La conducta de los distintos aparatos del Estado de México favorece de manera perversa al cada vez más inevitable candidato republicano estadounidense
Cuando Donald Trump dijo hace unos meses que levantaría un muro para frenar la inmigración procedente del sur y haría que lo pagara México, el gobierno de este país, la gran mayoría de los medios y ciertas instituciones acomodaticias de la sociedad civil pusieron el grito en el cielo.
Y, sin embargo, la conducta de los distintos aparatos del Estado de México y algunos de esos portavoces cómplices de la sociedad favorece de manera perversa al cada vez más inevitable candidato republicano estadounidense.
UNA DENUNCIA LACERANTE
Desgraciadamente, abundan ejemplos de lo anterior. Pero el último, por su extrema gravedad, no puede ser tratado como uno más de los habituales. La denuncia del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de derechos humanos que ha investigado la matanza de 43 jóvenes estudiantes en Iguala no sólo arroja luz sobre la falta de garantías mínimas de protección de los derechos y libertades en México, por el funcionamiento perverso de buena parte de sus aparatos estatales. También revela la impunidad política, mediática y social de la que se benefician los infractores.
El mencionado grupo de expertos consiguió destapar mentiras, manipulaciones, intoxicaciones y obstrucciones de altos responsables de la fiscalía, de la policía, del Ejército, y del ejecutivo. Y al hacerlo, lejos de obtener no ya el respaldo, sino al menos la atención de los medios o de otros sectores de la sociedad, se encontraron con una campaña denigratoria de algunos de sus miembros y, a la postre, con el virtual bloqueo de sus trabajos. La continuidad de su labor se hizo materialmente imposible y decidieron darla por concluida.
Los expertos latinoamericanos que han investigado la matanza de Iguala no son políticos, periodistas o propagandistas aficionados o impulsados por sus ideologías, prejuicios o intereses espurios. Se trata de profesionales acreditados con una larga experiencia en esta clase de investigaciones. Naturalmente, hasta el más avezado puede cometer errores o dejarse influir por la emotividad ambiental, sobre todo en una salvajada de ese calibre. Pero resulta difícil que, si tal fuera el caso, no hubieran surgido voces discrepantes en el propio grupo que corrigieran, matizaran o se desvincularan de estas denuncias. Nada de eso ha ocurrido. La denuncia del grupo de expertos ha sido unánime.
La reproducción de las irregularidades y contradicciones oficiales, y aún peor, las razonables sospechas de complicidad de la policía federal o el Ejército en la matanza, exceden el espacio de este artículo. A modo de idea fuerza, baste decir que el panel de expertos considera que “el modus operandi” demuestra una acción coordinada” entre la policía local y algunos organismos estatales. La llamada “verdad histórica” atribuye la responsabilidad del macrocrímen en la acción concertada de un sector de la policía municipal y un cartel local del narcotráfico.
Nunca hubo demasiada confianza en que el actual gobierno mexicano tuviera un interés genuino en el esclarecimiento de los hechos y en la consecuente depuración de responsabilidades. El propio Jefe del Estado no ha podido ocultar su incomodidad por la persistencia de quienes no han querido resignarse al olvido. Suena inevitablemente a hipocresía algunas declaraciones ligeras de Peña Nieto apelando a la necesidad de “mirar al futuro” o a “pasar página”.
Esta indiferencia o debilidad abonaba un escepticismo muy arraigado en los sectores más comprometidos del país, debido a la dilatada trayectoria de abusos oficiales, encubrimientos, irresponsabilidad e impunidad del sistema político mexicano. No es casualidad que los muchachos masacrados en Iguala se dispusieran a participar en un acto en memoria de las víctimas de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, en octubre de 1968.
DAÑO AUTOINFLIGIDO
La campaña de Peña Nieto para combatir la demagogia de Trump se basa en actuaciones puramente cosméticas
Como dice un veterano corresponsal norteamericano con experiencia en aquel país, “México se ha autoinfligido una herida en su imagen externa” de una amplitud considerable (1). El descrédito que ha provocado la actuación de las autoridades y la desigual respuesta social puede tener consecuencias muy lesivas para el porvenir del país.
El Presidente Peña Nieto impulsó una campaña de imagen y relaciones públicas, que incluía al propio cuerpo diplomático, para contrarrestar el daño que Donald Trump estaba haciendo a México. Puede entenderse la preocupación y la indignación de cualquier mexicano por unos pronunciamientos tan infames y, más aún, por unas propuestas que se asemejan a las aplicadas en otros periodos históricos por líderes, gobiernos o regímenes basados en la discriminación, el racismo o el odio.
A nadie debe extrañar este modo de proceder, cuando Peña Nieto es uno de los ejemplos más claros de promoción política basado casi exclusivamente en el recurso de las relaciones públicas, abundante drenadas con dinero de intereses dispuestos a pasarle la factura desde el primer momento.
El problema es que una cosa es “fabricar la imagen presidenciable” de un débil aspirante y otra modificar los prejuicios y falsas creencias relacionadas con un país en el exterior. La campaña de Peña Nieto para combatir la demagogia de Trump se basa en actuaciones puramente cosméticas, que le costarán no poco dinero al contribuyente mexicano y resultarán completamente inútiles, porque la credibilidad del Presidente mexicano ya está por los suelos.
De poco vale que Peña Nieto se rasgue las vestiduras por el “muro de Trump” o sus alusiones ofensivas al pueblo mexicano, si su actuación como máximo responsable del Estado pone en evidencia fracturas tan graves en el funcionamiento del Estado de Derecho. Los beneficiarios de estas actuaciones son los delincuentes públicos y privados mexicanos, a quienes se garantiza la impunidad, y dirigentes extranjeros como Donald Trump, interesados en cargarse de razón para cimentar sus lamentables propuestas con más apoyos sociales y políticos.
En definitiva, hay muchos motivos para reconocer que México no es una democracia funcional, como sostienen muchos críticos dentro y fuera del país (2). Ninguno, por supuesto, es seguidor de Trump, ni favorece su estrategia.
La mejor campaña de imagen que México puede hacer es cumplir la ley, perseguir el delito, castigar a los responsables, sean quienes sean, resarcir a las víctimas y promover acciones que refuercen la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Justo el México digno al que Trump nunca podrá ofender.
(1) “Mexico Self-Image Problem”. GINGER THOMPSON. NEW YORK TIMES, 25 de abril del 2016.
(2) “México is not a functioning democracy” JOHN ACKERMAN. FOREIGN POLICY, 23 de febrero de 2016
