Decidir el volumen del presupuesto de la Unión Europea es una decisión estratégica para la construcción europea, si se quiere construir algo más que un mercado común
Por Santiago González Vallejo | Los presupuestos fijados por los dirigentes europeos para el periodo 2021 a 2027 no podrán rebasar el 1 % del PIB europeo, como ahora. Con un socio menos que aportaba esos miles de millones netos de euros, tendrán que tener en cuenta esa reducción y compensarla con recortes en algunas partidas o aumentar las contribuciones de los demás países. Eso, al mismo tiempo que hacer frente a nuevos retos como la crisis de refugiados, el cambio climático o la política de defensa. Ese es el vaticinio del comisario de presupuestos europeo, el alemán Günter H. Oettinger, que insiste, en su documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas en la UE, que nuevos ingresos de recursos propios no ha de suponer un aumento el presupuesto sino reducir algunas partidas.
Decidir el volumen del presupuesto de la Unión Europea es una decisión estratégica para la construcción europea, si se quiere construir algo más que un mercado común. Hoy los presupuestos que se anuncian no pretenden resolver o paliar crisis asimétricas, como la de estos últimos diez años, ni aspiran a convertirse en respuestas federales a los problemas de cohesión. Esa es la primera contradicción. La construcción europea se hace con políticas y presupuesto comunes. Lo otro, dejar que los estados resuelvan sus problemas según su base productiva a corto plazo, sería la destrucción de Europa, con colonización de unos sobre otros.
Dejando aparte esa cuestión y entrando en el contenido de los presupuestos europeos anunciados, se comprueba que, de mantener los ingresos presupuestarios europeos con la misma proporción del PIB nacional, IVA, aranceles y partidas menores, no mejora la progresividad del sistema. Aunque también se citen recursos propios ligados a impuestos verdes, quizá a emisión de gases contaminantes...
Posible recurso propio podría ser un porcentaje del Impuesto de sociedades, tras haberse puesto de acuerdo en la base imponible del impuesto en la UE. Sería positivo porque favorecería que lo recaudado fuera en función de los beneficios de las empresas europeas y no por ponderación del consumo. Además estimularía la colaboración entre las haciendas europeas en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales.
Pero, también hay otra posibilidad que sería el recurso propio de un impuesto sobre las Transacciones Financieras. En ese caso, se pasaría de la actual cooperación reforzada de sólo diez países europeos a extenderlo a toda la Unión, aunque se modificarían los términos de negociación actuales al incorporarse más países al impuesto. Una de las bondades de ese impuesto es que pone arena a la especulación y que, Brexit en marcha, puede ayudar a luchar contra la corrupción, el fraude y la elusión fiscales que facilitan las soberanías fiscales británicas y otras que actúan en la Unión Europea como paraísos fiscales. Aspectos que son, formalmente, prioridades principales y así se mencionan en el documento de Oettinger.
