En este segundo artículo sobre las elecciones federales que se celebrarán en Alemania el 22 de septiembre se examinan los programas electorales de los dos grandes partidos que están en condiciones de conformar una coalición que sostenga la acción política del próximo Gobierno, el Partido Social Demócrata (SDP) y la Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana (CDU/CSU).
Aunque en España los programas electorales comienzan a ser valorados por la opinión pública como poco más que papel mojado, con razones y experiencias más que sobradas para ello, hay otros países democráticos en los que dichos programas despiertan mayor respeto y son considerados como compromisos que en caso de incumplimiento u olvido generan las correspondientes condenas morales y, llegado el caso, sanciones políticas. Países de nuestro entorno en los que la ciudadanía se muestra más consciente del papel esencial que le corresponde, tanto a la hora de depositar su voto como, a lo largo de toda la legislatura, al pedir cuentas y exigir responsabilidades y un elemental compromiso ético a sus representantes políticos.
No en todos los países democráticos la falta de respeto de las autoridades por los programas y los votos que les permiten gobernar llega a la desfachatez que se observa en España. El incumplimiento de los compromisos electorales no es la norma en los países con mayor raigambre democrática; tampoco debería serlo en España.
Algunos analistas explican que esa inobservancia, cuando se llega al Gobierno, de la palabra dada al solicitar el voto es la respuesta lógica a la imprevisibilidad del electorado. Tal interpretación es más que discutible, porque presupone una volatilidad electoral extrema que, en mi opinión, es inexistente y que, en todo caso, habría que demostrar. Es, además, una explicación poco consistente porque no encaja con las grandes diferencias en la amplitud e intensidad de los incumplimientos que se dan en países con características parecidas y niveles próximos de desarrollo. Antes que achacar la debilidad de la idea misma de programa electoral a causas tan imprecisas como el panorama líquido que caracteriza a nuestra época o a una tendencia general que atiza la mayor volatilidad del espacio político, deberían examinarse los muy desiguales niveles de calidad en el funcionamiento democrático que muestran países cercanos y sus causas.
Por otro lado, convendría no olvidar entre los factores que están propiciando la devaluación del significado de los programas electorales uno de los que está jugando un papel más importante en el deterioro de su credibilidad: la gestión de la crisis de la eurozona que está realizando la derecha europea. Varias son las consecuencias de esa gestión y todas ellas propician la pérdida de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y en sus promesas electorales: el vaciamiento de contenidos que experimenta la soberanía nacional, al menos en el ámbito financiero; la amplia indignación que provocan los recortes sin que existan mecanismos o hábitos de resolución democrática del desencuentro entre la opinión de la mayoría y las decisiones gubernamentales; las dificultades crecientes para ejercer un control ciudadano efectivo sobre las medidas que toman o no toman autoridades e instituciones nacionales; la inequívoca preferencia a favor de la toma de decisiones intergubernamental en detrimento de unos métodos comunitarios que permitirían una mayor relevancia de los compromisos electorales nacionales.
A pesar de todo, los programas electorales aún conservan un significado fuerte en muchos países de la Unión Europea, tanto para los partidos políticos que los aprueban como para una ciudadanía que los valora y muestra mayor grado de responsabilidad en las tareas de control y exigencia de cumplimiento. Por ello, conviene conocer los aspectos centrales de los programas que defienden los partidos políticos que en Alemania se disputan el voto de la ciudadanía; especialmente, las propuestas económicas de los dos partidos que tienen opciones reales de participar en la constitución de un próximo Gobierno que, no se olvide, va a seguir teniendo mucha influencia en lo que puedan hacer o no hacer las instituciones europeas y el Gobierno de España.
Las propuestas económicas electorales del SDP y la CDU/CSU
El primer partido que aprobó y presentó en público su programa electoral fue, el pasado mes de abril, el SDP. La socialdemocracia centra su programa económico en los asuntos en los que se le supone mayores competencias que a la derecha: búsqueda de mayores niveles de justicia social y un reparto más equitativo de la carga fiscal y de los costes ocasionados por la crisis. Por contra, en las propuestas que abordan los problemas de la eurozona, el SDP ofrece un perfil bajo y poco diferenciado de la derecha que se corresponde con su pasada actuación en este terreno, demasiado propensa a coincidir y apoyar las iniciativas presentadas por el actual Gobierno de Merkel. La socialdemocracia alemana no parece pensar que para poner fin a la estrategia de salida de la crisis que está aplicando la derecha europea y a su concepción insolidaria de Europa hay que confrontar democráticamente a la derecha alemana y combatir políticamente sus propuestas.
