico leves lo que, además de suponer un gasto innecesario incrementa la dosis de radiación a la población gallega, ya de por sí más alta que la media estatal (según informes de la propia Administración).
La población debería conocer estos hechos y exigir un consentimiento informado y firmado tanto sobre la necesidad de determinadas exploraciones de imagen como sobre el acceso a los datos sanitarios que conlleva la asistencia en los centros sanitarios y sociosanitarios privados de Galicia, teniendo además en cuenta que este consentimiento será nulo por ley “cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a laque se destinarán estos datos”, y los centros privados de Galicia están vinculados a aseguradoras, institutos privados de cáncer, empresas farmacéuticas y fondos de inversión extranjeros.
Llama la atención la dejación de la Consellería de Sanidade con respecto a la defensa de los hospitales del Sergas y del derecho a la información de sus profesionales, mientras protege el negocio privado, algo a lo que ya nos tiene muy acostumbrados el presidente Feijóo.
Por Luisa Lores Agúin, Radióloga, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
