La incesante revolución tecnológica en la que nos encontramos inmersos está cambiando notablemente nuestra realidad, introduciendo hábitos, lenguajes e incluso leyes totalmente novedosos. Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar es el drone, cuyas aplicaciones comienzan a ser objeto de un interesante debate.
Abril ha sido el mes en el que la Unión Europea ha anunciado su disposición a regular todo lo relacionado con vuelos no tripulados, algo que se prevé sea un revulsivo para la industria aeronáutica. Estados Unidos lleva algún tiempo presionando en este sentido, pero el vertiginoso desarrollo del sector es el que verdaderamente ha convencido a Bruselas. se estima que dicha actividad creará cerca 170000 empleos en la próxima década solo en los Estados Unidos, y moverá un total de 89000 millones de dólares en todo el mundo. Así pues la Comisión Europea se propone elaborar una normativa en el plazo de dos años, a través de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. No hablamos de tecnología con fines militares, tal y como se desprende de las palabras del Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Transporte Siim Kallas: Los drones civiles pueden verificar el estado de carreteras o vías de ferrocarril, evaluar los daños de una inundación o de un cine o fumigar un campo con exactitud milimétrica. Sin embargo estas medidas llegan con cierto retraso, pues los aparatos de este tipo fabricados en Europa suponen un tercio de la producción mundial. Dentro de la UE se entiende mejor esta urgencia, ya que la situación legal varía de país a otro. Mientras en Francia hay cerca de medio millar de operadores con licencias para el uso de drones, en España esta actividad está prohibida.
Establecer márgenes claros al respecto es necesario, no solo por el potencial económico sino para disipar las dudas que pueda hacer acerca de su cuso. Con frecuencia asociamos la palabra drone a un tipo de tecnología empleada para llevar a cabo acciones de dudosa legalidad. Desde los asesinatos selectivos de supuestos terroristas hasta el espionaje, su rastro en la actualidad nos trasmite una imagen ciertamente negativa. Pero volvamos la mirada a territorio norteamericano, donde el empleo de drones está generando problemas en el campo civil. El pasado mes de febrero la Agencia Aeronáutica Federal (FAA en inglés) de Estados Unidos empezó a investigar el uso impropio de estos artefactos a raíz de una polémica periodística, y es que la compañía WFSB-TV los estaba usando para poder captar imágenes. Una de sus aeronaves sufrió algún tipo de fallo y provocó un accidente mortal en la ciudad de Hartfort, capital de Connecticut, mientras cubría un suceso. La FAA resolvió que era ilegal el uso de drones con fines comerciales o informativos, decisión que no deja de sorprender en un país que se sirve de esta clase de tecnología para vigilar su frontera con México. Sin embargo la noticia más alarmante saltaba en 2012 cuando un grupo de investigadores de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Texas, logró "secuestrar" un drone engañando a su sistema de GPS. A partir de entonces se ha tomado más en serio la posibilidad de que un hacker pueda hacerse con el control de una de estas naves no tripuladas, utilizándolas posteriormente para fines tales como el contrabando o el terrorismo.
Conciliar avance tecnológico y seguridad es sin lugar a dudas el reto más importante, aunque en estos tiempos de escuchas, filtraciones y teorías de conspiración no resulte nada fácil. Para resolver este conflicto debemos contar con leyes y filtros democráticos que permitan el uso de dispositivos de última generación dentro de límites aceptables. A la espera de conocer los contenidos definitivos y sin ánimo de adelantar conclusiones, puede decirse que la Unión Europea avanza por la senda correcta.