Incluso en los temas en los que las diferencias con la derecha son más claras y resultarían más favorables a los intereses electorales del SDP, los socialdemócratas parecen atenazados por un exagerado temor a que la propaganda de la derecha, que achaca al SDP una minusvaloración de los problemas que la ciudadanía alemana considera prioritarios, consiga reducir sus apoyos electorales. Temor que contribuye a difuminar sus rasgos específicos y a no distanciarse de las prioridades que la derecha ha logrado establecer en la opinión pública: en el terreno doméstico, mantener a raya la inflación, equilibrar los presupuestos del Estado y reducir el volumen de la deuda pública; y en el ámbito comunitario, la necesidad de establecer duras sanciones para impedir la propensión al gasto público que muestran los gobiernos de los países del sur de la eurozona y que ha causado, según el fantástico relato de la crisis que sustentan las corrientes neoliberales, la grave crisis que sufre el euro. La derecha ha logrado imponer un punto de vista según el cual la más mínima relajación en el rigor de los planes de ajuste y las medidas desreguladoras o la falta de credibilidad en los castigos a los incumplidores producirían la paralización de las reformas en curso, altos riesgos de volver a las andadas y déficits imposibles de financiar.
En torno a la pretensión de impulsar una mayor justicia social, el programa del SDP propugna establecer un salario mínimo legal en toda Alemania de 8,5 euros por hora, limitar las posibilidades de utilizar los contratos de trabajo a tiempo parcial, propiciar los empleos decentes y favorecer una reducción de las diferencias en los salarios que perciben hombres y mujeres con empleos y categorías similares.
Respecto al reparto de las cargas fiscales, plantea aumentar las tasas impositivas que gravan las rentas de las personas físicas de más de 100.000 euros anuales (desde el 42% actual hasta el 49%), incrementar las que recaen sobre las rentas del capital (del 25% al 32%), aprobar un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas y crear nuevas tasas específicas destinadas a impulsar la inversión en educación e infraestructuras públicas. Con un sentido parecido, se propugnan medidas que logren una mayor contribución del sector financiero en la reparación de los impactos negativos provocados por la crisis y en la prevención de futuras crisis. Así, se aboga por establecer una nueva tasa sobre las transacciones financieras, separar los bancos de inversión y los de depósito o limitar las deducciones fiscales de las que disfrutan las indemnizaciones, primas y demás remuneraciones de los directivos bancarios.
Para sintonizar con la sensibilidad medioambiental que distingue a la ciudadanía alemana, cultivar su propio espacio electoral y, al tiempo, potenciar la alianza postelectoral con Los Verdes, el SDP se compromete a incrementar la participación de las energías renovables en la producción de electricidad hasta alcanzar un 40-45% del total en 2020 y el 75% en el año 2030.
En el terreno de las propuestas para superar la crisis bancaria y prevenir futuras crisis, las medidas que ofrece el programa socialdemócrata apenas se diferencian de las que ha defendido el Gobierno de Merkel: una autoridad única de supervisión de los grandes bancos vinculada al BCE y un fondo común de resolución de crisis bancarias que se constituiría mediante una tasa específica a pagar por cada entidad y que sería proporcional a la importancia sistémica, el perfil de riesgo o el nivel de endeudamiento de cada banco. El SDP no se pronuncia a favor de los eurobonos (emisión común de títulos de deuda pública) o de cualquier otra fórmula de mutualización de la deuda soberana como herramienta para hacer desaparecer la actual fragmentación de los mercados financieros y evitar los ataques especulativos contra las deudas soberanas de los Estados con mayores dificultades de financiación. Tampoco se pronuncia en contra. De hecho, en discursos y declaraciones recientes, líderes socialdemócratas no excluyen la solución de los eurobonos, siempre que antes se aprueben mecanismos más estrictos de control sobre los presupuestos nacionales; aunque, como todo el mundo sabe, ya existan estrictos mandamientos de equilibrio presupuestario que, por ejemplo en España, han alcanzado la consagración constitucional.
En la dirección socialdemócrata no parece existir un acuerdo a propósito de los eurobonos u otra medida parecida. Y así, mientras una parte de los dirigentes socialdemócratas defiende esa solución, otra parte ha asumido el rechazo de la CDU/CSU a mutualizar las viejas deudas soberanas o bancarias y algunas de sus reservas hacia la mutualización de las deudas que se generen a partir de ahora: antes de ni siquiera discutir la viabilidad o eficacia de cualquier modalidad de mutualización de futuras deudas debe contarse con instituciones comunes de supervisión y una condicionalidad blindada con un sistema adecuado de sanciones que actúe como incentivo, evite el incumplimiento de esas condiciones e impida que una nueva mayoría electoral y el consiguiente cambio de Gobierno reivindiquen la capacidad soberana de renegociar las exigencias y sacrificios admitidos por autoridades anteriores.
