Las negociaciones con Grecia han evidenciado las debilidades de la arquitectura institucional de la eurozona al tiempo que ponían en cuestión factores, como la coordinación, la existencia real de soberanías compartidas o el carácter irrevocable de la moneda única, que son imprescindibles para que el euro sea viable
La conciencia de las insuficiencias e incoherencias institucionales de la eurozona y, como consecuencia, de la necesidad de emprender cambios de gran calado está muy extendida y contamina todo el escenario político. No es un empeño imposible o utópico. Menos aún tras unas negociaciones con Grecia que han evidenciado las debilidades de la arquitectura institucional de la eurozona al tiempo que ponían en cuestión factores, como la coordinación, la existencia real de soberanías compartidas o el carácter irrevocable de la moneda única, que son imprescindibles para que el euro sea viable.
Muchos de los rasgos básicos de una alternativa europeísta de izquierdas a la reforma institucional que están aplicando las fuerzas conservadoras que dominan las instituciones europeas ya han sido puestos sobre la mesa por diversos expertos, académicos varios, centros de investigación y, de forma incompleta y muy limitada, por algunos trabajos de los propios organismos comunitarios. Y se van abriendo paso fatigosamente en la agenda europea y en el debate académico o político. No se trata, por tanto, y mucho menos aquí y ahora, de inventar nada, sino de examinar algunas de las propuestas que ya existen y los criterios de actuación que pudieran ser aplicados a corto plazo con objeto de mejorar el funcionamiento de la eurozona, someter las decisiones y actuación de sus instituciones al control democrático de la ciudadanía y, en definitiva, establecer las bases de solidaridad, cooperación y cohesión que conformarían el nuevo contrato social y político en el que debe descansar el proyecto de unidad europea.
Un intento de recuento sucinto de las muchas ideas y propuestas existentes para abordar de forma urgente, desde un europeísmo progresista y de izquierdas, los fallos institucionales de la eurozona y de la propia UE podría ser el siguiente:
Primera. El BCE dispone, como ha demostrado a partir de 2012, de un arsenal diversificado y potente para impedir que las primas de riesgo de los países periféricos se disparen a cotas en las que la carga de los costes financieros pese demasiado en el gasto público y obstaculice de forma severa el funcionamiento de sus economías. El sustento de la intervención del BCE no puede ser solo el control de la inflación, cerca pero por debajo del 2%, hay que completar ese objetivo y acompañarlo, como en el caso de la Reserva Federal, con el mandato de contener el desempleo, cuantificando dicho objetivo en tasas próximas al desempleo estructural o, en una primera fase, a la tasa media la eurozona, situada actualmente en el 11%. Conviene aclarar que las políticas monetarias expansivas que desarrolla el BCE (al igual que el resto de bancos centrales del mundo desarrollado) no puede hacer nada para modernizar estructuras y especializaciones productivas ni, menos aún, para rebajar las asimetrías estructurales entre los Estados miembros.
Segunda. El mercado único y el euro favorecen especializaciones productivas diferentes en los Estados miembros de la eurozona y, como consecuencia, alientan la heterogeneidad estructural (niveles de productividad global de los factores y de cualificación de su población activa muy diferentes que añaden distancia a los diferentes niveles de partida de renta por habitante). La crisis y las políticas de austeridad extrema aplicadas en los países del sur de la eurozona han reducido sustancialmente la inversión pública y desplazado capital, empleo y actividad económica hacia otras regiones del mundo. La consiguiente pérdida de crecimiento efectivo y potencial de los socios periféricos han acentuado las diferencias estructurales. Parece necesario poner en pie una supervisión colectiva de las políticas de competitividad de los Estados miembros, tanto para evitar una degradación significativa de la competitividad-coste de algunos socios como una mejora excesiva lograda mediante políticas no cooperativas de devaluación salarial que perjudican a las clases trabajadoras y presionan a la baja la demanda doméstica del conjunto de socios implicados. Supervisión colectiva destinada no solo a evitar problemas sino a abrir caminos que favorezcan la cooperación para impulsar la productividad global de los factores y reducir las diferencias en este terreno actuando sobre sus fundamentos: aumento de la inversión pública y privada (en capital productivo, infraestructuras estratégicas, I+D, bienes públicos, energías renovables, ahorro energético y cualificación de la fuerza de trabajo) y control eficaz de inversiones y fondos comunitarios para asegurar la utilidad de sus objetivos.
