En el siglo XIV, los sobornos a alcaldes, escribanos y oficiales de Cortes eran tan frecuentes que una vez encontrado culpable al oficial corrupto, se le expulsaba de la Corte y se le excluía de la posibilidad de ocupar cargos públicos de por vida. La práctica debía ser tan corriente que se establecieron penas durísimas para los reincidentes. Así lo hizo saber Fernando IV en 1312 en las Cortes de Valladolid:
“Otrossí tengo por bien que todos aquellos que andan baldíos a procurar cartas de la mi chançellería por algo que les den que se vayan de la Corte o se dexen deste ofiçio e caten sennores con quien bivan. E porque desto viene grande serviçio a mí e granddanno a la mi tierra e enfamamiento a los míos oficiales, e, si por auentura en esto fueren fallados, mando por la primera vez que les den çient azotes, e por la segunda que los desorejen, e por la tercera que los maten por ello”.
El valido y sus “tesoreros”
Durante el siglo XVII, la época de los validos, la corrupción se enseñoreaba de la Corte y toda la administración real. El duque de Lerma fue el más avezado en este “oficio”: Durante el traslado de la Corte a Valladolid realizó importantes negocios inmobiliarios, que se multiplicaron con la vuelta a Madrid.
Recibía constantes regalos económicos del rey y rentas de Italia y compró pueblos enteros a la Corona (con un dinero escamoteado de la Hacienda Real) que le proporcionaron más de 600.000 ducados de renta solo en 1607. También favoreció a toda su familia (hermana, tíos, yernos, nietos y biznietos) con cargos y prebendas.
El teólogo e historiador Juan de Mariana llega a proponer en un arbitrio toda una serie de medidas encaminadas a contener el gasto de la Corte y la Casa Real, a las que criticaba la multiplicación de concesiones de mercedes económicas desde el valimiento.
Es decir, atacaba la corrupción que se había instalado en España. En lugar de obtener respuesta a sus peticiones, lo que consiguió Juan de Mariana fue la oportuna prohibición de su libro y la apertura de un proceso judicial contra él (¿un prematuro juez Garzón?).
A partir de entonces comienzan a caer los protegidos más corruptos del valido. El consejero real Fernando Carrillo realiza una auditoría en el Consejo de Hacienda a resultas de la cual Alonso Ramírez de Prado (fiscal del Consejo de Hacienda, consejero regio y brazo derecho de Lerma en política fiscal) fue detenido y acusado de cohecho y enriquecimiento ilícito. Se le embargaron bienes por valor de 1.704.000 ducados.
A Pedro Franqueza, marqués de Villalonga se le incautaron cinco millones de escudos en bienes, enseres y metálico que se hallaron en su casa (¿en “bolsas de basura”?), aunque intentó ocultar su fortuna destruyendo documentos comprometedores y distribuyendo sus dineros por distintos puntos de España (aún no existían los “Paraísos Fiscales”). Fue condenado al pago de más de un millón de ducados y a prisión perpetua.
Pedro Álvarez Pereira, miembro del Consejo de Portugal, también fue detenido y condenado por delitos de corrupción.
En total, casi 500 delitos económicos salieron a la luz en 1610 cometidos por quienes “aprovechándose de la mano y autoridad que alcanzó con sus oficios, usó mal dellos y de la Real gracia, convirtiéndola en avaros, codiciosos y propios fines, procurando engrandecerse desvanecidamente (…), procediendo en lo demás con escándalo del Real servicio, mala cuenta de sus ocupaciones y nota general del Gobierno” (a decir de Fernando Carrillo, eminente consejero del rey Felipe III).
Pero el personaje al que más se le cuestionó por corrupción y malas artes, que incluían el asesinato, fue a Rodrigo Calderón (no “tesorero”, pero si una especie de secretario general de Lerma), quien había acumulado bienes, honores y poder, merced a su posición de privilegio y a la generalización de la corrupción en la Corte. (En la imagen: Calderón. Pintura de Rubens)
Su ambición fue tal que al poco de ser nombrado secretario de Cámara del Rey, ya pudo haber desfalcado 15 millones de escudos, además de hacerse con el privilegio de imprimir la Bula de la Cruzada (que le proporcionaba grandes beneficios), y recibir varios nombramientos nobiliarios y cargos. Incluso logró, para frenar las acusaciones populares que ya circulaban sobre él, que se emitiese una Real Cédula que “condenaba a perpetuo silencio a cuantos quisieran acusar a Don Rodrigo, al que se daba por buen ministro”. Es decir, consiguió inmunidad para sus corruptelas.