Antes de enfocar al programa de la CDU, vale la pena señalar un par de detalles de las propuestas económicas que defienden Los Verdes. Apenas una semana después de la presentación pública del programa socialdemócrata, Los Verdes aprobaban y daban a conocer su programa. Su característica fundamental es la gran similitud con el del SDP, tanto en las líneas generales como en muchas de las principales propuestas concretas de política interna (salario mínimo, mayor presión fiscal sobre las rentas altas y los grandes patrimonios, introducción de una nueva tasa sobre las transacciones financieras) o para resolver la crisis del sistema bancario (una autoridad europea de supervisión bancaria y un fondo de reestructuración de las entidades con problemas). Coincidencias que, como es lógico, van acompañadas y matizadas con un mayor énfasis en los problemas energéticos y climáticos y un mayor desarrollo y relevancia de las medidas propuestas para resolverlos.
El programa aprobado por Los Verdes junto a su declarada apuesta a favor de una alianza gubernamental con el SDP expresan un reforzamiento de sus propuestas más sociales, aunque está por ver si ese giro a la izquierda concluye en una ampliación de los apoyos electorales progresistas o en un desplazamiento de una parte del electorado socialdemócrata hacia Los Verdes.
El último de los principales actores políticos en aprobar su programa electoral ha sido la CDU de Merkel, que lo presentó a finales del pasado mes de junio. Tras asegurarse una poca discutida hegemonía en el electorado conservador y liberal gracias al reforzado liderazgo de la actual canciller, el objetivo central del programa económico de los cristiano-demócratas es desactivar a parte del electorado sensible a las preocupaciones sociales que tradicionalmente han sido bandera de la socialdemocracia. Para ello, la CDU/CSU propone un “programa gubernamental para 2013-2017” que defiende medidas económicas que podrían ser respaldadas perfectamente por el SDP y sus votantes: un incremento de los gastos sociales en un amplio rango de 20.000 a 30.000 millones de euros anuales; un nuevo programa de inversión en infraestructuras públicas de 20.000 millones de euros; mayor inversión pública en educación. Es verdad que en esas promesas existe una debilidad evidente, pues no se especifica cómo se recaudará el dinero público necesario para financiar esas medidas y todo parece fiarse a un mayor crecimiento económico que facilite mayores ingresos públicos sin necesidad de imponer mayores cargas fiscales.
Las coincidencias con el SDP no terminan ahí. El programa de la CDU/CSU también se plantea el establecimiento de un tope en el alza de los alquileres de viviendas y, aún más importante, la introducción de un salario mínimo legal. Hasta la fecha, el salario mínimo se establece mediante la negociación colectiva en cada sector o rama que así lo acuerden, dándose un amplio abanico de salarios mínimos, inferiores en los länder que en el pasado formaron parte de la antigua República Democrática Alemana (RDA) y en las actividades de servicios a las personas de menor capitalización y cualificación laboral, y sectores y territorios que no cuentan con salario mínimo. Lo que ahora propone la CDU/CSU es extender a todos los sectores y ramas ese sistema de negociación y establecimiento de un salario mínimo, mediante la negociación entre las patronales y los sindicatos correspondientes. Hay que hacer notar que la derecha alemana, lejos de mostrar la obsesión de la derecha española por debilitar la negociación colectiva y a los propios agentes sociales, especialmente a los sindicatos de clase, actúa de forma pragmática y plantea objetivos de política económica y social que amplían las tareas de la negociación colectiva y sirven para realzar el papel de patronales y sindicatos.
Llegados a este punto, hay que subrayar cómo los cristiano-demócratas aceptan incorporar reivindicaciones e introducirse en terrenos muy vinculados a la socialdemocracia sin por ello renunciar a sus planteamientos ideológicos ni a elaborar argumentos propios acordes con tales planteamientos. En materia fiscal, por ejemplo, el programa económico cristiano-demócrata se opone a incrementar la presión fiscal, establecer mayores cargas tributarias para las rentas más altas y las grandes fortunas o crear nuevas figuras impositivas, salvo una nueva tasa sobre las transacciones financieras que tiene una justificación ideológica propia, pues lejos de dejarse atrapar o influir por los argumentos que esgrime la izquierda, pone el acento en la intención de limitar las distorsiones a la libre competencia y en la tarea de preservar los intereses de Alemania y de sus principales plazas financieras.
