ABRE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN

La Comision Europea pone en cuestión la financiacion público-privada del Hospital de Vigo

El proyecto ha supuesto un incremento del costo total del hospital de 450 a 1.400 millones de euros.

La Comisión Europea ha admitido la denuncia realizada por la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) contra las vulneración de la legislación europea, por la Xunta de Galicia en la adjudicación del Nuevo Hospital de Vigo a una Concesionaria, utilizando la fórmula de financiación público-privada. Esa decisión supone que el máximo organismo de la Unión abrirá un proceso de investigación sobre el procedimiento seguido por el Gobierno de Galicia (del Partido Popular) para financiar, construir y gestionar este centro sanitario.

La Comisión encuentra motivos suficientes para abrir un procedimiento de investigación que durará 12 meses en los que se dará audiencia a la Xunta de Galicia para que realice las alegaciones pertinentes sobre los contenidos de la denuncia. El organismo comunitario examinará los documentos y las argumentaciones de las partes (Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública y Xunta de Galicia) que podría acabar en la apertura de un procedimiento de infracción, la exigencia de reparar la legalidad vulnerada y el recate de la concesión por el Sistema.

La Asociación decidió recurrir a la Comisión Europea después de que el Tribunal Contencioso Administrativo de Galicia no hubiera admitido a trámite su denuncia, aplicando la llamada doctrina Botin que considera que la iniciativa popular no puede iniciar pleitos al no considerarse parte interesada (algo curioso dado que los que pagamos y recibimos la atención sanitaria somos los ciudadanos).

Las bases de la denuncia 

La denuncia, presentada el pasado 3 de septiembre, se basa en que el contrato del Nuevo Hospital de Vigo es nulo de derecho por: a) haberse utilizado una modalidad de inapropiada como es la Concesión de Obra Pública en lugar de la Colaboración Público Privada que exige, dada la envergadura de la obra, un informe previo que justifique ante el Ministerio de Hacienda la conveniencia de recurrir a la financiación privada; b) vulnerar la legislación comunitaria de contratos de colaboración público-privada, que establece la necesidad de trasferir a la empresa concesionaria los riesgos de financiación y construcción de la obra; y c) vulnerar el principio de libre competencia y concurrencia de las empresas al haberse modificado las condiciones contempladas en el contrato para abaratar costes a la empresa adjudicataria (integrada en parte por grupos y personas relacionadas con la actual administración) por lo que podría hablarse de una ayuda ilegal del Estado.

El objetivo perseguido por la Xunta era evitar la fiscalización de la Ley de Contratos del Estado que obliga a elaborar y presentar un informe ante el Ministerio de Hacienda, elaborado por una Comisión de Expertos, que justificase la necesidad de recurrir a la financiación privada en lugar de la pública para acometer la obra, pese a que esto ha supuesto un incremento del costo total del hospital de 450 a 1.400 millones de euros.

En la denuncia se señalan los recortes introducidos en el contrato (Proyecto Funcional) por la Concesionaria con la complicidad del SERGAS (que externalizó el control de la obra en una empresa unipersonal y sin ninguna experiencia en gestión de obras hospitalarias creada ad hoc por una persona que había participado en la privatización de la sanidad madrileña de la que fue viceconsejera y que cobro cuatro millones de euros y trabajó con los recursos de la empresa a la que debía controlar) todo ello con la finalidad última de abaratar costes. La reducción alcanzó el 31% de las camas funcionales previstas (de 1.239 a 845), el 31% de los quirófanos, el 55% de las camas de urgencias, la eliminación del laboratorio central, la supresión de los módulos de investigación y docencia, el hotel de pacientes, reducción en el equipamiento, reducción del tamaños de las consultas, supresión de sistemas de protección, eliminación de plazas de aparcamiento, recortes en alicatados y en la anchura de paredes, eliminación de 75.000 metros de superficie. Además los pacientes y familiares deben pagar casi dos euros a la hora por el aparcamiento, reciben menús en malas condiciones, tienen que pagar por el agua, etc., etc. Todo esto, además de afectar a la eficiencia energética y a la calidad de la asistencia (se multiplican los problemas de caídas de techos, reventones en las cañerías, goteras, problemas de acceso al aparcamiento,  etc.) ponen en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores. Estos recortes han modificado las condiciones establecidas en el contrato (al que aspiraban otras empresas y cuyas ofertas fueron descartadas), benefician a la concesionaria privada (ya que no se rebajó la percepción del canon a pagar por el SERGAS) y atentan contra el principio de libre concurrencia en la contratación público privada que establece la UE.

Por otro lado el "riesgo de financiación”, exigido para este tipo de contrataciones, implica que esta debería correr a cargo de la concesionaria, aunque en realidad fue cubierto en su mayor parte por el SERGAS que solicitó un crédito del Banco Europeo de Inversiones (110 millones de euros) y por el Instituto de Crédito Oficial y el FROB (30 millones), vulnerando la legislación de contratos público-privados y supone una ayuda encubierta a la empresa por parte del Estado. Todo estos forma parte de  una trama diseñada por la administración gallega para ocultar el endeudamiento público por la construcción del nuevo hospital. Eurostat (organismo que controla las estadísticas de los países de la Unión Europea) no considera como endeudamiento público el pago por levantar una infraestructura pública si el riesgo de financiación corre a cargo de la concesionaria.

El rescate de la concesión privada es factibe

Desde nuestra Asociación exigimos la reposición de la “legalidad perturbada” y confiamos en que la Comisión inste al rescate de la concesión, algo perfectamente factible. Es una falacia decir que los rescates de las Concesiones son imposibles por su elevado coste económico. El pago de un canon anual durante 20 años (hasta alcanzar un total de unos 1.400 millones de euros), supone que la concesionaria obtendrá unas ganancias patrimoniales inaceptables. El rescate podría realizarse por un ente público como es la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia que podría adquirir el cien por cien de las acciones de la sociedad concesionaria y comprarle el crédito. A partir de ahí, sería fácil realizar una fusión unificada. Toda esta operación supondría un desembolso de algo menos de 70 millones, más la deuda con los acreedores, lo que sería el mejor escenario tanto para la Concesionaria como para la administración, y evitaría los riesgos y costes de un largo litigio. Una resolución favorable a la demanda de la AGDSP considerando la licitación como “culposa” por incumplimiento del contrato que quedaría anulado y supondría importantes problemas tanto para la Xunta (que se expondría a sanciones) como para la empresa que perdería el derecho a indemnización y al lucro cesante.

Ese  grave conflicto  se puede ganar 

Esta decisión de la Comisión Europea supone un punto de inflexión en el conflicto en torno a la construcción del Nuevo Hospital de Vigo por Colaboración Público Privada, donde no pasa un día sin que haya alguna noticia negativa desde el mismo día de su inauguración sobre el mismo. Entre ellas una huelga seguida por la mayoría del personal, concentraciones diarias, manifestaciones o el movimiento de  la mayoría de jefes de servicio contra la dirección protagonizada, o la gran manifestación en la ciudad, en donde más de 200.000 personas se pronunciaron en contra de la privatización del centro. Parece evidente la necesidad de reparar las graves deficiencias del edificio y de su equipamiento y recuperar el hospital para la gestión pública a un precio asumible.


Manuel Martin | Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública