El tiranicidio terminó por desaparecer en el pensamiento y en los sistemas políticos occidentales ante los reparos morales que generaba la pena de muerte
En Atenas, la muerte de Hiparco, tirano junto con su hermano Hipias, fue vista como una liberación y sus autores elevados a la categoría de héroes. La legitimidad del hecho de acabar con la vida los tiranos comenzó a elaborarse teóricamente por algunos autores romanos como Cicerón, Plutarco y Polibio. En el siglo XII, el obispo de Chartres, Juan de Salisbury, realizó la primera formulación clara del tiranicidio en Europa, pero Santo Tomás condenó esta práctica en el siglo siguiente, aunque contemplaba la posibilidad de que el tirano pudiera ser castigado por las autoridades. La Iglesia terminó por condenar el tiranicidio en el Concilio de Constanza (1414-1418) por considerarlo herético.
En el Renacimiento terminó por perfilarse la teoría del tiranicidio, concebido como la muerte del tirano en defensa de la legitimidad política. Los príncipes debían ejercer el poder para el bien de los súbditos y éstos tenían derecho a la resistencia, pero, además, aquel monarca que hubiera violado las leyes divinas y el pacto implícito con sus súbditos se convertía en un tirano y era lícito terminar con él. En esta defensa del tiranicidio se destacaron los monarcómacos. El relativo éxito de la teoría del tiranicidio en la época moderna tiene mucho que ver con los planteamientos de la teoría contractualista del poder, ya que la tiranía corrompería el pacto entre gobernantes y gobernados. Sin lugar a dudas, el teórico más destacado sobre el tiranicidio fue el jesuita español Juan de Mariana con su obra De rege et regis institutione (Toledo, 1599). Algunos contemporáneos acusaron a Mariana de ser uno de los instigadores morales del asesinato de Enrique IV en Francia. Pero los defensores del tiranicidio en esta época no contemplaban las reacciones individuales o de grupos particulares a la hora de defender el tiranicidio; éste debía contar con el beneplácito o consenso tácito del pueblo.
A finales del siglo XVII, Locke defendió la legitimidad del principio de resistencia frente a un gobierno injusto y al derecho de cualquier ciudadano de acabar con el criminal que violaba la ley y la naturaleza que Dios había establecido para mantener la armonía social. Es importante destacar que el derecho de resistencia, aunque no exactamente el tiranicidio, estuvo en la base de la revolución americana, de las revoluciones liberales europeas y se incorporó a algunas de las declaraciones de derechos que se elaboraron en ese momento histórico.
El tiranicidio terminó por desaparecer en el pensamiento y en los sistemas políticos occidentales ante los reparos morales que generaba la pena de muerte. Los sistemas democráticos establecen en sus constituciones mecanismos que regulan y limitan los poderes para evitar la tiranía. Pero en el mundo actual ha habido casos evidentes de tiranicidio en determinados regímenes políticos y, sobre todo, en situaciones de profundas crisis. En la mente de todos están los casos de Nicolás Caeucescu, Sadam Hussein o Gadafi, tiranicidios cometidos por nuevas autoridades autóctonas, por otras tuteladas por poderes extranjeros o por linchamiento popular.