En 1618, Calderón fue finalmente acusado de enriquecimiento ilícito y de otros delitos (un total de 214 cargos, entre los que se encontraba la sospecha de haber utilizado venenos contra la reina Margarita causando su muerte) y conducido a prisión. Allí esperaba estoico un perdón del rey (ahora sería un indulto gubernamental) que nunca llegó, pues Felipe III falleció el 31 de marzo de 1621.
El nuevo rey y el nuevo valido (el conde-duque de Olivares, que mantenía una animadversión personal contra Calderón) ejemplificaron con la condena del secretario el fin de la corrupción administrativa y el inicio de una nueva forma de gobierno. Así, le retiraron sus títulos y honores, le embargaron sus bienes y “le condenaron a que de la prisión en que está sea sacado en una mula de freno y silla y le lleven por las calles públicas y le lleven a la Plaza Mayor, y en ella esté un cadalso para este efecto y en él le corten la cabeza, siendo degollado por la garganta hasta que muera de muerte natural”.
El duque de Lerma fue finalmente investigado a su vez y quedaron al descubierto todas sus tramas de corrupción. El rey le permitió retirarse a sus dominios de la ciudad de Lerma cuando obtuvo el capelo cardenalicio que había solicitado a Roma en previsión de su condena: “Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España, se viste de colorado” (dicho popular). Un “cambio de chaqueta” en toda regla.
La corrupción decimonónica
No quedó muy escarmentada la clase gestora de la cosa pública y, en el siglo XIX, nuestros antepasados encontraron otras fórmulas más acordes con los tiempos para hacer “negocios” lucrativos a costa del erario del Estado.
En 1854 se denuncia en la prensa de toda España el escándalo financiero relacionado con las jugosas concesiones del ferrocarril. Entre los implicados aparece el marqués de Salamanca, ministro en varias ocasiones, y María Cristina de Borbón, la propia madre de la reina Isabel II, quien junto con su marido, Fernando Muñoz, el duque de Riansares, participaron en todo negocio que tuviera lugar en España. Y al parecer formando sociedad todos ellos, además de con otros como el general Narváez, el banquero navarroNazario Carriquiri y el duque de Retamoso, hermano de Fernando Muñoz:
“Ha existido hasta el célebre 28 de junio una sociedad en comandita para la explotación de todos los agios, de todos los negocios que el país había de pagar con su sangre. Capitaneábala Cristina y su gerente Salamanca, monstruo de inmoralidad; era, como el vulgo suele decir, su testaferro. Presentarse al negocio de los ferrocarriles en la España comercial y abalanzarse a todos la comandita como manada de lobos hambrientos, fue cosa que a nadie admiró, porque no era de admirar verdaderamente”
(La Ilustración, 24 de julio de 1854).
En este caso, el pago por tamañas artes no fue ni la multa pecunia ni el encarcelamiento ni el garrote vil. Se pagó con la caída de la monarquía y el exilio tanto de la reina Isabel II como de su familia y el marqués de Salamanca, que tuvieron que huir a Francia, cuando la Gloriosa se alzó decidida a castigar a todos aquellos que habían esquilmado España en nombre de la Corona y, sobre todo, a avanzar en la senda progresista de las libertades públicas:
“Para escribir con un tanto de filosofía la historia de la revolución de 1854, necesitamos volver los ojos, aunque a la ligera, a las primitivas causas de este acontecimiento. Desde que en 1851 intentó el tristemente célebre Bravo Murillo cambiar el sistema de gobierno que nos regía para poder a mansalva, de acuerdo con Cristina, hacer el magnífico negocio del arreglo de la Deuda, quedó tan minado el edificio político, que era inevitable su ruina”
(La Ilustración, 24 de julio de 1854).
El escándalo del estraperlo
Durante los años 30 del siglo XX, en medio de un convulso equilibrio político y social, otro escándalo de corrupción vino a enturbiar el tercer gobierno formado por Alejandro Lerroux (del Partido Republicano Radical, en coalición con la CEDA, 1933-1935). Un timador llamado Daniel Strauus provocó una crisis política que agravó todavía más la convulsa situación política de la II República.
