1.- El sistema sanitario español no se caracteriza por un despilfarro de recursos, sino más bien por lo contrario: Nuestro gasto sanitario es bajo (en 2011 el gasto sanitario total era del 17,7% sobre el PIB y de 8.508 $ ppc per cápita, frente al 9,3% y 3.322 respectivamente del promedio de la OCDE) con buenos resultados en salud buenos, que nos colocan en el 5º puesto mundial en eficiencia y el 1º de Europa. Evidentemente existen espacios de mejora que deben de investigarse.
2.- Aunque sistema sanitario es uno de los más integrados a nivel internacional, tiene problemas que afectan a su eficiencia entre los que caría destacar: La aparición de múltiples especialidades y super-especialidades; el fraccionamiento de las áreas actividad (asistencia sanitaria, salud pública, salud mental, salud ambiental, salud laboral, centros de crónicos, atención socio-sanitaria….) que dificultan una atención integral, integrada y racional; la paralización de la Ley General de Sanidad que atribuía a la Atención Primaria la función de eje del sistema y de gestión de los procesos asistenciales; la descoordinación de la Atención Primaria con la Hospitalaria; la paralización del desarrollo de las Áreas de Salud descentralizadas y con capacidad de gestión sustituidas por las Gerencias Únicas (absorción de la AP por los hospitales); el escaso desarrollo del trabajo en equipo; el atraso de la aplicación de la medicina basada en la evidencia con guías clínicas y protocolos y otros instrumentos racionalizadores; la ausencia de incentivos profesionales adecuados; la falta de planificación; o los recortes presupuestarios que le sitúan al borde del colapso (se ha pasado de 70.464 millones € en 2009 a menos de 60.000 millones € presupuestados para 2014).
3.- Todo esto plantea la necesidad de poner en marcha reformas que mejoren la coordinación de los recursos y niveles asistenciales, que estimulen la implicación y participación de los trabajadores sanitarios en la gestión de los procesos, que mejoren la racionalidad con instrumentos basados en la evidencia, y que reduzcan el poder de los gestores hospitalarios.
4.- Sin embargo el Ministerio de Sanidad pretende utilizar la creación de Unidades de Gestión Clínica para:
- Desmantelar y privatizar el sistema sanitario público:
· Fragmentar los centros sanitarios en múltiples entidades empresariales con autonomía plena para gestionase aplicando las diferentes fórmulas de gestión privada (Ley 15/97), presupuesto propio y capacidad para comprar y vender sus servicios creando un mercado interno sometido a las leyes de la competencia.
· Dar entrada en los centros públicos a capital y proveedores privados, laboratorios farmacéuticos y la industria tecnología sanitaria.
- Someter y controlar a los profesionales y trabajadores sanitarios:
· Laboralizar al personal privándole de las garantías del Estatuto Marco para controlar sus decisiones clínicas, reducir sus salarios, eliminar su estabilidad y condiciones laborales.
· Romper la unidad vinculándoles a diferentes empresas con múltiples condiciones laborales.
· Hacer cómplice al personal de la políticas de recortes asistenciales a los ciudadanos permitiéndoles quedarse con una parte de los ahorros generados en los procesos asistenciales.
- Cambiar el modelo sanitario público, universal, accesible y redistributivo establecido por la Ley General de Sanidad:
· Eliminar los actuales servicios y sustituirlos por entidades empresariales controladas por gerentes dotados de una gran capacidad de decisión y orientadas al beneficio personal.
· Acabar con el modelo comunitario basado en entidades territoriales y nieles asistenciales coordinados desde la Atención Primaria y con participación social.
· Trasformar la AP en la portera del sistema para seleccionar pacientes y patologías de acuerdo a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión controladas desde los hospitales.
Todo ello permitirá avanzar en la privatización de la provisión con financiación mixta, una parte a través de los presupuestos y otra por los copagos. Se pervierte y desacredita así el concepto de gestión clínica para modificar la situación del personal sanitario (deberá renunciar al Estatuto para poder integrase en las Unidades), se liga la Gestión Clínica a cambios del régimen jurídico de los centros, se fragmenta el sistema público y se da entrada al sector privado.
Entre las consecuencias cabría destacar
- Un previsible aumento del gasto sanitario innecesario, ya que las unidades deberán dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas, mientras que el sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías.
- La pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios para la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para estas Unidades de Gestión Clínica.
5.- ¿Como frenar este proyecto?
1. Crear un clima de rechazo profesional y social en contra de estas Unidades de Gestión Clínica, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales. Una buena manera es colaborar firmando esta petición.
2. Articular una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores qué han suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema.
3. Ampliar y reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización.
4. Convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica.
