nuevatribuna.es
7 de junio de 2009, 17:23
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 06.06.2009
La selva peruana amazónica ha vivido una de las jornadas más sangrientas de su historia reciente. Un violento desalojo de manifestantes en una carretera del departamento de Amazonas diera inicio ayer a una guerra sin tregua entre los indígenas awajún (los antiguos guerreros Jíbaros) y la policía peruana.
Desde hace más de 50 días, más de 5.000 pueblos indígenas peruanos han tomado carreteras, entre ellas la única vía de acceso a la selva desde la costa, hoy desbloqueada.
Las más de 60 tribus peruanas, aglutinadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), protestan desde hace 58 días por unas normas legales que, consideran, afectan su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales; y que el Gobierno aprobó, en gran medida, para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ellos temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada. Desde entonces han bloqueado carreteras, vías fluviales, y han obstaculizado las operaciones petroleras y gasíferas de la región.
Aunque la Ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, confirmó tras el fin de la jornada 11 policías muertos y 3 indígenas, las fotos difundidas por la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú denuncia un baño de sangre. Muestran cuerpos torturados, desnudos, heridos de bala y quemados.
El colegio médico de Chachapoyas, capital de la región de Amazonas, reconoce 29 indígenas muertos por heridas de bala mientas que la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, la organización indígena que ha liderado desde hace casi dos meses un paro amazónico en defensa de los territorios ancestrales de 1200 comunidades amazónicas, afirma que los nativos muertos superarían el medio centenar.
Pero la pregunta todavía sin respuesta frente a estas cifras preliminares es dónde están los cadáveres, según publica elmundo.es. Mientras los restos de 9 de los policías muertos ya han llegado a Lima, en los hospitales de la zona sólo se registran 3 indígenas fallecidos.
Al respecto, el dirigente amazónico Zebelio Kayap, desde la zona del conflicto denuncia que los cuerpos de los fallecidos están siendo "desaparecidos" por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales. También que la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger los heridos y trasladarlos a las ciudades cercanas y que tampoco deja recoger los cadáveres desperdigados.
Al respecto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha publicado estas denuncias de brutalidad policial en su en su blog y confirmó que han recibido denuncias extraoficiales sobre la posible quema de cadáveres por parte de efectivos policiales.
Por ello, la Coordinadora solicitó a la Fiscal de la Nacional la investigación de estos posibles actos contra los derechos fundamentales. La Ministra de Interior negó estas denuncias y consideró que se trata tan sólo de especulaciones y versiones interesadas para encubrir la masacre policial. Por su parte, el Primer Ministro, Yehude Simon, aseguró que el gobierno actuó de forma democrática y en el marco de la Constitución para poner orden en el país, frente al paro amazónico convocado "por un sector de comunidades amazónicas".
38 POLICÍAS SECUESTRADOS
Mientras en la ciudad de Bagua sus habitantes incendiaban locales públicos, 2000 indígenas de la localidad de Imaza, ya en declaratoria de guerra, secuestraron en la tarde (madrugada española) a 38 policías y un ingeniero en la estación petrolífera estatal de Petroperú, cercana a la ciudad de Bagua.
Un poblador de la zona llamó a la emisora local RPP para amenazar que si la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, no ordena el retiro de las Fuerzas Armadas de la ciudad de Imaza, procederán a ejecutar a los rehenes.
Frente a esta situación completamente caótica en la selva, la oposición política pide la cabeza del Primer Ministro, Yehude Simon, a cuyo cargo han estado las negociaciones para acabar con el paro amazónico que desde hace dos meses llevan a cabo los pueblos indígenas, y de la Ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, por haber ordenado el desalojo por la fuerza de la carretera Fernando Belaunde Terry, lo que motivó el estallido del polvorín en la región.
La lucha de 1200 comunidades de la selva peruana, que superan las 200.000 personas, se inició el pasado 9 de abril en señal de protesta por la promulgación de una serie de decretos legislativos que consideran que atentan contra sus derechos ancestrales sobre el territorio que habitan.
El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, denunció que se está cometiendo "un genocidio" contra los indígenas y responsabilizó al presidente Alan García. "Nos están metiendo bala como si fuéramos delincuentes o animales", declaró. Por su parte, el Gobierno ha responsabilizado a Pizango de los hechos. El dirigente de los nativos se enfrenta a denuncias por sedición. "Ha caído a un nivel delincuencial", comentó Alan García, quien lamentó las muertes y señaló que las protestas podrían estar dirigidas por intereses extranjeros.