El, en principio llamado “Caso Strauss”, se inicia en septiembre de 1935, cuando Daniel Strauss (un judío de origen holandés que se había nacionalizado mexicano) envía una carta al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, acusándose de haber entregado una serie de dinero a ministros y altos cargos del partido en el gobierno, incluido un familiar del primer ministro (e incluso a directores de periódicos, afirmaba), con el fin de obtener los permisos necesarios para explotar en España un juego de azar, llamado “stra-perlo”, que había inventado junto a su socio, Joachim Perlowitz (o Perlo).
Se trataba de una especie de ruleta mecánica que Strauss calificaba de “juego de sociedad y habilidad” y en el que “no intervenía para nada el azar, sino la vista y la rapidez en el cálculo” (en realidad estaba trucada, razón por la que fueron expulsados de Holanda). Un eufemismo (sustituir azar por habilidad) que le permite sortear la prohibición que existía en España desde la dictadura.
La prohibición y el cierre de casas de juego en España habían sido consecuencia de una campaña emprendida por Martín de Rosales y Martel, duque de Almodóvar del Valle, en 1922, en medio de acusaciones por parte de los sectores de izquierdas de querer beneficiar a grandes empresarios extranjeros del juego, como el belga Marquet (que ya tenía el Gran Casino de San Sebastián, y gozaba de la amistad de Alfonso XIII), o la Compañía del Escorial, que pretendía instalar también un Gran Casino en Madrid (¿un Eurovegas del siglo XX?).
Así, el 31 de octubre de 1924, en medio de grandes protestas (se veía venir un descenso del turismo en la villa) se cerró el Gran Casino de San Sebastián.
Strauss llega a España y contacta con Joan Pich i Pon, subsecretario de Marina, perteneciente al sector catalán del Partido Republicano Radical, y fundador de algunos diarios barceloneses (La Noche y El Día Gráfico), quien le presenta a Aurelio Lerroux, delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España y sobrino de Alejandro Lerroux (le había adoptado al morir su padre, además).
Ambos se mostraron de acuerdo en “facilitar” a Strauss el camino hacia la obtención de los permisos necesarios a cambio de su participación en el negocio. Más tarde se les unirían otros conocidos de Lerroux, como Miguel Galante, militar, y Santiago Vinardell, periodista, además de Joaquín Gasa y Paulino Uzcudun (famoso boxeador), conocidos de Strauss.
A partir de ese momento, cantidades regulares de dinero van a parar a manos de funcionarios y políticos encargados de la gestión de los permisos (como los famosos “sobres” actuales). Incluso contaban con la amistad de Sigfrido Blasco Ibáñez (hijo del novelista y diputado, a quien le prometieron medio millón de pesetas) y la del subsecretario de la Gobernación, Eduardo Benzo, para que intercediesen favorablemente ante el ministro. Pero nunca llegan a obtenerlos.
Frustrado, Strauss vuelve a Holanda y entonces se descubre que era un conocido “sablista” en los ambientes “chic” de Madrid, también se supo, a decir de La Nación, de “un traje que se negó a pagar a un conocido sastre madrileño […] el traje fue llevado al juzgado para someterlo a un peritaje y hasta el día de hoy el sastre no sabe nada ni del traje ni de las pesetas” (los trajes siempre andan en medio de los casos de corrupción).
Pero Strauss no se amilanó y envió primero una carta a Alejandro Lerroux (de nuevo presidente del Gobierno) reclamándole ser indemnizado por las pérdidas causadas en sus fallidos negocios: “La compensación total solicitada por Strauss ascendía a 83.000 florines, equivalentes a unas 400.000 pesetas […] el chantaje económico rezumaba en el documento desde la primera a la última letra” (Alejandro Lerroux: La pequeña Historia). Ante su silencio, Strauss denunció los hechos al mismísimo Manuel Azaña, enemigo político de Lerroux. Esta confidencia pudo realizarse a través de Indalecio Prieto (dirigente socialista, exiliado en Ostende, entrevistado con Azaña cuando este viajó a la Exposición Internacional de Bruselas) quien orientaría a Strauss sobre la maniobra: “No se buscaba como fin la justicia ni la depuración, sino el escándalo: lo que importaba era producirlo, cuanto más grande mejor”, afirmó Lerroux. También recayeron sospechas sobre la propia CEDA, interesada en formar gobierno en solitario sin tener que contar con el Partido Radical.
La corruptela sale a la luz y llega a la prensa (primero a El Debate el 26 de octubre y al día siguiente a todos los demás diarios madrileños), obligando a las Cortes a formar una comisión parlamentaria de investigación. El presidente de la República, Alcalá Zamora, recibe la carta de Strauss, hace dimitir a Lerroux, y pone en marcha una denuncia ante la Fiscalía.
