Las elecciones al Parlamento Europeo (PE) están a la vista, se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024 en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE). Su resultado contribuirá a definir en qué cambiarán las actuales políticas y normas comunitarias y el alcance de los cambios estructurales e institucionales que son necesarios para impulsar las transiciones energética y digital. En años venideros, las reformas que se emprendan ahora y sus impactos afectarán decisivamente a la vida de los 450 millones de personas que tienen su residencia habitual en los países que hoy forman parte de la UE.
Pese al lugar común en el que se ha convertido la idea de que la UE no despierta un gran interés en la ciudadanía europea, dados sus rasgos tecnocráticos y la complejidad institucional y normativa que acumula, el último Eurobarómetro de otoño-EB 100.1, publicado en diciembre de 2023, indica que el 70% de las 26.797 personas encuestadas en el conjunto de los países de la UE consideraba que las decisiones de las instituciones comunitarias tienen un impacto importante en su vida cotidiana. Y otro notable porcentaje del 68% aseguraba que probablemente votaría en las elecciones al PE del próximo mes de junio; porcentaje que en España se reducía al 64%, pero aun así superaba el 60,7% que participó efectivamente en las anteriores elecciones europeas de 2019.
En España, las elecciones al PE se celebrarán el domingo 9 de junio. Y tendrán tanta importancia en el devenir de Europa como las que celebren el resto de los Estados miembros. Sería una calamidad que los partidos políticos se desentendieran de los graves problemas que afectan a la UE y convirtieran la campaña electoral en una segunda vuelta de las generales del 23-J o en una nueva oportunidad para intentar ajustar cuentas pendientes o dar rienda suelta a una propaganda vacía de propuestas concretas de mejora de la acción política comunitaria. Que el resultado de las elecciones al PE no determine directamente la composición de un gobierno comunitario no debería entenderse como un aliciente a centrar la campaña electoral en un debate ideologizado sin ningún tipo de conexión con los cambios, reformas y transiciones que son posibles y necesarios para fortalecer un proyecto de integración europea capaz de hacer más fácil la vida de la ciudadanía y mejorar la gobernanza europea.
Ante los retos actuales que afronta la UE, ¿responderán las instituciones comunitarias como en 2010 o como en 2020?
A partir de 2010, las políticas de austeridad impuestas por las instituciones de la UE causaron graves estragos económicos y sociales que se añadieron a los destructivos efectos de la crisis financiera global de 2008. En sentido contrario, al desatarse en 2020 la crisis multidimensional generada por la pandemia del Covid-19, las políticas comunitarias fueron decisivas para promover y financiar medidas de protección y recuperación que evitaron una catástrofe sanitaria, económica y social. Ante los retos actuales que afronta la UE, ¿responderán las instituciones comunitarias como en 2010 o como en 2020? La respuesta a este interrogante está por decidir y ver.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró en Berlín, a donde viajó el pasado 9 de diciembre de 2023 para entrevistarse con el canciller Olaf Scholz e intervenir en el congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania, que Europa se encuentra en una encrucijada de cara a las próximas elecciones al PE: en una dirección, la posibilidad de impulsar una Europa abierta que inspire al mundo en defensa de la integración, el progreso y los derechos humanos; en la otra, una Europa escondida en las trincheras del miedo y el odio que excava la extrema derecha euroescéptica, cuando no directamente antieuropeísta. Un verdadero dilema existencial que refleja bien la trascendencia de estas elecciones, pero que contribuye poco a centrar la atención y la conversación públicas en las propuestas concretas que determinarán si el proyecto de una Europa progresista podrá contar con el apoyo de la mayoría social y qué amplia alianza de fuerzas democráticas y europeístas lo puede llevar a cabo.
Los partidos o coaliciones que participen en estas elecciones europeas no pueden situarse en las nubes de unos programas identitarios o diferenciadores. Deberían esforzarse algo más en elaborar y explicar propuestas viables que respondan al momento y las necesidades que viven el proyecto de unidad europea y la ciudadanía, aterrizando en los detalles de cómo y en qué pueden contribuir a fortalecer la integración y la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros. Exigencias de concreción que cobran mayor importancia ante la complejidad institucional que caracteriza a la UE y que hace tan difícil la toma de decisiones, el control de la ciudadanía sobre sus representantes políticos en Europa, la rendición de cuentas de las autoridades comunitarias y la comprensión por parte de la mayoría de la ciudadanía del curso que seguirán las reformas que se proponen y sus potenciales y contradictorios impactos sobre las condiciones de vida de las grandes mayorías sociales.
