martes. 19.03.2024

sanidadEl año 2016 parece que va a ser bastante complicado para la Sanidad Pública y es probable que se acabe convirtiendo en un tiempo de “impasse”, una situación de estancamiento, en la que no se produzcan ni avances ni retrocesos significativos, lo que en cualquier caso resulta preocupante.

Los problemas principales de nuestro sistema sanitario son bien conocidos, pero merece la pena hacer un breve recordatorio:

En primer lugar la financiación. La Sanidad Pública tiene un problema de subfinaciación crónica que se ha agudizado con los brutales recortes realizados desde 2009 y cuya cuantía desconocemos exactamente, lo que desgraciadamente suele ser frecuente debido a la falta de transparencia de nuestras administraciones públicas, pero que ronda los 10.000 millones € y nos sitúa a cola del gasto sanitario público (en % del PIB) de los países de la Unión Europea.  Por otro lado la financiación sanitaria al no tener carácter finalista tiene una gran variabilidad entre las CCAA, lo que produce desigualdades muy importantes entre ellas (por ejemplo en los presupuestos para 2016 en Sanidad había una diferencia superior a los 500 €/habitante y año entre la que mas y la que menos dedicaba), estas diferencias se mantienen hace ya muchos años con lo que la desigualdad presupuestaria se ha ido agravando.

Segundo, y como consecuencia de los recortes económicos se ha producido una gran reducción del personal que trabaja en el sistema sanitario público, porque prácticamente todos los recortes se han trasladado al capitulo de personal, lo que supone que  según todos los cálculos haya menos de 50.000 trabajadores en el sistema sanitario público, con las repercusiones que ello ha tenido sobre el funcionamiento de la Sanidad Pública: cierres de camas, de quirófanos, de puntos de atención continuada, etc, y el inevitable incremento de las listas de espera a todos los niveles.

Tercero, las exclusiones resultado del RDL 16/2012 que han dejado sin derecho a la atención sanitaria a grupos de población especialmente vulnerables, y que por la aplicación de copagos imposibilita el acceso a prestaciones sanitarias necesarias a las personas mas enfermas y con menos recursos económicos.

Cuarto, las privatizaciones que aunque vienen de antiguo han tenido un importante aumento con la excusa de la crisis. Hay cada vez mas evidencias de que suponen un importante sobrecoste (entre 7 y 8 veces), que no mejoran la eficiencia y que empeoran la calidad de la atención sanitaria, a la vez que hipotecan la política sanitaria durante periodos de 20 o 30 años. Aunque en los últimos años ante el amplio rechazo social y profesional ha habido una disminución de las privatizaciones directas, no es menos cierto que se han buscado otras vías como las derivaciones sistemáticas de pacientes, las unidades de gestión clínica, etc, y también que las privatizaciones han alcanzado a muchos aspectos mas allá de los centros asistenciales (investigación, formación, planificación, etc), y todo ello se ha hecho favoreciendo a la vez la infrautilización de los recursos del sistema sanitario público.

Quinto, el gasto farmacéutico que continua siendo un gran problema para la sostenibilidad de nuestra sanidad porque el gasto en recetas lleva ya 2,5 años de crecimiento continuado y el gasto hospitalario no ha parado de crecer en los últimos 20 años, a pesar de que se ha trasladado una parte del mismo a los bolsillos de los enfermos (con el aumento de los copagos y la exclusión de financiación de medicamentos), y cuyo crecimiento se pretende consolidar con el escandaloso acuerdo con Farmaindustria garantizando un crecimiento del mismo en relación con el PIB cuando el porcentaje de gasto sanitario respecto al PIB no cesa de disminuir. Hay que señalar que la capacidad de las empresas farmacéuticas para influir en la prescripción a través de los proyectos de investigación, del marketing y de la formación continuada no ha parado de crecer. Algo parecido podría decirse de la utilización de la tecnología médica que se considera se utiliza inapropiadamente en el 30% de los casos.

Sexto,  el sistema sanitario sigue postergando la salud pública (a pesar de la aprobación de la Ley General de Salud Pública), la salud laboral abandonada en manos de las mutuas patronales, la salud mental que abandona su planteamiento comunitario, y la  salud sexual y reproductiva continuamente marginada por planteamientos ideológicos.

Séptimo, la falta de transparencia de nuestro sistema sanitario es proverbial, a pesar de que se ha producido una casi total informatización del mismo, la mayoría de los datos actualizados de funcionamiento de la Sanidad Pública permanecen ocultos para los profesionales y la ciudadanía, de manera que cualquier evaluación de su funcionamiento, eficiencia, calidad, etc, se convierte en problemática y siempre limitada a los datos disponibles. La  aprobación de la llamada Ley de Transparencia (19/2013) no ha supuesto ningún cambio significativo al respecto y la ausencia de datos o los datos desactualizados siguen siendo la norma.

Octavo, ausencia de un gobierno del Sistema Nacional de Salud en su conjunto debido a la estructura inadecuada del Consejo Interterritorial del SNS,  a la ausencia de aprobación del Plan Integrado de Salud que impide que existan unos objetivos comunes del SNS y al modelo de financiación no finalista de la Sanidad y la poca relevancia económica que ha tenido el ahora desaparecido Fondo de Cohesión.

Noveno, inexistencia de mecanismos de participación social y profesional, que no han sido desarrollados por ninguna administración, ni autonómica ni central y que obviamente entran en contradicción con la deriva privatizadora y mercantilista que se ha impuesto en el sistema sanitario.

Obviamente la Sanidad Pública tiene muchos más retos y problemas pero se han señalado los que parece necesario abordar de una manera urgente para dar un giro de 180º a la situación actual de deterioro. Ahora bien, para que eso se consiga es precisa una amplia alianza política, social y profesional que se plantee estos objetivos con claridad y con contundencia, y eso no es fácil de lograr porque entran en juego muchos intereses (económicos, corporativos, laborales, ideológicos, de poder, etc), y porque vivimos en un entorno social y económico que favorece mas la competencia y el enfrentamiento que la solidaridad y la cooperación. No obstante conviene recordar que en 7 CCAA donde han cambiado los gobiernos hacia la izquierda, se han logrado acuerdos en temas sanitarios muy relevantes, y se han realizado ya importantes avances a pesar de la sistemática obstaculización por parte del gobierno central.

El resultado de las últimas elecciones generales parece avanzar en un sentido de desencuentros, y da la impresión que lo más probable es que estos primen sobre los acuerdos, y que una alternativa que es mayoritaria (en votos y en diputados) no vaya a consolidarse a corto plazo en un acuerdo para transformar en positivo la mala situación de la Sanidad Pública en nuestro país. Si así sucediera sería una gran desilusión, pero sobre todo tendría consecuencias muy negativas para el sistema sanitario público que se encuentra en una situación límite, y para la salud de la población.

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Marciano Sánchez Bayle

Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

2016: una situación complicada para la sanidad pública