Varios cargos públicos serían considerados culpables, como el director general de Seguridad (José Valdivia), el ex ministro de la Gobernación (Rafael Salazar Alonso), Pich y Pon (ahora gobernador general de Cataluña), el diputado Radical por ValenciaSigfrido Blasco, el subsecretario de la Gobernación Eduardo Benzo, además del periodista Vinardell (en esos momentos jefe la Oficina Española de Turismo en París), de Miguel Galante (delegado del Estado en la compañía de ferrocarriles MZA) y Aurelio Lerroux (delegado del Estado en la Compañía Telefónica Nacional de España).
Incluso se llegaron a colar nombres significativos en la denuncia gubernativa, como el del propio Alejandro Lerroux (afirmaba que nunca conoció a Strauss, aunque éste visitara su casa) y el de, curiosamente, Francisco Franco (que se vio en la obligación de escribir al diario El Sol un desmentido sobre su posible implicación, publicado el 28 de octubre). La lista nominativa con varios rivales políticos de Azaña se eliminó del dossier antes de ser entregado a la Fiscalía.
El escándalo hizo dimitir a varios políticos del Partido Radical (también afectado por otro affaire de la época, el caso Tayá, sobre la explotación de la línea marítima entre España y Fernando Poo), ahondó más la diferencia entre la derecha y la izquierda españolas, y afectó a los cimientos mismos de la República, de modo que algunos intelectuales, como Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado y otros, salieron en defensa de las esencias republicanas:
“Se ha producido en la política española un escándalo ante el cual la República ha mostrado su eficacia. En tiempo de la monarquía escándalos semejantes se ahogaban, no llegaban a tener oficialmente estado público y hacían las delicias de los que hablan al oído. Hoy no ha sucedido así. Los órganos del estado se han hecho cargo del asunto, han funcionado normalmente. Las Cortes, con serenidad y diligencia, han pasado el tanto de culpa a los tribunales y han sancionado las faltas de moral públicas en el desempeño de los cargos políticos.”
(La Voz, 30 de octubre de 1935).
El caso Matesa
El último caso de corrupción del que se ocupa este artículo ocurrió en los últimos años del franquismo, entre finales de los años sesenta y principio de los setenta. El llamado caso Matesa afectó sobre todo a tres ex ministros que fueron procesados en los tribunales, pero también supuso un golpe de efecto importante en un régimen que tocaba a su fin y enfrentaba a dos de las principales facciones del momento: por un lado, quienes de alguna manera eran proclives a una preeminencia del Movimiento Nacional (representados por José Solís y Manuel Fraga); y los llamados tecnócratas, economistas preparados por lo general a la luz del Opus Dei y que pretendían un cierto aperturismo (con López Rodó y Carrero Blanco como baluartes).
Matesa (Maquinaria Textil del Norte de España, SA) fue creada para explotar en España un telar sin lanzadera, llamado IWER, de la patente francesa Ancet-Fayolle, que había adquirido en 1957. Su propietario era Juan Vilá y Reyes, un exitoso y presentado como ejemplarizante empresario catalán.
La empresa había logrado un despegue sin precedentes de gran transcendencia en la imagen que España quería dar en el mercado exterior. Entre 1964 y 1969 obtuvo créditos del Banco de Crédito Industrial (BCI, banco público) por valor de 10.000 millones de pesetas, que suponían un importante montante de negocio para el Banco y que constituían “la deuda de Matesa al crédito oficial, es decir, el dinero que ha recibido como préstamo del pueblo español y no ha devuelto” (ABC, Madrid, 19 de abril de 1975). Obtuvo además un 11% de desgravación fiscal. No nos puede resultar desconocido, pues, el actual “rescate a la Banca”.
Aunque no estaba exento de sospechas, el escándalo salió a la luz de casualidad. La investigación que se puso en marcha reveló que la mayor parte de los telares habían sido vendidos a sus propias filiales en el exterior. El engaño evidenciaba que dos tercios de las exportaciones habían sido falseadas.
La prensa de la época, que experimentaba una cierta apertura con la nueva ley impulsada por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, se hizo eco del escándalo. Juan Vilá Reyes fue apartado de la dirección de la empresa y encarcelado por orden del Juzgado Especial de Delitos Monetarios (José María Gil-Robles, el histórico dirigente de la CEDA, fue el abogado defensor de Vilá Reyes). Su hermano Fernando y su cuñado Manuel Salvat Dalmau, directivos de la empresa, también fueron encausados.
