La Asociación Española de Protección Civil para los Eventos Climáticos Severos considera que la evaluación y gestión de los riesgos del "clima espacial " y ante un posible "evento solar severo" como el de Quebec de 1989 - que dejó a 6 millones de personas sin electricidad durante 9 horas - , o de mayor intensidad, está siendo llevada por las autoridades españolas de espaldas a las recomendaciones y estándares básicos de diligencia con los que se viene actuando en esta materia hace varios años en el plano internacional.

En particular, respecto las recomendaciones expresamente formuladas a los Gobiernos y autioridades internacionales por organismos como la Comisión Europea, la NASA, la OCDE o la Organización Meteorológica Mundial, que hacen hincapié en cuestiones básicas como la creación de páginas webs oficiales, o teléfonos de atención al público, para educar y formar a la ciudadanía ante este nuevo tipo de riesgos asociados a nuestra vulnerabilidad tecnológica que, precisamente por ser tan poco conocidos por la población civil, hace especialmente necesario adoptar este tipo de medidas.

Así, comenzando por la ausencia de nuestro país en alguno de los principales simulacros como el reciente simulacro de cooperación atlántica Unión Europea-EEUU llevado a cabo en febrero de 2010 en Boulder Colorado, la Asociación considera que el riesgo e impacto de una posible tormenta solar severa no está siendo correctamente atendido en España y hay ausencia de medidas concretas.

En este sentido señalan como Estados Unidos, por ejemplo, ha evaluado mapas de posible impacto de este tipo de fenómenos en su red eléctrica desde la frontera de Canadá hasta México, en función de la latitud que pudiese alcanzar y de la posible intensidad que pudiese tener y su Congreso está a punto de adoptar una legislación específica (la SHIELD Act) para gestionar este tipo de emergencias; y del mismo modo viene tomando incontables medidas desde hace más de 5 años, como la creación de una unidad de contingencia específica, la “Geomagnetic Disturbance Task Force”, la última de las cuales ha sido dirigir una “circular” interna a todos los operadores industriales y operadores críticos del país para que tengan pautas específicas de actuación en caso de evento solar severo.

El poprio “EIS Council” (“Electrical Infrestructures Security Council”, organismo internacional) compareció ante el Parlamento Británico para explicar que los “tres primeros pasos” preventivos para cualquier nación debían ser 1- Garantizar la continuidad de la Estructura de Gobierno; y sus comunicaciones 2- Garantizar el suministro de las Centrales Nucleares y otras infraestructuras criticas, incluido la protección de los mecanismos eléctricos de control de su funcionamiento; 3- Adaptar los planes y dispositivos de intervención de emergencia para ser capaces de mantener su operatividad ante un posible escenario de disrupción por pulso electromagnético o EMP“; en cambio, en el caso español, hace tan sólo tres días medios nacionales recogían el reconocimiento de que centrales nucleares como la de Garoña sólo dispondrían de 4 horas de funcionamiento de emergencia para sus generadores, insuficiente para garantizar un completo apagado y refrigeración con la seguridad debida y sorprendente cuando la Comisión de Regulación Nuclear de los EEUU revisa en estos momentos garantizar la autonomía de las reservas de diesel de los generadores de cada central hasta los 30 días, por un coste estimado de menos de 200.000 dólares por central.

En el Reino Unido el Ministro de Defensa acaba de anunciar hace 5 días la creación de una Comisión que realizará una completa revisión del impacto que tendría en los medios de defensa nacional y en las infraestructuras críticas nacionales ante un posible efecto EMP asociado a una tormenta solar .

En Alemania las autoridades han desarrollado ya distintos informes para evaluar el impacto que tendría en los distintos sectores del país, y, en particular, protocolos específicos que permitiesen actuar a sus servicios de emergencia en el caso de que un apagón a gran escala interrumpiese de forma prolongada las comunicaciones entre unidades de emergencia.

Frente a todo ello la Asociación Española de Protección Civil para los Eventos Climáticos Severos, recuerda que el Estado tiene un deber de desplegar la “diligencia debida” y atender a tales simulacros, recomendaciones y estándares internacionales conforme se va produciendo una evolución y actualización de los conocimientos y las buenas prácticas (estado de la "lex artis" de referencia en esta materia), pero sin embargo hace ya varios años que en materia de clima espacial nos hemos quedado descolgados, lo que jurídicamente puede suponer un "incremento del riesgo permitido" en terminos jurídicos.

Señalan igualmente que el ejemplo más claro y reciente de la obligación de observar estándares de diligencia debida lo tenemos en Italia donde estos mismos días se han abierto juicios penales por homicidio imprudente de 300 personas contra responsables de la Comisión de Grandes Riesgos del Gobierno italiano que no evaluaron debidamente el riesgo existente en la ciudad de L'Aquila en abril de 2009, y en lugar de dar una información básica ajustada a los indicios de riesgo sísmico del que se disponía en el momento omitieron toda información o recomendación a la población respecto las medidas de autoprotección posibles; confundiendo el informar sin generar alarma con el no informar. Informar con normalidad de recomendaciones preventivas básicas ante una determinada hipótesis y no informar ni dar recomendación alguna son dos cosas muy distintas.

En el caso español el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, derecho a la vida y la seguridad de los ciudadanos, deja claro que es deber del Estado evitar y prevenir la puesta en peligro de la seguridad de las personas y, en particular, adoptar medidas adecuadas y diligentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante toda circunstancia. Y ello encaja ,igualmente, en nuestra Constitución vía artículo 10.2. Esa diligencia debida entronca directamente con los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de un Estado de Derecho, en tanto que tales y también con su "derecho a la información".

Por ello la Asociación Española de Protección Civil para los Eventos Climáticos Severos va a dar comienzo a una recogida de firmas en apoyo al escrito que va a dirigir tanto al Defensor del Pueblo de España como a la Fiscalía General del Estado con la finalidad de poner formalmente en su conocimiento tales circunstancias – y cual es el concreto estado actual de tales estándares, recomendaciones internacionales y preparativos ante el actual momento de riesgo por máximo solar, que entienden que no están siendo aplicados en nuestro país de una forma que no es ajustada a derecho – e instar una investigación de oficio de ambos organismos de protección de los ciudadanos, dentro de la esfera de su respectiva competencia.