Tercera. La armonización de políticas económicas es positiva cuando los distintos componentes de una unión monetaria (sean regiones, naciones o Estados) presentan diferencias estructurales manejables. En cambio, cuando las diferencias estructurales son de envergadura, como ocurre en la eurozona, la armonización impide atender de forma diferente y con políticas adecuadas las necesidades específicas de cada socio. Lo que se impone, en la situación de fragmentación existente, es la coordinación de las políticas económicas, no una armonización que trata con el mismo instrumental problemas muy diferentes. En una unión monetaria, aún tan mínima e imperfecta como la eurozona, la lógica económica impone en su periferia movimientos de desindustralización y desertificación de actividades sofisticadas de los sectores manufactureros y servicios a las empresas (con la consiguiente concentración de los empleos y actividades más productivos en el centro más avanzado) que son catastróficos para las economías y las sociedades de los países periféricos, por mucho que tales tendencias puedan resultar favorables o suponer beneficios para el conjunto de esa unión monetaria. Si además no existen apenas contrapesos políticos o institucionales, de carácter coyuntural (para prevenir y absorber choques asimétricos) o permanente (para contrarrestar las divergencias estructurales), la fragmentación y las divergencias en los niveles de productividad y renta se amplían y consolidan.
Cuarta. El endeudamiento público y exterior es perjudicial o cuestionable cuando se utiliza en usos improductivos (gastos corrientes, especulación, derroche o corrupción), pero es más que conveniente cuando se utiliza para acumular capital productivo, mejorar la formación y cualificación de la fuerza de trabajo o reforzar la inversión en I+D y, por estos medios, impulsar la productividad y ampliar los márgenes de endeudamiento sostenible. En la imprescindible tarea de reducir tasas de endeudamiento público excesivas y controlar el gasto público es necesario contar con normas inteligentes (o, por lo menos, no tan simplistas como las reglas actuales) que permitan plantear diferentes tipos de restricciones y objetivos a los gastos corrientes (distinguiendo los que la ciudadanía considere estrictamente necesarios de los innecesarios) y a las inversiones útiles. Parte de los primeros (los gastos innecesarios) deben recortarse y otra parte (los necesarios) deben tener mayor control y someterse a criterios estrictos de eficiencia económica y social. Las inversiones útiles, en cambio, deben ser favorecidas, tanto por la vía de disfrutar de márgenes más amplios como por la de contar con la financiación de fondos específicos europeos. No se trata, como se ha intentado hasta ahora, de equilibrar las cuentas públicas mediante recortes indiscriminados que apuntan hacia un objetivo cuantitativo a corto plazo (déficit del 3% del PIB) que no descansa en ningún fundamento económico y pretenden, a medio plazo, un irracional equilibrio de las cuentas públicas (déficit del 0%). Se trata de incrementar la base fiscal y, al tiempo, eliminar gastos innecesarios, aplicar controles razonables sobre el gasto corriente, asegurar niveles suficientes de protección social e impulsar la inversión necesaria, especialmente la de carácter europeo y con fondos europeos, para asegurar la convergencia estructural o, al menos, disminuir las divergencias.
