Muchas son las especulaciones y pocas las certezas. El órdago soberanista lanzado por los independentistas catalanes parece de difícil resolución en términos jurídicos e incluso políticos dada la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy sobre este asunto.
Los grupos secesionistas Juntos por el Sí y la CUP registraron este martes en el Parlament de Cataluña un escrito que, en la práctica, supone la apertura del proceso para la constitución de una república catalana. En estos momentos se trata tan solo de una iniciativa parlamentaria pero de tal calado que el presidente del Gobierno compareció ante los medios con una declaración institucional leída en el Palacio de La Moncloa en la que insistió –como viene haciendo en los últimos meses- que hará valer la ley frente al órdago soberanista.
Rajoy garantizó este martes que la propuesta de resolución para iniciar el proceso de independencia de Cataluña "no va a surtir efecto alguno" aunque se apruebe en el Parlament, gracias a los instrumentos del Tribunal Constitucional y los que da la propia Carta Magna.
El jefe del Ejecutivo tachó de "acto de provocación" el texto recalcó que su Gobierno "no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos" en defensa de la soberanía nacional.
Rajoy habla con Sánchez y Rivera
Rajoy conversó este mismo martes por teléfono tanto con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como con el líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera para trasladarles su voluntad de seguir manteniendo un diálogo fluido ante el desafío catalán.
La respuesta del Ejecutivo de Artur Mas tampoco se hizo esperar. La vicepresidenta del Govern, Neus Munté, aseguró que se seguirá adelante con el proceso soberanista pese a que el presidente del Gobierno haya reaccionado con "amenazas" a la propuesta de resolución de JxSí y la CUP que quiere declarar en el Parlament el inicio del proceso hacia la independencia.
En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, expuso que el Parlament está legitimado para empezar el proceso porque tiene un mandato democrático del 27S, y avisó de que el Govern colaborará haciendo las leyes oportunas: "Como Govern estamos centrados en facilitar el mandato democrático". Munté anunció que el Ejecutivo en funciones prevé tramitar las tres leyes que contempla la propuesta de resolución --proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública--, y acusó a Rajoy de no respetar "la democracia y la libertad de expresión" al oponerse a la propuesta de JxSí y la CUP.
'El derecho no prevé situaciones cuasi revolucionarias', dice un experto
Ante este cruce de declaraciones es difícil determinar cuáles pueden o deben ser los pasos a seguir por el Gobierno de Rajoy. La mayoría de expertos constitucionalistas coinciden en destacar la necesidad de abrir una línea de diálogo político antes de adoptar ninguna medida de carácter coercitivo.
“Estamos ante una situación excepcional tan fuera del derecho… El derecho no prevé situaciones cuasi revolucionarias. Cataluña se ha situado al otro lado de la valla”, destaca José Tudela, letrado de las Cortes de Aragón y profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Zaragoza. Para este experto, con las Cortes disueltas por la convocatoria de elecciones generales el 20 de diciembre y con un gobierno catalán en funciones, es difícil determinar los pasos a seguir con “tres meses de interinidad” por delante.
A diferencia de Tudela (que manifiesta sus dudas), Antonio Arroyo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, entiende que el Senado (Cámara competente en esta materia) puede actuar pese a estar disueltas las Cortes. En el supuesto de que el Gobierno inicie el proceso para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, este experto considera que la Diputación Permanente tiene legitimidad para actuar ante una declaración unilateral de independencia.
Suspender la actividad del Parlament
La Diputación Permanente es el órgano que vela por la continuidad del funcionamiento de las dos Cámaras. En el caso del Congreso del los Diputados, la ley le da poder de actuar en situaciones de alarma, sitio o excepción: ¿Qué sentido tiene que la del Senado no pueda hacerlo ante situaciones excepcionales?, se pregunta.
Aunque precisa que se trata por el momento de especulaciones, Arroyo apunta a varias posibilidades en caso de que los independentistas sigan con su hoja de ruta. El primer paso lógico sería el requerimiento del presidente del Gobierno al president de la Generalitat advirtiéndoles de las medidas de carácter coercitivo a adoptar en caso de desobediencia. El Ejecutivo central podría enviar un comisionado a Cataluña, se podría incluso suspender la actividad parlamentaria de la Cámara catalana, pero, en su opinión, no podría suspenderse la autonomía ya que vulneraría otro principio constitucional.
En cualquier caso, Arroyo apuesta por el diálogo político ya que lo que está en juego “es muy serio” en términos de “conflicto social", y hasta el momento, el Gobierno de Rajoy “no ha liderado una respuesta política seria”.
