Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha irrumpido en el proceso de preparación de las elecciones primarias del PSdG-PSOE, para la elección de candidato a presidir la Xunta de Galicia.
Esta jueza tiene abiertas seis causas, alguna desde hace seis años, con más de un centenar de imputados –muchos de ellos políticos de diversos partidos-, sin terminar de cerrar ninguna. El único de sus sumarios que ha llegado a juicio fue uno contra siete concejales del PP de Compostela, que fueron absueltos. En casi todos los demás ha escenificado actuaciones espectaculares, con detenciones apresuradas de alcaldes o concejales, a quienes podría sencillamente haber citado a declarar, y sobre los que –pasado el tiempo- no ha vuelto a tomar ninguna decisión de avance.
Dentro de esa extraña conducta –que incluso en medios de la judicatura se considera anómala- se ha topado con el secretario general del PSdG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, primero con un caso, denominado “Garañón”, y hace unos días con otro al que llama “Operación Pulpo”. Todos ellos inmersos en el famoso “secreto del sumario”, lo que no es óbice para que la prensa esté al cabo de la calle de muchos de los detalles.
En el Caso Garañón acusa a Gómez Besteiro de tráfico de influencias, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y cohecho. Imputaciones que por su gravedad tal vez requerirían un ritmo más acelerado de tramitación. Sin embargo, la jueza se lo toma con calma: Besteiro estaba citado a declarar a finales de julio de 2015, y unos días antes la jueza aplazó sine die la cita. Tras declararse en indefensión y presionar para acelerar los trámites, la jueza le citó para seis meses después en una fecha en la que el imputado no podía ir asistido por sus abogados, porque éstos tenían prefijada una actuación judicial fuera de Lugo. La jueza no modificó la fecha, y Besteiro no asistió a la comparecencia. Y hasta hoy.
La operación Pulpo data de 2013 –ya para tres años-, y lleva aletargada muchos meses. O agazapada, porque de pronto ha irrumpido en el proceso previo a la convocatoria de primarias del PSdG-PSOE con una virulencia inusitada: nada menos que con imputaciones por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos. Y con una cita de comparecencia para dentro de dos meses.
El efecto inmediato ha sido la renuncia de Gómez Besteiro a presentarse a las primarias para la candidatura a presidir la Xunta de Galicia. Y la discordia sembrada en el seno del PSdG-PSOE porque hay miembros de ese partido que piensan que debería también haber abandonado la propia secretaría general.
En un comunicado oficial de la Diputación de Lugo se ha salido al paso de las informaciones de prensa, aclarando que se atribuyen al imputado hechos que corresponden a los gobiernos de Francisco Cacharro (PP), anteriores a la llegada de Besteiro. Y que éste lo que hizo fue anular la partida de viajes subvencionados. Que los gastos sociales de los que parece que habla la instrucción secreta están sustentados en el convenio colectivo de 1990 y en el acuerdo marco del personal funcionario de 1991. Y que Gómez Besteiro desde que accedió a la presidencia de la Diputación de Lugo en 2007 fue renegociando para –“sin recortar derechos”- menguar estos gastos sociales, hasta dejarlos reducidos al 50%.
Nos gustaría poder proporcionar más información sobre un tema que la propia jueza deja en la penumbra. En cualquier caso, parece muy extraño –e incluso alarmante- que el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo se tome con tanta parsimonia dos casos en los que hay tan graves acusaciones.
Y en cualquier caso, si nos quejamos de la judicialización de la política (cuando los políticos, en lugar de dirimir sus cuestiones en su terreno las llevan a los jueces), no deja de ser una anomalía igual de seria la politización de la justicia. Y es un hecho que en los casos que se demoran en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo se está produciendo una interferencia con el desarrollo de la vida interna de los partidos políticos.
Y que conste que muchas personas que comparten esta misma opinión, se muestran partidarias de que Gómez Besteiro debería dimitir también como secretario general del PSdG-PSOE. Dicho sea para que nadie piense que desde esta sección estamos defendiendo los intereses concretos de nadie.
