viernes. 29.03.2024
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CCOO lleva años denunciado la situación de desmantelamiento público que viene sufriendo el Canal de Isabel II, pero nunca como en las últimas semanas se ha visto tan claro el trasvase de dinero público a los intereses privados del PP, mientras los gestores del Canal recortan derechos, salarios y niegan la negociación colectiva a sus trabajadores.

El sindicato exige un "cambio en la política del Canal que dé transparencia y claridad a las 2196502-__Version2cuentas de la empresa, una nueva política en materia de personal que permita avanzar en la recuperación de derechos y que contribuya a la firma de un nuevo convenio".

Se iniciaron las denuncias sindicales hace un año, cuando se destapó la primera trama en la que se vio involucrado el Canal. Se pusieron encima de la mesa las irregularidades de Hipanagua, empresa participada en su totalidad por el Canal de Isabel II, y exigió al director general una explicación del escándalo que dejó un agujero de 700.000 euros en la empresa, y de la que esta era conocedora.

Pocos meses después la trama 'Púnica' salpicó a la empresa, con la imputación del presidente del Cantal de Isabel II Gestión, Salvador Victoria, que fue imputado por el juez por los delitos salvador_victoria_canal_isabel_II_gestionde prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. En las últimas semanas el Canal ha vuelto a ser noticia por las dádivas económicas encubiertas a terceros, con la finalidad de limpiar la imagen pública de políticos vinculados al PP.

Los gestores del Canal se han dedicado a recortar derechos y salarios a los trabajadores mientras algunos beneficiaban a sus amigos, se pagaban campañas de imagen, se desviaba dinero con total desfachatez y con absoluta prepotencia

Mientras todo esto  ha estado ocurriendo, en el Canal de Isabel II han continuado con la política de externalizaciones en distintas áreas de trabajo, encomendando estas tareas a empresas privadas (las llamadas contratas), y han sido extremadamente diligentes en aumentar los cortes de suministro “por falta de pago” en más del 50%, con afán recaudatorio, castigando en estos momentos de crisis a las clases sociales más bajas.

Por si no estaba bastante deteriorada la situación institucional en el Canal, los gestores se han dedicado a recortar derechos a los trabajadores, a suprimir acuerdos conseguidos a través de la negociación colectiva, a aprobar leyes para recortar derechos y salarios a los trabajadores del Canal, se han negado a negociar un nuevo convenio que homogenice la situación laboral. Todo esto mientras algunos beneficiaban a sus amigos, se pagaban campañas de imagen, se desviaba dinero con total desfachatez y con absoluta prepotencia.

Las repetidas denuncias de Comisiones Obreras ante el Canal supusieron la sanción a varios compañeros, mientras los verdaderos culpables siguen en sus puestos de responsabilidad, pese a demostrar una incapacidad manifiesta y un interés claro en beneficiarse del Canal para engordar sus cuentas y las de sus amigos.

El Canal de Isabel II pasa de ser público a ser el centro de la Operación Púnica