PRESUPUESTOS PARA EL EMPLEO EN 2017

Núñez Feijoo reafirma su 'incompetencia' recortando más fondos para empleo

Esa incompetencia sobrevenida desde que es Presidente le sirve para ir año a año recortando la aportación de la Xunta a las políticas de empleo.

El gasto por persona parada ha pasado de 3.825 euros a 1.167 euros, una disminución del 70%

Feijoo se reconoció incompetente en materia de empleo en el Parlamento de Galicia al afirmar que “a pesar de las pocas competencias en materia de empleo, por no decir prácticamente ninguna” (Diario de sesiones del Parlamento de Galicia del 9/2/2011 página 12). Esa incompetencia sobrevenida desde que es Presidente, dado que tanto el Estatuto de Galicia como los decretos de transferencia le desmienten, le sirve para ir año a año recortando la aportación de la Xunta a las políticas de empleo.

En 2009, último presupuesto aprobado por el gobierno de Emilio Pérez Touriño, Feijoo se encontró con un presupuesto para empleo de 420 millones de los que 163 millones eran fondos propios de la Xunta. Si lo comparamos con el presentado este año, solamente hay 241 millones, un 43% menos y los fondos aportados por la Xunta son 88 millones, un 46% menos. Si eliminamos aquellos fondos que cofinancian a los de la Unión Europea, del FSE, en 2009 había eran 157 millones de fondos propios, frente a los 82 millones de este año.

¿Cuáles son las competencias que ha dicho no tener el señor Feijoo? Desde 1993 Galicia tiene las competencias de ejecución de la formación de parados y ocupados. En 1998 se transfirió el Servicio Público de Empleo, los programas de contratación institucional de personas paradas, las escuelas taller, el fomento del empleo de personas con discapacidad, cooperativas, autónomos y asalariados. Además, al ser la autoridad laboral en Galicia es competente en lo relativo a las relaciones laborales, la prevención de riesgos y la promoción de la economía social. Para ello recibe fondos provenientes del coste efectivo anual de la transferencia, del Fondo Social Europeo y trasferencias finalistas del Estado que se aprueban año a año en la Conferencia Sectorial de Empleo, además de los propios fondos que la Xunta debería aportar.

Si las competencias son las mismas, la razón de los recortes podría ser la situación del empleo. ¿Está mejor hoy el empleo en Galicia que en el tercer trimestre de 2008, cuando se hicieron los últimos presupuestos del gobierno de Emilio Pérez Touriño? Las grandes cifras indican:

  • Que hay 155.750 personas ocupadas menos.
  • Que el número de empresarios con asalariados disminuyó en un 30,4%, hay 26.611 menos.
  • Que hay 119.339 personas asalariadas menos a tiempo completo y 21.940 más a tiempo parcial.
  • Que hay 206.480 personas paradas, 96.693 personas más.
  • Que las personas paradas con prestaciones aumentaron en 20.454 y las que carecen de protección en 76.239.
  • Que hay 152.039 personas paradas sin protección, tres de cada cuatro.  
  • Que hay 157.716 personas paradas de larga duración (más de un año) de las que 76.645 llevan dos o más (muy larga duración).
  • Que dos de cada cinco personas paradas, 85.019 personas, carecen de formación para acceder a los certificados de nivel 2 de las que 58.196 llevan más de un año en paro.
  • Que hay 126.051 personas paradas sin formación de tipo profesional (FP o universidad).

Los fondos propios de la Xunta pasan de 1.559 euros por persona parada a solamente 352 euros, un 77% menos

Si repartimos los fondos entre sus potenciales beneficiarios, el recorte adquiere su verdadera dimensión. El gasto por persona parada ha pasado de 3.825 euros a 1.167 euros, una disminución del 70%. Los fondos propios de la Xunta pasan de 1.559 euros por persona parada a solamente 352 euros, un 77% menos.

Las prioridades políticas hay que analizarlas en función de su traducción en el presupuesto. El conjunto de gastos de la Xunta de Galicia ha disminuido un 8,4% respecto al Presupuesto de 2009, o un 20,7% si nos fijamos en el gasto no financiero, mientras que el gasto en políticas de empleo disminuye un 43% o un 46% si nos fijamos en los fondos de la Xunta. Es decir, el recorte en políticas de empleo quintuplica al recorte medio de la Xunta y duplica el del gasto no financiero.

