Se evidenció un acuerdo general sobre el riego de que el sistema sanitario público universal, accesible, redistributivo y de alta calidad, sea desmantelado cómo consecuencia de las políticas de recorte de recursos y de privatización de centros y de áreas estratégicas del mismo, que vulnera la propia legislación española y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la salud .
Se constata, así mismo, las graves consecuencias de esta política para la atención sanitaria de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables y necesidad de atención como los mayores, mujeres enfermes crónicos, discapacitados e inmigrantes, entre los que se observa grave consecuencias para la salud (en un contexto como es una crisis económica que aumenta la necesidad de mayor atención), que se constata en el aumento de la mortalidad.
Se consideró que una de las medidas de mayor calado (denunciadas por unanimidad por todos los participantes), es el Real Decreto 16/2013 que supone una autentica contrarreforma del Sistema que elimina el derecho a una sanidad universal y equitativa, vulnerando la Constitución Española y la Ley General de Sanidad, además de poner barrera al acceso a los servicios como el repago o reducir la oferta de servicios sanitarios del sistema sanitario público.
Se constató a necesidad de una gran movilización en contra de estas políticas mediante una gran alianza de la ciudadanía y sus organizaciones, con los agentes sociales (sindicatos, vecinos, usuarios, ONG), los partidos políticos y los profesionales sanitarios.
Se acordó exigir al Gobierno la retirada inmediata del RD 16/2013, la eliminación de las barreas de acceso de los servicios como los copagos y el derecho universal a los servicios, la recuperación de la financiación y gestión pública de los centros privatizados, adecuar los presupuestos sanitarios a las necesidades y reintegrar los servicios privatizados al sistema público.
Se evidencio el compromiso unánime de todas las entidades asistentes (grupos parlamentarios, sindicatos, organizaciones ciudadanas y profesionales, ONGs, y expertos sanitarios), para organizar la defensa del sistema público en base a la unidad de acción y la movilización social y profesional más amplia, para forma para poder conseguirlo.
