CAMPAÑA DE CROWFOUNDING DE SOS SANIDADE PÚBLICA

El rescate del Hospital Álvaro Cunqueiro

La Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP), firmante de la denuncia, lleva más de tres décadas de compromiso y trabajo en defensa de la sanidad gallega.

SOS Sanidade Pública continúa con su trabajo para rescatar el Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de manos privadas. Tiene en marcha un proceso de información permanente por medio de las redes sociales e inició una campaña de crowfounding, para contribuir a sufragar los gastos derivados de los trámites jurídicos necesarios para presentar la denuncia ante la Comisión Europea contra la privatización del HAC.  Esa denuncia fue presentada en el mes de septiembre de 2015 y admitida a trámite. La Comisión Europea se concedió el plazo de un año para recabar información de las partes y emitir una resolución. Es importante esa decisión ya que, en caso de que la Comisión Europea considere probadas las irregularidades señaladas en la denuncia, sería más fácil rescatar el hospital sin que la concesionaria pudiese reclamar indemnización por lucro cesante.

La Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP), firmante de la denuncia, lleva más de tres décadas de compromiso y trabajo en defensa de la sanidad gallega. En este momento tiene que afrontar los gastos de representación jurídica mencionados, por un importe de 6.300 euros, de los que faltan por abonar 4.100. Por esa razón solicita la colaboración de todas las personas comprometidas con la sanidad pública para continuar con esta batalla jurídica que tiene el objetivo de rescatar el hospital privatizado, con la colaboración de la ciudadanía, que puede contribuir con una aportación económica según las posibilidades de cada uno.

El HAC tiene que ser rescatado para dominio público y hace falta recuperar todos aquellos espacios y servicios que fueron suprimidos por la concesionaria. De lo contrario la sanidad en Vigo y comarca quedará hipotecada y “secuestrada” durante muchos años. La toma de decisiones estará en manos de la concesionaria y de los directivos de Povisa (hospital privado que atiende a una parte de la población). La Administración estará totalmente condicionada por la concesión y el concierto singular con Povisa. Es necesario mudar esta situación lo antes posible, y también es preciso mejorar la Atención Primaria y dar una utilización sanitaria a los edificios abandonados del Hospital Xeral, Anexos y Meixoeiro. Recordemos que la dotación sanitaria de Vigo y comarca actualmente es muy insuficiente.

La AGDSP presentó la denuncia ante la Comisión Europea fundamentándose  básicamente en tres hechos:

-La utilización de la figura legal de Concesión de Obra Pública en lugar de la de Colaboración Público Privada, que es la que correspondería, por la entidad y el volumen de la construcción del hospital. Lo que perseguía el actual gobierno gallego era evitar la fiscalización de la Ley de Contratos del Estado que obliga a elaborar y presentar un informe (preceptivo) ante el Ministerio de Hacienda que justifique la necesidad de utilizar la financiación privada en lugar de la pública para acometer la obra. El resultado de recurrir al sector privado fue un incremento del coste total del hospital de 450 a 1.400 millones de euros.

-Los severos recortes introducidos en el contrato (Proyecto Funcional) entre la Concesionaria y el Sergas para abaratar los costes suponen una modificación del contrato, al que aspiraban otras empresas con ofertas que fueron descartadas, lo que beneficia a la Concesionaria, a la que además no le redujeron el canon a pagar por la Administración durante veinte años.

-El riesgo de financiación, que por contrato debía correr a cargo de la Concesionaria, fue cubierto en gran parte por el Sergas con un crédito del Banco Europeo de Inversiones (que no presta a empresas privadas) el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el FROB. Esta maniobra supone una clara vulneración de la legislación de la UE sobre contratos Públicos Privados y puede entenderse como una trama diseñada para ocultar el endeudamiento público. El endeudamiento por lo pagado del hospital no se considera público si el riesgo de financiación corre a cargo de la empresa privada, pero la realidad es que fue asumido por la propia Administración pública.

Por todo ello la AGDSP considera que el contrato del nuevo hospital de Vigo debe ser nulo de derecho por incumplir los términos establecidos en la licitación, lo que y supone una clara vulneración de la legislación comunitaria sobre los contratos de colaboración público privada, que establecen la necesidad de garantizar la igualdad en la concurrencia de las empresas. En noviembre de 2015 la Comisión Europea notificó que admite a trámite la denuncia. Esto significa que encuentra indicios razonables de vulneración de la legislación comunitaria. Abre un procedimiento en el que las partes deberán realizar las alegaciones correspondientes, después del cual  dictará la resolución definitiva. Esperemos.