Si tenemos en cuenta que el PIB en datos anualizados, es solamente un 1% inferior al de 2008, el problema de los recortes es claramente un problema de recaudación impositiva, no de riqueza. Este problema de recaudación se agudiza por el fuerte aumento de los gastos financieros, de la amortización de la deuda. Si en el presupuesto de 2009 supusieron 393 millones de euros, en 2017 son casi 1.600 millones de euros, debido al fuerte endeudamiento que ha sometido a Galicia el Gobierno de Feijoo. Con estos datos resulta absolutamente incomprensible que desde la Xunta se alardee, incluso en anuncios institucionales, de que Galicia sea la comunidad con menor carga impositiva.

Para analizar las diferentes partidas presupuestarias y poder compararlas con las de 2009, se han agrupado estas por su finalidad conforme aparecen en la tabla que figura a continuación.

PRESUPUESTOS PARA EL EMPLEO EN 2017

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Fuente: Presupuestos de la Xunta de Galicia de 2017 (proyecto) y 2009 (definitivo). Elaboración propia

Para la contratación directa por entidades locales y sin ánimo de lucro, Creación directa de empleo, han eliminado 39,4 millones de euros, el 71% de los fondos de 2009. Ello supone la no contratación de unas 4.500 personas paradas durante seis meses, cuando hay 157.716 personas paradas de larga duración. El mayor recorte lo ha llevado la contratación por los ayuntamientos, un 78% menos, pasando de 40 a 7 millones de euros. Además, destina 5,5 millones para la contratación de beneficiarios de la renta de inserción, ahorrándose esos fondos en política social. En vez de aumentar la protección, hay 152.039 personas desprotegidas, se obliga a contratar a quienes perciben la renta social para ahorrar fondos de la Xunta (dejarán de percibir la Risga mientras trabajan y posteriormente mientras tengan derecho a un subsidio).

Para formación de personas paradas hay 25,3 millones menos que en 2009. Si tenemos en cuenta el número de personas paradas, el gasto por cada una pasa de 906 euros a 205 euros, incluyendo los programas de formación en alternancia. Si hay unas 85 mil que carecen de la formación de base, de las competencias clave, para acceder a formación de nivel 2 parece obvio que hay que arbitrar un sistema diferente al actual para adquirirla porque con el ritmo de los últimos seis años se tardarían 85 años y las personas no tienen ese tiempo. Es preciso priorizar la formación en competencias clave para que quienes carecen de formación de tipo profesional, puedan acceder a Certificados de nivel 2.

Pese al recorte de los fondos para el empleo, todavía se destinan 42 millones a incentivos a la contratación, pese a la eliminación de la exigencia de tener unas tasas de estabilidad determinadas. Si analizamos el conjunto de bonificaciones que tiene el gobierno estatal, parece difícil que haya colectivos fuera de ellas. Si tenemos en cuenta que las bonificaciones estatales son inmediatas, mientras que los incentivos tardan más de ocho meses, resulta este un gasto superfluo. Es preferible optar por políticas complementarias a las estatales y dejar la incentivación a la contratación, en caso de que alguien la considere mínimamente eficaz, para las políticas estatales.

El Servicio Público de Empleo ha sufrido y está sufriendo, ataques que buscan justificar su privatización. Mientras el SEPE recorta tres mil técnicos de las oficinas de empleo, 223 en Galicia, la Xunta firma un convenio con el SEPE que supone, en el conjunto del Estado, 350 millones de euros para derivar parados a agencias privadas de colocación. Además, desde 2010 se han eliminado todas las vacantes que se producían, salvo las jefaturas de oficina. En el área de trabajo hay 288 empleados menos, de ellos 256 son técnicos. Se ha eliminado uno de cada tres que había pese al fuerte aumento del paro.

Para la prevención de riesgos laborales en 2009 había 15,8 millones y en Presidencia 1,8 más para los empleados de la Xunta, 18 millones de euros en total. Para 2017 hay 0,8 millones en Vicepresidencia, para los empleados públicos y 7,5 millones en empleo, un total de 8,3 millones. El recorte en prevención de riesgos laborales es de 7,5 millones de euros, hay un 48,2% menos.

En febrero de 2011 con un presupuesto de 354 millones el señor Feijoo se declaró incompetente en materia de empleo. Su grado de incompetencia ha debido elevarse extraordinariamente porque en los presupuestos de 2017, que se aprobarán en febrero, hay un 32% menos. La verdadera incompetencia del señor Feijoo es destinar 179 millones menos de los que había cuando llegó al gobierno, habiendo 96.693 personas paradas más. Esto, además de incompetencia, es una confirmación de su política antisocial.