Quinta. Es necesario reducir paulatinamente las altas tasas de endeudamiento público de los países del sur de la eurozona sin que su consecución implique destrucción de tejido productivo, empresarial y social ni, menos aún, un reparto injusto y desigual de los costes que provocan los recortes y que perjudican sobre todo a los sectores sociales más frágiles y vulnerables. Para ello, hay que considerar la extensión de las diversas fórmulas de mutualización de parte de la deuda pública que se han adelantado o, en algunas de su modalidades menos complejas, comenzado a aplicar: compra de deuda pública por parte del BCE; trueque de los actuales títulos de deuda por otros con mayores plazos de vencimiento y menores tasas de interés; anulación de parte de la deuda de los Estados miembros sobreendeudados contraída con instituciones comunitarias; puesta en común de la parte de la deuda soberana de cada Estado miembro que supere el 60% de su PIB. El objetivo de cualquiera de esas modalidades de puesta en común de parte de la deuda pública es que los pagos correspondientes a la devolución de lo prestado y los correspondientes intereses no ahoguen la actividad económica de los socios más endeudados, pero sigan suponiendo una restricción al gasto público prescindible. No es lógico que el riesgo moral que pudiera originar cualquiera de esas fórmulas (un hipotético aliciente a incrementar de forma irresponsable el gasto público) sea el único criterio a considerar, como sucede en la actualidad. Es mucho más importante taponar la sangría de capital productivo, tejido empresarial, empleo y cualificaciones laborales que generan las políticas de austeridad, tanto por sus nefastas consecuencias económicas y sociales como por ocasionar una contracción de la base fiscal que dificulta lograr la solvencia presupuestaria que se pretende. Es posible diseñar fórmulas de mutualización de deuda que reduzcan ese hipotético riesgo moral. Y, en todo caso, no parece razonable que pesen más los hipotéticos riesgos que los destrozos que están ocasionando la ausencia o insuficiente utilización de mecanismos de puesta en común de deuda pública que logren aumentar la calidad de la deuda mutualizada y minimicen los riesgos de impago.
Sexta. Se han adelantado algunas medidas contracíclicas, como el establecimiento de un salario mínimo europeo (en términos absolutos o, para atender los diferentes niveles de precios y productividad, en un porcentaje del PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo) o un sistema europeo de indemnización del desempleo, que exigirían reglas similares entre los socios, para reducir las diferencias cíclicas y asegurar transferencias redistributivas encaminada a reducir las desigualdades de renta entre los Estados miembros. Pero esas medidas contracíclicas que alientan la Europa solidaria de las trasferencias frente a la Europa alemana sustentada en reglas y sanciones no pueden contribuir a contrarrestar las divergencias estructurales. El imprescindible objetivo de menguar la fragmentación estructural generada antes y después del estallido de la crisis de 2008 requiere también de un importante aumento del tamaño del presupuesto europeo que ahora apenas representa el 1% del PIB comunitario, para aproximarlo paulatinamente hasta niveles cercanos a la media de los presupuestos estatales de cualquiera de las diferentes modalidades de los Estados federales de los países desarrollados. Y de un aumento de los fondos estructurales y de cohesión que actualmente suponen un porcentaje insignificante de poco más del 0,3% del PIB de la UE. Mayor presupuesto europeo con las correspondientes figuras impositivas comunes y el consiguiente avance en la unión fiscal.
En la incompleta recapitulación realizada en los puntos anteriores no están, por razones comprensibles, todas las propuestas de reforma que han sido puestas en conocimiento de la opinión pública; solo aquellas que ofrecen, a mi entender, mayores dosis de interés, relevancia o controversia. En todo caso, pretende ser un punto de partida en la tarea de mostrar las claves que pueden ayudar a entender el debate que desarrollarán las fuerzas políticas europeas (esperemos que ese debate también alcance a las de nuestro país en los próximos meses) a propósito de la reforma institucional de la eurozona y las principales diferencias entre la vía conservadora que está en marcha y una incipiente vía progresista. También permite hacerse una idea general de los rasgos básicos de una alternativa de izquierdas, que aún está por desarrollar y articularse si pretende ser una opción practicable, a la reforma que está aplicando la derecha europea con el consentimiento, cuando no el apoyo explícito, de gran parte de la socialdemocracia de los países del norte de la eurozona.
El debate sobre la reforma institucional de la eurozona es de enorme importancia y está abierto. De su desarrollo y conclusión dependen las posibilidades de aspirar a una salida de la crisis alternativa a la que se sustenta en la austeridad y la devaluación salarial. No basta con tener un programa nacional alternativo a la austeridad, para llevarlo a cabo es imprescindible contar con un plan de reforma institucional de la eurozona que lo permita y contribuya a reducir la fragmentación de mercados, estructuras y especializaciones productivas entre los Estados miembros.
