El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación Prolongar han presentado, el 26 de abril en el marco de la XXX Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), el informe “La guerra escondida. Minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra en Colombia”.
Un documento de más de cuatrocientas páginas que recoge los resultados de dos años de trabajo de un grupo de investigadoras e investigadores colombianos. Con la coordinación de María Elisa Pinto y la relatoría de Gabriel A. Ruiz, el informe presenta un panorama fidedigno sobre el uso de las minas antipersonal y las consecuencias sobre las personas afectadas, principalmente población civil y efectivos de las fuerzas públicas.
El trabajo recoge que, según cifras de Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, en el período 1990-2016 el número de víctimas en Colombia por minas antipersonal (MAP) y remanentes explosivos (REG) ascendió a once mil cuatrocientas cuarenta personas, de las que el 60 % fueron miembros de la Fuerza Pública y el 40 % civiles.
Un arma explosiva que está prohibida por el Derecho Internacional Humanitario a través de la Convención de Ottawa de 1999 y que no discrimina a la hora de lesionar personas. Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en víctimas de este tipo de armamento, después de Afganistán, y el primero en cuanto a que esas damnificadas pertenezcan a la Fuerza Pública.
El profesor Gabriel A. Ruiz también hizo público dicho informe dentro del IX Congreso Internacional de Ciencias Sociales de la Universidad de Medellín (UdeM) que tuvo lugar en la capital antioqueña los días 27 y 28 de abril. Frente a un auditorio formado por docentes, investigadores, estudiantes y especialistas en comunicación, educación, conflicto y paz, el doctor Ruiz dio a conocer cómo se había llevado a cabo ese trabajo durante los dos últimos años.
La investigación efectuó trabajo de campo en las nueve zonas del país más afectadas por este tipo de explosivos: los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo y la región de los Montes de María, en los departamentos de Sucre y Bolívar. En ellos se concentran los veinticinco municipios que reúnen al cincuenta por ciento de las víctimas y sobrevivientes.
Las y los investigadores han trabajado con ciento sesenta víctimas civiles y trescientas de la Fuerza Pública, además de veinte personas desmovilizadas. En su desarrollo se llevaron a cabo talleres con mujeres, hombres, niñas y niños y adolescentes de las comunidades afectadas, incluyendo los miembros de la etnia awá que ha sido una de las más golpeadas por el uso de minas antipersonal.
El informe cuenta con el prólogo de Jody Williams, premio Nobel de la Paz en 1997 por su campaña contra las minas antipersonal, quien resalta la importancia de luchar contra un armamento que continúa “cobrando vidas y extremidades” décadas después de la terminación de una guerra.
Para la activista, estos artefactos de guerra son más que “armas de destrucción masiva a cámara lenta”, porque “fueron diseñadas para mutilar un enemigo y causar pánico entre los combatientes que lo rodean”. No sólo inciden sobre las víctimas directas, sino que causan efectos en las familias, por las cargas que los acompañan; en la sociedad, por las atenciones sanitarias que requieren, y en la tierra, porque limitan el uso productivo del territorio.
En el texto se subrayan los dos momentos más relevantes para las personas que sobreviven a las minas o a los remanentes: uno, “las circunstancias que rodean el atentado”, y dos, “las dificultades para hacer reconocer sus derechos y acceder a los mecanismos de protección y atención previstos para estos casos.”
Todo lo que recoge este trabajo hace ver que las MAP y los REG constituyen “una guerra sin rostro que tiene la particularidad de que su huella queda marcada para siempre en la corporalidad del sobreviviente.”
De entre las catorce conclusiones y recomendaciones recogidas en el informe destacaríamos las siguientes:
- que el uso de estos artefactos por parte de las guerrillas de las FARC y del ELN “fue su respuesta al avance tecnológico de las Fuerzas Armadas colombianas, representado en la tecnificación de la capacidad de ataque aéreo de precisión, que significa un máximo de eficacia y un mínimo de exposición.” Lo que no justifica su empleo ni el sufrimiento que conlleva, siendo su efecto indiscriminado una “muestra de la degradación de la guerra” y de la clara violación del Derecho Internacional Humanitario.
- que las minas antipersonal alteran la relación de la población con su territorio, aumentando la deserción escolar, disminuyendo la superficie de tierras cultivadas y produciendo mayor desplazamiento forzado.
- que las personas sobrevivientes y sus familias no demandan fundamentalmente ayudas económicas sino revalorización de su condición y el reconocimiento como sujetos de derechos.
- que el trabajo de recuperación de la memoria es fundamental para la reconstrucción de relatos que dignifiquen a las víctimas y les liberen de la incertidumbre que les hace autoinculparse de su situación.
- y la petición de que se instaure el 22 de abril como el “Día del reconocimiento de la dignidad de los sobrevivientes y las víctimas de MAP y REG”. Ese día del año 2010 fue la fecha más nefasta, al sumar ochenta y cinco personas afectadas por cuatro explosiones en otros tantos lugares del país.
Como parte fundamental del proceso de paz, Colombia necesita abordar el completo desminado de su territorio y cumplirle social, económica y sanitariamente a las víctimas y a sus familias.