El próximo mes de junio, una parte del futuro del modelo de Europa se dirimirá en las urnas, pero la disputa no se agota en el terreno electoral ni en el espacio comunitario
El próximo mes de junio, una parte del futuro del modelo de Europa se dirimirá en las urnas, pero la disputa no se agota en el terreno electoral ni en el espacio comunitario. Se extiende también a la tarea de mantener abierta la opción de construir cooperativamente un nuevo orden mundial democrático, inclusivo y multilateral. Para conseguir influir en la configuración de un nuevo modelo de globalización, la UE necesita tener ideas propias y ofrecer una alternativa capaz de concitar amplios apoyos internacionales, lo que pasa necesariamente por ofrecer más certidumbres y un futuro deseable al conjunto de la comunidad internacional, no sólo a las ciudadanías y a los países del mundo capitalista desarrollado del que la UE forma parte.
Tanto por razones geoestratégicas como de responsabilidad histórica y dados los múltiples lazos culturales y de todo tipo que aún mantiene, la UE debe cuidar especialmente sus relaciones con los países y pueblos de África y América Latina, propiciando las ayudas a su desarrollo económico y favoreciendo unas relaciones comerciales y financieras justas que sustenten intereses económicos compartidos y un desarrollo político democrático que implique avances reales en el respeto a los derechos humanos.
La UE está en condiciones de ser portadora de un proyecto de orden internacional alternativo a los que ofrecen China o EEUU en defensa de sus objetivos hegemónicos y lo más alejado posible del desorden que generan potencias regionales que, como Rusia o Israel, se toman la justicia por su mano, imponen a países y pueblos vecinos la razón de su fuerza militar y pretenden un mundo multipolar dividido en zonas de influencia atrincheradas en la confrontación, el autoritarismo, una nueva carrera armamentista nuclear y una permanente amenaza militar creíble.
A cinco meses vista, la notable inclinación a votar que muestra la ciudadanía europea, según el último Eurobarómetro, tiene como punto de partida una valoración muy positiva de los beneficios obtenidos por formar parte del club comunitario, que en el caso de España alcanzaba un porcentaje del 78%, frente a un 13% que la consideraba perjudicial. Niveles que en el conjunto la UE eran, respectivamente, del 72 y el 22%.
La gran mayoría de la ciudadanía europea no parece que tenga afinidad con las ensoñaciones reaccionarias de la extrema derecha
El carácter mayoritariamente progresista de la población comunitaria se observa en las opciones que reciben más apoyos en la pregunta (admitía un máximo de 4 respuestas) sobre qué prioridades le gustaría que tuviera el PE. Por orden de importancia: sanidad pública, 50% en España (34% en el conjunto de la UE); apoyo a la economía y creación de nuevos puestos de trabajo, 41% (29%); lucha contra la pobreza y la exclusión social, 40% (36%); acción contra el cambio climático, 25% (29%); democracia y Estado de derecho, 23% (28%); ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo, 19% (16%).
La gran mayoría de la ciudadanía europea, por lo que se puede deducir de estos porcentajes, no parece encastillada en un bienestar económico excluyente ni que tenga afinidad con las ensoñaciones reaccionarias de la extrema derecha. Dar a conocer y fortalecer las prioridades al PE que plantea la ciudadanía y propiciar el debate público en torno a las diferentes propuestas viables políticamente y bien armadas técnicamente que concreten esas prioridades son tareas fundamentales del conjunto de organizaciones y fuerzas progresistas en los próximos meses y de cara a las elecciones del 9 de junio. El futuro de Europa es nuestro futuro. Y hay que disputarlo junto a las grandes mayorías sociales y desde amplias y heterogéneas alianzas de fuerzas políticas europeas; es decir, con las sociedades y las fuerzas políticas que hoy existen.