La selva peruana amazónica ha vivido una de las jornadas más sangrientas de su historia reciente. Un violento desalojo de manifestantes en una carretera del departamento de Amazonas diera inicio ayer a una guerra sin tregua entre los indígenas awajún (los antiguos guerreros Jíbaros) y la policía peruana.
Desde hace más de 50 días, más de 5.000 pueblos indígenas peruanos han tomado carreteras, entre ellas la única vía de acceso a la selva desde la costa, hoy desbloqueada.
Las más de 60 tribus peruanas, aglutinadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), protestan desde hace 58 días por unas normas legales que, consideran, afectan su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales; y que el Gobierno aprobó, en gran medida, para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ellos temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada. Desde entonces han bloqueado carreteras, vías fluviales, y han obstaculizado las operaciones petroleras y gasíferas de la región.
Aunque la Ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, confirmó tras el fin de la jornada 11 policías muertos y 3 indígenas, las fotos difundidas por la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú denuncia un baño de sangre. Muestran cuerpos torturados, desnudos, heridos de bala y quemados.
El colegio médico de Chachapoyas, capital de la región de Amazonas, reconoce 29 indígenas muertos por heridas de bala mientas que la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, la organización indígena que ha liderado desde hace casi dos meses un paro amazónico en defensa de los territorios ancestrales de 1200 comunidades amazónicas, afirma que los nativos muertos superarían el medio centenar.
Pero la pregunta todavía sin respuesta frente a estas cifras preliminares es dónde están los cadáveres, según publica elmundo.es. Mientras los restos de 9 de los policías muertos ya han llegado a Lima, en los hospitales de la zona sólo se registran 3 indígenas fallecidos.
Al respecto, el dirigente amazónico Zebelio Kayap, desde la zona del conflicto denuncia que los cuerpos de los fallecidos están siendo "desaparecidos" por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales. También que la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger los heridos y trasladarlos a las ciudades cercanas y que tampoco deja recoger los cadáveres desperdigados.
Al respecto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha publicado estas denuncias de brutalidad policial en su en su blog y confirmó que han recibido denuncias extraoficiales sobre la posible quema de cadáveres por parte de efectivos policiales.
Por ello, la Coordinadora solicitó a la Fiscal de la Nacional la investigación de estos posibles actos contra los derechos fundamentales. La Ministra de Interior negó estas denuncias y consideró que se trata tan sólo de especulaciones y versiones interesadas para encubrir la masacre policial. Por su parte, el Primer Ministro, Yehude Simon, aseguró que el gobierno actuó de forma democrática y en el marco de la Constitución para poner orden en el país, frente al paro amazónico convocado "por un sector de comunidades amazónicas".
38 POLICÍAS SECUESTRADOS
Mientras en la ciudad de Bagua sus habitantes incendiaban locales públicos, 2000 indígenas de la localidad de Imaza, ya en declaratoria de guerra, secuestraron en la tarde (madrugada española) a 38 policías y un ingeniero en la estación petrolífera estatal de Petroperú, cercana a la ciudad de Bagua.
Un poblador de la zona llamó a la emisora local RPP para amenazar que si la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, no ordena el retiro de las Fuerzas Armadas de la ciudad de Imaza, procederán a ejecutar a los rehenes.
Frente a esta situación completamente caótica en la selva, la oposición política pide la cabeza del Primer Ministro, Yehude Simon, a cuyo cargo han estado las negociaciones para acabar con el paro amazónico que desde hace dos meses llevan a cabo los pueblos indígenas, y de la Ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, por haber ordenado el desalojo por la fuerza de la carretera Fernando Belaunde Terry, lo que motivó el estallido del polvorín en la región.
La lucha de 1200 comunidades de la selva peruana, que superan las 200.000 personas, se inició el pasado 9 de abril en señal de protesta por la promulgación de una serie de decretos legislativos que consideran que atentan contra sus derechos ancestrales sobre el territorio que habitan.
El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, denunció que se está cometiendo "un genocidio" contra los indígenas y responsabilizó al presidente Alan García. "Nos están metiendo bala como si fuéramos delincuentes o animales", declaró. Por su parte, el Gobierno ha responsabilizado a Pizango de los hechos. El dirigente de los nativos se enfrenta a denuncias por sedición. "Ha caído a un nivel delincuencial", comentó Alan García, quien lamentó las muertes y señaló que las protestas podrían estar dirigidas por intereses extranjeros.