Respecto a las medidas para solucionar los problemas de la eurozona, las diferencias con los planteamientos del SDP son, como ya se ha comentado antes, escasas y de poca monta, sin que en ningún caso puedan considerarse obstáculos de entidad que impidan llegar a una nueva gran coalición. Es verdad que los cristiano-demócratas rechazan de forma explícita los eurobonos, pero ese potencial punto de diferenciación u otros aspectos secundarios de fricción entre las propuestas de ambos partidos serían pequeñas gotas de discordia en un barril de coincidencias que recoge parecidas medidas en torno a la unión bancaria o la consolidación fiscal a lograr por todos los Estados miembros y parecidos argumentos en defensa del euro o sobre la importancia de la eurozona para los intereses alemanes. Y ambos partidos plantean su disposición a que Alemania siga ayudando a sus socios europeos, siempre que tal ayuda esté sometida a una condicionalidad estricta.
Como no podía ser de otra manera, el programa de la CDU/CSU pone también el acento en el avance de las reformas estructurales encaminadas a mejorar la competitividad de los países del sur de la eurozona mediante la reducción de los costes laborales y fiscales que soportan las empresas. Al referirse a esa equívoca e interesada expresión de reformas estructurales, las instituciones europeas están manifestando la necesidad (y la obligatoriedad) de proseguir la desregulación del mercado laboral, la devaluación interna y el recorte de gastos y bienes públicos que tan bien conocemos en España. Pero, ni siquiera en este terreno, el SDP defiende alternativas muy diferentes que no sean recomendar menores ritmos e intensidad en los ajustes que se exigen o mayores espacios para la negociación con los respectivos gobiernos nacionales y entre los agentes sociales.
En definitiva, Merkel trata de aumentar la abstención entre los electores del SDP (sin renunciar, por supuesto, a disputarle parte de sus potenciales votos), aprovechando la debilidad del liderazgo de Steinbrück, las tensiones internas que suscita su figura y la escasa diferenciación entre los respectivos programas económicos. La puerta para la renovación de una nueva gran coalición está abierta de par en par, con una importante diferencia respecto a la última experiencia de 2005 a 2009: los cristiano-demócratas se sienten pletóricos y en ascenso mientras el SDP sufre un fuerte desgaste ideológico y una evidente debilidad que reduce su credibilidad como alternativa de Gobierno, incluso entre una parte significativa de su electorado.
Las posibilidades programáticas de una alianza gubernamental de la CDU/CSU con Los Verdes también están presentes. El principal obstáculo ya fue parcialmente eliminado por Merkel cuando, tras la catástrofe nuclear de Fukushima, se comprometió a que Alemania quedaría libre de centrales nucleares en el año 2022. Objetivo alcanzable técnicamente, ya que en apenas una década, entre el año 2000 y el año 2010 (antes, por tanto, del maremoto que asoló Japón el 11 de marzo de 2011 y provocó el desastre atómico de Fukushima) la producción de electricidad proveniente de las centrales nucleares alemanas había experimentado un retroceso notable. Según fuentes gubernamentales, la sustitución de la energía nuclear por energías renovables llevaría a estas últimas a generar en 2020 el 35% de la producción eléctrica y en 2050, el 80%. No obstante, la alianza con Los Verdes se antoja menos interesante para Merkel que la gran coalición con el SDP ya que le proporcionaría un respaldo parlamentaria menos sólido, suscitaría menos apoyos internos en el seno de ambos partidos, despertaría más reacciones negativas entre sus electores, especialmente en los de Los Verdes, y podría facilitar un acercamiento entre las fuerzas de izquierdas en la oposición que acabara alentando una mayor resistencia social a las iniciativas de esa coalición gubernamental.
En todo caso, la primera opción de Merkel sigue siendo la de renovar la alianza con el FDP, pero el decaimiento de los liberales (buena parte de su electorado parece haber sido fagocitado por los cristiano-demócratas) puede impedir que obtengan representación parlamentaria o, más probablemente, que ésta sea demasiado pequeña y no permita formar una mayoría suficiente.
Merkel necesitaba un programa electoral que permitiera barajar todas las opciones y ese programa es el que la CDU/CSU ha aprobado. El SDP sigue sin entender las razones de la postración en la que se encuentra y esa incomprensión se refleja en su programa electoral y en la propia nominación de Steinbrück como candidato a la cancillería.
En el próximo artículo sobre la elecciones alemanas se examinarán los cambios ya iniciados por la actual coalición gubernamental para reorientar el modelo de crecimiento de la economía alemana; cambios que, en cualquier escenario de Gobierno posible, tenderán a consolidarse en la próxima legislatura. También se intentará abordar la cuestión de hasta qué punto la continuidad de Merkel al frente del Gobierno puede suponer continuidad en las políticas y en la estrategia de salida de la crisis impuestas en los últimos tres años o es compatible con una suavización de las exigencias de austeridad y con una inflexión estratégica que permita cierto grado de crecimiento económico en los países del sur de la eurozona y menores dosis de malestar y conflictividad social.
