“LEY DEL DEBER DE VIGILANCIA”

Francia aprueba una ley histórica que penaliza la violación de derechos humanos por parte de sus multinacionales

La ley llevaba tramitándose en la Asamblea General francesa desde marzo de 2016. Amigos de la Tierra celebra la iniciativa, pero advierte sobre la “insuficiencia” de la misma.

La Asamblea General Francesa en una imagen de archivo.
La Asamblea General Francesa en una imagen de archivo.

La ley afectaría a unas 100 empresas francesas

El Parlamento francés aprobó este miércoles la “Ley del Deber de Vigilancia” que sitúa a Francia a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos frente a las empresas multinacionales.

Tal y como avanzamos en Nuevatribuna.es, en un artículo elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, en marzo de 2016, la Asamblea General francesa aprobaba en primera lectura la propuesta de ley sobre el deber de cuidado de las empresas matrices y de las empresas contratantes. La propuesta de ley llamaba a las grandes empresas francesas a actuar de forma responsable, o de manera más específica, a adoptar planes de vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos a lo largo de todas sus cadenas productivas, incluyendo subsidiarias y proveedores, dentro y fuera de Francia.

En octubre de 2016, el Senado francés votó a favor de reducir la propuesta de ley sobre el deber de vigilancia a una mera obligación de informar. Sin embargo, en una segunda lectura de la propuesta de ley en noviembre la Asamblea General adoptó la propuesta de ley. A pesar del recorte sufrido en la propuesta entre una lectura y otra, ésta todavía seguía manteniendo aspectos clave como la delimitación de los planes de debida diligencia que deberían establecer las empresas, la posibilidad de que diversos grupos de interés entren a formar parte del establecimiento de esos planes de vigilancia y la posibilidad de multas económicas para aquellas empresas que incumplan.

La mayor desventaja, apuntaba el Observatorio, es que esta ley, tal y como ha quedó planteada, solamente afectaría a unas 100 empresas francesas.

LA LEY ESTABLECE MULTAS DE ENTRE 10 Y 30 MILLONES DE EUROS

La organización ecologista insta al resto de países europeos, en concreto a España, a desarrollar los planes de Derechos Humanos y Empresas, a los que ya se habían comprometido

En un comunicado, Amigos de la Tierra asegura que esta decisión da un impulso al tratado vinculante de derechos humanos y empresas que negocian la Unión Europea y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde hace años.

La ley se aprueba en un contexto de escalada de violencia contra defensores ambientales en países del Sur, por oponerse a los proyectos de compañías extranjeras en sus territorios. “Esta indefensión a la que se ven sometidos demuestra como las leyes nacionales son insuficientes para prevenir las violaciones de derechos humanos. Así la ley francesa obliga a implementar planes de vigilancia públicos que afectan a la monitorización de sus propias actividades, pero también a las de los proveedores y subcontratas”, señala Amigos de la Tierra.

Según el texto legal, los incumplimientos de la ley capacitan a la ciudadanía a acudir a los tribunales. Como consecuencia pueden imponerse multas de entre 10 y 30 millones de euros, según la ausencia del plan o los perjuicios en las violaciones de los derechos humanos que se ocasionen.

Amigos de la Tierra aplaude la decisión por amplia mayoría de la cámara francesa, pero advierte sobre la “insuficiencia de la ley, puesto que no se dispone de una ayuda para las víctimas con el fin de denunciar los atropellos en las negociaciones”.

“Año a año las estadísticas de ecologistas y miembros de comunidades locales que son asesinados crece, cuando se oponen a proyectos que destruyen el medio ambiente, y que por regla son proyectados por multinacionales extranjeras”, ha valorado Alejandro González, coordinador de Amigos de la Tierra. “Aunque reclamamos la adopción de un instrumento legal internacional para frenar esta masacre, las acciones que se hagan desde los países desde los que parte el daño humano y ambiental pueden limitar mucho lo que las empresas hacen o dejan de hacer”, señala.

Por ello, la organización ecologista insta al resto de países europeos, en concreto a España, a desarrollar los planes de Derechos Humanos y Empresas, a los que ya se habían comprometido, pero que todavía tienen sobre la mesa en el seno de Naciones Unidas.