La dimensión política se agravó cuando la noticia no solo fue recogida por los periódicos críticos con el franquismo (comoInformaciones, dirigido en esos momentos por Juan Luis Cebrián), sino también por los afines, como ABC o El Alcázar, que vinculaban el escándalo al Opus Dei y a los ministros económicos, lo que hacía sospechar el manejo político desde la prensa:“¿Cómo se pasó, de un año a otro, a triplicar los créditos oficiales concedidos a Matesa sin sospechar ninguna anormalidad? ¿Por qué Matesa gozaba de tanto predicamento en el Banco de Crédito Industrial?” (El Alcázar, 11 de septiembre de 1935). No se pudo recobrar nada del dinero estafado.
Lo que se dirimía en realidad era una encarnizada disputa política por la sucesión franquista: “El hombre de la calle, espectador mudo y asombrado (…) adivina que, en el fondo, se está ventilando una durísima y nada académica lucha por el poder” (Nuevo Diario). Hasta Carrero Blanco tuvo que salir en defensa del régimen: “En el ‘caso Matesa’ hay que distinguir su vertiente económica y su vertiente política, es decir, entre el hecho del fallido bancario de mayor volumen registrado en España y el de su escandalosa politización mediante una campaña de Prensa que ha lesionado no sólo el crédito exterior de nuestra economía, sino incluso la fama del Régimen al presentarlo como minado por la corrupción…”(Jose Manuel Bustamante,El Mundo, 19 de enero de 2007). La tan traída y actual “imagen de España” en el exterior.
La crisis de Matesa supuso el triunfo del sector del Opus Dei, reforzando el poder de Carrero Blanco y de Laureano López Rodó(ministro comisario del Plan de Desarrollo en el nuevo gabinete) y minando la representatividad del sector del Movimiento, pues tanto Solís como Fraga (fue nombrado embajador en el Reino Unido) salen del gobierno. Se procesó a los exministrosJuan José Espinosa San Martín, Faustino García-Moncó y Mariano Navarro Rubio y también hubo penas para algunos empleados del Banco de Crédito Industrial acusados de negligencia o cohecho en el desempeño de sus funciones.
Después de realizar la mayor remodelación de un gobierno durante la dictadura, Franco cambia de opinión respecto a los implicados en el caso Matesa y el 1 de octubre de 1971 un decreto de la Jefatura del Estado concede el indulto a diez de los acusados, entre ellos los ex ministros de Hacienda y Comercio y Mariano Navarro Rubio (ex gobernador del Banco de España), quien por cierto en 1965 había intervenido el pequeño Banco de Siero e iniciado un proceso judicial contra sus fundadores acusados de utilizar el Banco como tapadera para la evasión de divisas a Suiza (ahora sí, ya se conocían los Paraísos Fiscales). Fueron por esto último condenados a varios años de cárcel y multas millonarias (además de otros directivos), los fundadores del banco, Ramón Rato Rodríguez y Ramón Rato Figaredo, padre y hermano mayor de Rodrigo Rato… si, el de Bankia.
Aquel cambio de opinión respecto a la condena de los implicados en el escándalo Matesa pudo deberse a una decidida amenaza que Vilá Reyes expresó a Carrero Blanco mediante una carta por medio de la cual le advertía de que podía hacer públicas otros comportamientos corruptos durante los años 64 a 69.
Como en los actuales casos de corrupción (Caso Nóos, Caso Bárcenas), la clave está en los “papeles” ocultos que se entregan al juez como moneda de cambio para una exculpación.
El propio Vilá Reyes, condenado por dos delitos de estafa, 417 delitos de falsedad en documento mercantil y cuatro de cohecho, a más de 223 años de prisión, fue indultado por el rey Juan Carlos I, ya años después, después de pasar cinco años encarcelado.
Después de la Transición
Otros escándalos económicos de corrupción salpicaron al gobierno del PSOE (caso Roldán, caso Guerra, caso Filesa…) y desde entonces no han cesado de acudir a la palestra nacional. Hoy, con el Partido Popular en el gobierno, temas como Gürtel, Palma Arena, Bárcenas, los ERE andaluces, y las demás corruptelas que afectan a políticos y banqueros, tesoreros y yernos regios, ayuntamientos y comunidades autónomas, etc., etc.
Parecería que no hemos aprendido nada… o que algunos han aprendido demasiado.
