Entre los directivos se encuentran el presidente de la división brasileña de Chevron, el estadounidense George Buck, otros cuatro estadounidenses, dos franceses, tres australianos, un canadiense, un británico y cinco brasileños.
Los implicados deberán entregar sus pasaportes a la Policía Federal de Brasil y no podrán salir del país sin permiso judicial expreso, en función de la orden cautelar decretada por el magistrado Vlamir Costa Magalhães, del Tribunal Penal Federal de Río de Janeiro, según informó la Agencia Brasil (oficial).
El Ministerio Público (Fiscalía) anunció que la semana que viene va a presentar demandas contra los 17 ejecutivos por su presunta responsabilidad penal en el vertido ocurrido en un pozo de Chevron el pasado noviembre y por otra filtración de crudo en la misma zona ocurrida esta semana.
El primer derrame vertió al mar 2.400 barriles de crudo, según los cálculos de la empresa, que son conservadores en relación a la versión de las autoridades de Río de Janeiro, que creen que pudo alcanzar hasta 15.000 barriles.
El accidente ocurrió en el yacimiento marítimo Campo de Frade, a unos 130 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, supuestamente por un error de cálculo en la presión ejercida por la sonda de perforación, que es propiedad de Transocean.
Esta semana se registró una nueva filtración de crudo en el fondo marino, a unos tres kilómetros del pozo, que fue sellado y abandonado por Chevron en noviembre.
La Marina brasileña detectó hoy una "tenue mancha" de crudo de cerca de un kilómetro de extensión en la superficie del océano Atlántico, en la zona de la filtración.
Las autoridades han impuesto diversas multas a Chevron, que también se enfrenta a demandas judiciales que solicitan que se le impida operar en Brasil y que pague cuantiosas indemnizaciones.
Al conocerse el último vertido, Chevron anunció que va a suspender temporalmente la producción de petróleo en el Campo de Frade, que está ubicado en la cuenca de Campos, región donde se extrae cerca del 90 por ciento de los hidrocarburos de Brasil.
La compañía estadounidense es la operadora del proyecto, con un 51,74 por ciento de las acciones, en el que también participa la estatal brasileña Petrobras, con un 30 por ciento y el consorcio japonés Frade, con el 18,26 por ciento restante.
