Nuevatribuna ha tenido acceso al contrato que en 2006 firmó la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre con el arquitecto Norman Foster para la realización del conocido ‘Campus de la Justicia’, un macroproyecto abocado al fracaso que se ha dejado por el camino 105 millones de euros de las arcas públicas.
El encabezado de dicho contrato, ‘desaparecido’ según la sociedad pública de la Ciudad de la Justicia, se refiere al “Acuerdo para la redacción del proyecto” de la futura Ciudad de la Justicia y fue rubricado el 17 de abril de 2006 por Aguirre, Foster y el entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia Alfredo Prada. Según publicó el diario El País, la Comunidad de Madrid pagó a Foster 10.6 millones de euros frente a los 13 que reclamaba el arquitecto británico, sin embargo no existe ninguna cifra cerrada en dicho contrato.
Este martes, la Comisión de Estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid celebra su segunda sesión en la Asamblea de Madrid con el ‘Campus de la Justicia’ como asunto único en el orden del día. Comparecerán el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, hombre fuerte de la presidenta Cristina Cifuentes, a petición del Grupo Socialista; así como el último apoderado de la sociedad pública (de 2010 a 2014) Ángel Garrido.
La oposición espera que ambos comparecientes arrojen más luz a un proyecto que se aprobó con un presupuesto inicial de 135 millones y que se ha cerrado con tan solo 25 millones de euros.
El pasado viernes comparecieron el presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, y el liquidador de Campus de la Justicia, Miguel Ángel Fernández Calvo. El primero explicó que se detectaron nuevas aportaciones económicas al proyecto de Campus de la Justicia cuando ya estaba en proceso de disolución y remitió hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional que no se entregaban o lo hacía fuera del plazo establecido las cuentas de la entidad, lo que imposibilitaba el poder valorar si los fondos y provisiones que se transferían desde la Comunidad estaba justificados. Tanto la portavoz del PSOE Mercedes Gallizo como el portavoz de Podemos Eduardo Gutiérrez, afearon a Canalda por no haber acometido por iniciativa propia, pese a los indicios de ilegalidad, ningún informe sobre dicha sociedad pública.
Tampoco el liquidador Miguel Ángel Fernández Calvo (actual secretario General PP del distrito Fuencarral-El Pardo) aportó ninguna información de relieve limitándose a constatar que él no sabía dónde estaban esos 100 millones de euros perdidos.
A la espera de las comparecencias de este martes, la oposición tacha de “despilfarro” el proyecto y apunta un delito de negligencia en el ejercicio de cargo público. El grupo Podemos solicitará la comparecencia de el exconsejero de Economía y Hacienda Enrique Ossorio y no descartan que el asunto pase a la Comisión de investigación sobre corrupción política que iniciará sus sesiones el próximo 6 de noviembre.
